Abogado, Dr en Derecho. Profesor honorario de la Universidad de los Andes y ex Magistrado

jueves, 29 de septiembre de 2016

VALORES SUPERIORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES COMO MARCO REFERENCIAL DEL PROCESO DE CONSENSO PARA LA SOLUCIÓN DEL ACTUAL CONFLICTO POLÍTICO EN VENEZUELA


VALORES SUPERIORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES COMO MARCO REFERENCIAL DEL PROCESO DE CONSENSO PARA LA SOLUCIÓN DEL ACTUAL CONFLICTO POLÍTICO EN VENEZUELA[1]

 

Dr. Román J. Duque Corredor

 

 

1.-           Consenso, requiere de un proceso.  Es decir, de un conjunto de acciones y de actos para lograr un fin.  Esto es un acuerdo.  Como proceso no sólo requiere de método y procedimiento sino fundamentalmente de un marco axiológico que sirva de orientación a las decisiones de los participantes.  A mi juicio en democracia, ese marco referencial son los principios que la sociedad ha proclamado como valores superiores en su Constitución y el respeto de los derechos humanos.  Desde este punto de vista, expondré ideas propias sobre la actual experiencia venezolana,  donde  el consenso es  un  deber  ético porque su  fundamento es  el  derecho  humano a  vivir en  democracia,  es decir,  en  paz y  en  tolerancia.

 

2.-    Según  Eric Hobsbawm,  en  su  Historia del Siglo  XX,  la  gran  cuestión de la democracia es cómo han de  ser  las  relaciones entre  quienes gobiernan y  toman las  decisiones y  sus pueblos,  en las  sociedades donde  conviven  fuerzas  e  ideas contrapuestas.   Porque, asienta  este  autor, que  si  bien  se puede  gobernar durante algún  tiempo con  una  parte del  pueblo contra otra  parte del  pueblo,  ello  no es  posible todo el tiempo.   El  tema es,  pues,  en  las  democracias,   cuando ello sucede,  cómo un Estado que  como en el  caso  de  Venezuela,   que en  su   Constitución,   en   el   artículo  2°,  proclama el   pluralismo  como   un valor superior  del  orden democrático;   puede y   debe  superar  su  desintegración  social y  política,  para restablecer el  equilibrio de las  fuerzas   e  ideas contrapuestas,  de modo  que la democracia sea en verdad el reflejo de la  tolerancia,  que  es  la  base de su  subsistencia  plural.

 

3.-  En  este orden de  ideas,   la legalidad  formal democrática no  garantiza “per  se” el mínimo  consenso para la  estabilidad  política.   En  efecto,   es     el   caso  de las llamadas “democracias  de  baja  intensidad”, que se  caracterizan  por el  origen   nominal   constitucional  de  sus  poderes públicos,  por   un partido dominante;   por una burocracia  centralizada y  por  un  gobierno   fuerte e   ilimitado, sin respeto por el principio de la separación de poderes,  con  la politización de  las  fuerzas armadas,   y  con la permisividad  de algunas libertades públicas, o de algunos “espacios” para  la  disidencia.  Este modelo “democrático” (entre comillas), no garantiza ni la estabilidad social ni  política, así  como  tampoco la  superación de la pobreza. Esa es la situación jurídica y social de Venezuela cuya democracia  es formal. Por otro lado,  un  orden democrático no  puede existir, prescindiendo de  la opinión  pública nacional,  hoy  día  cada  vez más y  mejor  informada y diversa.  Este   tipo  de  democracias, según lo ha  apreciado  la Comisión Andina  de  Juristas,  genera conflictos  que  amenazan  el propio sistema  político democrático.

 

4.-  En  estos  casos el ejercicio ilimitado de  la  autoridad  y  el  rompimiento de  la  regla de  oro del  Estado de derecho   del  contrapeso  entre los  poderes,   afecta la  existencia  misma de la   democracia,    porque se  confunde el gobierno  con   la estructura política y  partidista del  Estado y  no  de   la  sociedad,  como si  el  Estado  fuera sólo el gobierno y los sectores vinculados.   Ello, históricamente  está  demostrado,    origina, entonces,    una crisis social y  política,  entre  diferentes  sectores sociales y  gubernamentales,  que   afecta  el   equilibrio  necesario  que  deben  tener  las   fuerzas   e  ideas contrarias  en  una  democracia y que impide el  progreso político  y  social,   y  genera,  entonces,   una situación  de  conflicto institucional.   Este  conflicto,  se  configura por  el  autoritarismo,  el  copamiento  por  el  gobierno  de las  instituciones y  de los  poderes públicos  y  la  confrontación.  Y con la perdida de la independencia del poder judicial.  Ello  ocurre  en  un  sistema   político  democrático  cuando se  pierde  de vista que  la sociedad  es el Estado visto desde  la  base  y  que  su  estructura  de poder  es la  sociedad  vista desde  arriba.  En  el fondo,   por ese  desequilibrio,  el  sistema   de  gobierno  democrático  entra  en  una  crisis  de  carácter  institucional,  al  no  tenerse  en  cuenta  esta  interacción  entre  gobierno  y  sociedad, y el carácter diverso de ésta.  Se genera,  entonces,  un conflicto político  grave,  entre  el  gobierno y  los diversos sectores  que  adversan  esa situación  y  que  reclaman la reconstrucción del  sistema político para  la  redemocratización del país.   En  estos   casos,  de crisis  de la institucionalidad democrática,   que amenaza  el proceso  político democrático,  los  pueblos tienen  el derecho  de  reclamar  el  ejercicio de la tolerancia  y  los poderes públicos la  obligación de restablecerla.  Y, ciertamente,  que no es  la vía  de  hecho  o  de  la fuerza  la forma  de  reconstruir  el  equilibrio en  la  democracia cuando  ésta  está afectada por una crisis institucional.  Sino la  de   generar un  consenso entre   las fuerzas sociales,  si  de  verdad  se quiere reacomodar la   ecuación  entre gobierno y  sociedad  como  salida a la crisis institucional.  El constitucionalista  español  Gregorio  Robles,  ante el rompimiento del  equilibrio entre  las fuerzas sociales y  políticas, y   el empeño  de  algunos en no acordarse para  la   restitución de ese equilibrio,  afirma, en   su  Obra  Los  derechos fundamentales y la Ética en la sociedad  actual”,   “ que en  estas  situaciones  críticas,  el consenso  político,  como   manifestación  del  pluralismo,  es  un  hecho  irreversible y un deber ético.   Porque,   Ni desde  el punto de  vista ético-político,  ni  general ideológico, puede  soñarse con una  sociedad monolítica.  La  sociedad  vive del equilibrio de fuerzas e  ideas  contrapuestas. Siempre  ha  sido  así, pero  la  sociedad  moderna,   a  diferencia   de las anteriores  ha  hecho del  pluralismo  uno de los   valores básicos de la convivencia[2].

5. Organismos internacionales, como la OEA, y sus órganos funcionales,  han venido presentado   a  Venezuela   como  en  una  situación de conflicto, que  pone  en  peligro su  sistema  político democrático,    como una  sociedad  polarizada,  con  intolerancia y  violencia,  y  con un lenguaje que  afecta la dignidad humana,   que  lesiona  la paz  y  la convivencia nacional. E, inclusive que ha  penetrado la  Fuerza  Armada Nacional,  lesionando  su  cohesión e institucionalidad.  Y  que  erosiona  la  credibilidad   de los poderes públicos e impide la  superación de la pobreza.   Crisis ésta,  que  el  Secretario General   de la  OEA,  desde el 18 de abril de 2002, ya  lo advertía en su  Informe  al Consejo Permanente  de la  OEA,  al referirse a  los antecedentes  de los  hechos   ocurridos  el  11  y  12  de  abril de  dicho año,  como “de excesiva    polarización,  con  connotaciones  de  intolerancia,  que  en la práctica  impiden  el  diálogo  democrático  y  la  búsqueda  de  acuerdos que  permitan  cierto entendimiento para mantener  la  paz social,  y  donde   prevalece el convencimiento  que   es  inevitable una  renovada confrontación entre  amigos  y  contradictores  del   gobierno,   lo  que  podría  desembocar  en  mayor  protesta social”.   Según  ese   mismo  Informe,   de hace catorce  (14) años, la    retórica  divisiva, los   ataques   sobre  la libertad  de expresión,   la  práctica peligrosa de  deliberación  en   la  Fuerza  Armada y  la   participación de autoridades militares en el debate político,  la inadecuada  separación de  poderes, la  falta de investigación sobre  el  desenlace  trágico de los  sucesos del  11  de  abril,   la  existencia   de  grupos  civiles  armados  y  la  falta  de contrapesos  institucionales  idóneos, y  una  prolongada y  profunda  polarización,   configuraban ya   una  crisis  grave  de   institucionalidad, que conforme  a  la  Carta Democrática  Interamericana,  justificarían   conductas y   acciones para  desactivar  ese conflicto,  recuperar  la gobernabilidad, ganar la  estabilidad   política, y  propiciar  la recuperación  económica.  Y,   que, además,  gobierno y  oposición debían   hacer  lo  que  esté  a  su  alcance,  para  que  a  través  de   negociaciones directas ,  se  asegure la  supremacía   de  la Constitución,  se  restablezca  la  confianza  en  el Estado de  Derecho y  el respeto de  las instituciones  y  libertades democráticas por   todos los   estamentos sociales.   A catorce  (14) años de aquél diagnóstico,  el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en su presentación ante el Consejo Permanente, en fecha 23 de junio de 2016,  solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por considerar que en Venezuela se ha alterado el orden democrático y se ha originado una crisis humanitaria sin precedentes y entre sus recomendaciones se señalaba la realización al final de 2016 del referendo revocatorio[3].  

 

6.- La salida a  una crisis institucional,  como  la que  experimenta  Venezuela,  que la comunidad americana  ha  calificado como de conflicto  de  “enorme preocupación”,  es según esta misma comunidad  la de la negociación directa  entre el gobierno y los  sectores sociales y  políticos que  se  le  oponen.  Y,    según la   Asamblea  Plenaria Ordinaria  de la Conferencia  Episcopal Venezolana,  en  su  Exhortación   Colectiva  al Servicio  de  la  Reconciliación,  del 9  de  julio  del 2002,   advertía   que para que la   negociación  no quedara  bloqueada,  por  su  falta  de  trasparencia y la mutua  desconfianza,   se requería de determinadas condiciones para  que resultare  una verdadera negociación. Es  decir,  que había  que  contar con agenda, objetivos,  método  y  plazos definidos.   Esos temas, de  acuerdo con el  Comunicado del  Secretario General  de la  OEA,  del 23 de octubre del  2002,   eran los de elecciones,  la  investigación de los  hechos del  11  de  abril y  el  desarme  de la población  civil.  Y,    según la  Declaración de  Principios por la Paz  y la  Democracia en  Venezuela, presentado  por la  OEA,  el  Centro  Carter y  el  Programa  de las Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo (PNUD), en ese año del 2001,  al gobierno,  a partidos de la oposición y  a  sectores  de la sociedad civil,  se consideraba la negociación  que debía  tratarse  de un  proceso de  conversaciones para  superar los conflictos políticos que  habían   contribuido  a los  desequilibrios  que  padece Venezuela.  Tales consideraciones son aún hoy día más necesarios si las partes interesadas admiten que existe una crisis que ha de solucionarse mediante un dialogo, como incluso lo ha sugerido el Papa Francisco.

 

7.  Ensayaba ,  pues, Venezuela,  en 2002, de  un proceso  de acuerdos y  negociaciones,  entre  el gobierno  y la  oposición para la búsqueda de la vía  de para la   generación de  un  consenso   político,  en una  situación   que existía de evidente de conflicto que  afectaba  la  institucionalidad   democrática.  Es  decir,  el     pluralismo  y  la  tolerancia,   que son  valores  fundamentales del orden  democrático.   Vía  ésta  que era inédita para  nuestra historia democrática.  Puesto que   se pensó que el consenso era  una  vía para  combatir la  dictadura e  instaurar la  democracia.  O,  un intento  para  una  reforma  constitucional para  asegurar  la gobernabilidad de  nuestra democracia planteada a  partir  de 1.990,  afectada por la aplicación  del modelo del Estado  centralizado  de partidos,  y determinada fundamentalmente por la crisis del sistema  político de  partidos.  La vía del consenso político iniciado en  octubre  del 2002  atendía  a la necesidad  de evitar  la  violencia y garantizar  la  paz  y  la tolerancia y el respeto a los derechos humanos,  como valores superiores del  sistema  democrático y  de canalizar  la protesta social  a  través  de  los medios electorales o de  consulta  popular.  Sin embargo, la historia ha demostrado que no basta el consenso sino la voluntad política de regeneración y de no utilizar los mecanismos democráticos alcanzados en el consenso para agravar la crisis que se quiso resolver. En efecto, el revocatorio del 2004, que  fue fruto del acuerdo a que se había llegado para resolver la crisis institucional, no contribuyó a su solución sino a su agravamiento durante todos estos años, en razón de que el gobierno se aprovechó de su triunfo electoral para continuar alterando el orden democrático y para acentuar la exclusión política.

 

8.   En situaciones como la  descrita  por la  Comunidad Americana,  de  riesgo o alteraciones  a los  elementos  esenciales  de la democracia,  la  característica más dramática  es  la intolerancia y la  violencia, y  el   derecho humano  más afectado es el  derecho  a vivir en  paz y  en  desarrollo  económico y  social.   Es  decir,  el  derecho  a vivir en  convivencia y  en  libertad.  Se  trata, entonces, de lograr de verdad un consenso  o un  acuerdo nacional que asegure el restablecimiento de la  institucionalidad  y  el diálogo democrático,  y  que  permita   la  reactivación de la economía y  la  superación de  la pobreza  de la población  en  un  clima  de  libertad  y  de  paz.  Este  acuerdo en el fondo no es  sino  un  acuerdo  para la convivencia ciudadana.  En  otras   palabras,   el  reclamo del consenso  necesario  para  superar la crisis, se  basa,  pues,  en el derecho  humano de la convivencia,  que es un  valor superior  y  un  fin  esencial de la sociedad y  del Estado. Pero, sin el control de su cumplimiento por parte de una observación internacional que sirva de mecanismo de prevención,  los acuerdos de solución de crisis institucionales no son per se la solución.

 

9.  Este  consenso, hoy día,   es  cada  vez   más obligatorio y  necesario  en  Venezuela, porque    la  confrontación  y   la  excesiva polarización  política,  que  denunciaba   el Secretario General de la   OEA, en 2002,    se  ha  agravado,   con  situaciones que  representan  alteraciones,  por parte  del   gobierno,    al respeto  de la  autonomía  de los poderes locales, al poder legislativo, la politización del Tribunal Supremo de Justicia,   a  la  descentralización como forma de  democratización de  la concentración del  poder  central y la violación de derechos humanos , lo que ha generado protestas y conflictos de poderes que entraban la gobernabilidad.   Por  ello,  resulta conveniente y  de  rigor,  recordar que  en   situaciones   como  la  presente,   que   conforme al  respeto de los derechos humanos,  practicar  la  tolerancia,  para   revisar mutuamente  decisiones  y  ceder  en  posiciones políticas,   no   significa renunciar  a  las  convicciones personales o atemperarlas,  como lo  proclama  el Artículo  1. 4 de la Declaración de  Principios sobre  la  Tolerancia del  16  de  noviembre  de 1995  de  la UNESCO.   

 

10.   Ese proceso de consenso, reclamado por sectores democráticos y sugerido por la comunidad internacional,  en  el  caso de  Venezuela,  en  mi  criterio,    ha  de  partir  de la idea  que  nuestra  democracia es la obra de  varias  generaciones  y  no de una  sola,  que  siempre se  ha  caracterizado como una sociedad abierta, que  ha  permitido una  convivencia  pacifica  en  libertad,  y  que  esta  idea debe  unir a los  venezolanos para  lograr  no  sólo  solucionar el conflicto  político  sino  también superar la pobreza y asegurar el  bienestar y la  paz  para  todos.  Pero, asimismo ha  de partir,  puesto  que  de  otra  forma  no  se  entendería por  qué  de  la   necesidad  del consenso,  de la admisión por el gobierno de la crisis de gobernabilidad  que afecta  la  institucionalidad y  el Estado de  derecho y que   ha alterado la  legitimidad  del  ejercicio de  los  poderes públicos     y  ha dado lugar  a una confrontación  política irreconciliable,  entre  los  sectores  gubernamentales  y  no  gubernamentales y a un conflicto paralizante del desarrollo del país.    Y  que,  por  ende,  el  mejor árbitro para la   distensión del  clima político  y  para  el  inicio del camino  de  retorno  a la  paz y la convivencia de  nuestra  democracia,  es  la  población mediante su  llamado  a una  consulta  popular,   para  permitir   la  reestructuración de esos  poderes.  De  esta  forma,  el   consenso,   que  dé lugar  a la convocatoria  de  una  consulta popular,  sería la base también  para  un  acuerdo  de  restablecimiento  de la institucionalidad,  de gobernabilidad  y  de superación de la  pobreza. 

 

11.   En  este  contexto se inscribe  la  propuesta   hecha por la OEA, UNASUR, la Unión Europea y el Vaticano, e incluso el gobierno norteamericano,  así como la Conferencia Episcopal  de  un  marco  de  negociación  directa  entre el gobierno  y  la  oposición, para  superar  el clima de  confrontación.   Propuesta ésta  que  sin  lugar  a dudas resulta  de la aplicación de los mecanismos  de  asistencia  y  cooperación  internacional para el fortalecimiento y  preservación de  la  institucionalidad  democrática previstos  en la  Carta Democrática  Interamericana,  en  concreto de  visitas y de   gestión  diplomática,  de buenos  oficios,  para  promover  la  normalización de la institucionalidad  democrática.   En estas propuestas vuelve a plantearse la propuesta del referendo revocatorio, pero la conducta del gobierno de obstaculizarlo, por intermedio de las condiciones  arbitrarias impuestas por el CNE, al alterar la base del cálculo del 20% establecido en el artículo 72, constitucional, la limitación del número de centros de recolección, del diferimiento de la fecha para la recolección de las firmas y la limitación del horario para la recolección,   llevó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en declaración del 26 de septiembre de este año de 2016, ha calificar  tales alteraciones y limitaciones de “un claro sesgo político”, puesto que constituyen “una maniobra más para dilatar el proceso e impedir que el referéndum revocatorio de haga realidad”, al cambiar “con manifiesta intencionalidad las reglas del juego”: A la vez que  hizo al gobierno de Venezuela un llamado urgente al respeto de la institucionalidad democrática y de los derechos de los electores y recordó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de mantenerse la alteración de los elementos esenciales del orden democrático, en razón de que el gobierno venezolano tiene la obligación, ante sus ciudadanos y la comunidad internacional,  de promover y a defender el derecho de la población a vivir en democracia.  Puede considerarse, entonces, que por parte del gobierno chavista no es posible que por la vía de un consenso se busque una solución a la crisis que nos afecta por la vía del referéndum. Sin embargo, ante esa conducta la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que no renuncia a ese derecho que es del pueblo y no del gobierno ni del CNE, y, que a pesar de los obstáculos impuestos por el poder electoral llevará a cabo la recolección de firmas en base al 20% del electorado y a que se realice en este último trimestre. Sobre este planteamiento, y a pesar de la actitud gubernamental, se ha vuelto a insistir en la necesidad del acuerdo, que podría suponer, por lo menos en que se reconozco el 20% y la realización del referéndum en diciembre del 2016.

 

12.   Al respecto,  para   una visión  operativa de una posibilidad de  consenso,  conviene  referirse  a  Jim Tull, experto del  Centro  Gerencial de  Conflictos  de la Universidad  de  Harvard,  quien, en  una  reseña de  “El Universal”  del 24 de  noviembre del 2002,   señaló,  que  en  un  modelo  de  negociación para  solucionar  conflictos políticos,  el primer  aspecto,  es la  determinación de  los intereses da  cada bando,  es  decir,  las  motivaciones, anhelos y  métodos que  los  mueven.   Que  el  segundo aspecto  son las opciones o ideas que se pueden  llevar  a  la  mesa.   Y, que  el  tercer  aspecto, es  la  justicia de  las propuestas.  Asimismo,  otro aspecto,    son las alternativas de  lo que  cada  parte  puede  hacer independientemente  sin llegar a   acuerdos. Y,  por último,  los  medios son la  comunicación y  la relación directa,  y  el  objetivo es   el acuerdo  o negociación.  Al referirse al proceso de  negociación  para  el consenso político en  Venezuela, este experto expresó,   según  la misma  fuente  informativa,   que  el problema  es  que  las  dificultades  son urgentes y  que  por lo  tanto  deben  buscarse salidas  rápidamente,  pues  la  situación  esta  empeorando también  de  manera  muy    veloz.   Finalmente, en cuanto  a  la  operatividad  de la mesa   de  acuerdos y  negociaciones,  recomendó  la formación de  una  mesa  de  decisión y  otras  con  distintas  instituciones,  para  aportar ideas.  

 

13.   Por mi  parte,  finalizó con  una  reflexión,  sobre lo  que  podría  llamarse la axiología  y la filosofía constitucional del consenso  para  resolver  la  crisis  de  institucionalidad  del sistema   político venezolano,  que  no  está   de más  recordarlas en  estos momentos en que la comunidad internacional vuelve a insistir ante el gobierno como  ante la oposición  de la conveniencia de de negociar  un  consenso para  solucionar  la crisis institucional de  nuestra  democracia. En primer término,  la  base  del  consenso debe ser  el  pluralismo que la  Constitución  proclama en  su  artículo  2°, como uno de los valores superiores del orden jurídico,  junto con  la ética  y  los  derechos humanos.   De  modo que  están  obligados, principalmente,  los  gobernantes,   a  reconocer la existencia de    una  sociedad plural que  éticamente  es  superior  a una  sociedad uniforme.  Y, una  forma de  manifestar el cumplimiento de ese  deber  ético,  ante  el conflicto que afronta el sistema  político  venezolano, es promover el consenso político.   En  efecto,  decir que  el pluralismo   es  un valor, según  Gregorio  Robles,  en  su  trabajo    Los  derechos  fundamentales y  la ética en la sociedad  actual”[4],  quiere significar  que la  sociedad  debe  ser   plural, y  que implica  para  sus gobernantes y  sus  miembros la obligación  moral  de  esforzarse en  conseguir la  situación de  pluralidad en caso de desintegración social o política, y  que  esa pluralidad  se refleje  institucionalmente.   Además,  que  el  pluralismo  está  implícito,  en la libertad,  la  justicia y  la igualdad,  las cuales no son  posibles si  se  atenta contra  el  pluralismo  imponiendo una sociedad uniforme  o monolítica, favoreciéndose la polarización entre los antagonistas.   Por  otra  parte,  en  segundo término,   el  pluralismo,   que  es  la   base  para  el consenso,  parte  de  la idea  que  la  verdad política,  nunca es  unilateral  y  que en  materia  política no existe un  criterio absoluto,  sino  que  hay  que  atender  a la verdad  práctica y  real,  que la da  la  sociedad.  Esa  verdad es que la  confrontación y la polarización  actual representan  un riesgo  de violencia y  una amenaza para  la paz.  Asimismo,  en  su  dimensión  ética,  en  tercer  término,   el consenso,  como manifestación del   pluralismo,  tiene  sus  límites, ya  que  no es  posible defender cualquier  cosa,  sino  la  que  se  justifique  racionalmente  y  la que  se  conforme con la axiología constitucional.   En  cuarto término,  en  el presente,   con relación a un posible   proceso de  acuerdo en Venezuela,   las condiciones  de  la  negociación  han   de  ser  las  del llamado “discurso o dialogo ideal”,   que  reduce las   posibilidades   de  engaño, de ocultamiento, de  irracionalidad de los participantes,   o  de  bloqueo,  como la de  colocar  al participante  en  una  condición de  inferioridad a  la hora  de  negociar  por la interferencia de decisiones  sobrevenidas de una  parte  que  agravan  el conflicto,   pendiente el proceso  de  negociación.  Que    exige  que  los participantes sean  plenamente racionales,   capaces  de abandonar el  conflicto  y  lograr la  institucionalización de un  acuerdo propicio para  una sociedad  más justa.   Por  ello,   es  importante un esquema   de  dialogo  que   acredite  la condición de iguales de los  participantes,  como reconocer al “enemigo”   como contraparte  del Gobierno,    y  que   permita  la figura  de unos  negociadores  o  facilitadores,   confiables, que   aprecien   el grado de racionalidad o justicia del dialogo  real.   Y,  que  defina “la agenda” y   el “orden  del día”, que  sirva  de  referencia para  esa  medición y que evite los bloqueos de la negociación.   Esa  agenda, en el   proceso de  consenso,   serían los  temas  de  negociación.

14.  Por otra parte, ese dialogo o   negociación  ideal,   supone  un  sistema  de   núcleo   axiológico irrenunciable  e  indiscutible,   representados   por  valores objetivos,   que  constituye  lo indudable,   fuera  de cuya  circunferencia  se  penetra  en  la zona  de discusión. Es  la  idea  de un  conjunto de círculos  concéntricos,   que  según  Gregorio  Robles,    configura   la negociación ideal  en un   proceso  del  consenso político. En efecto,   el primer  circulo  esta  constituido   por  lo  indiscutible,  en   nuestro  caso,  la aceptación de  los principios  y  elementos esenciales  del orden  democrático,  del  repudio a  la   violencia,  la convivencia  democrática,  la vigencia  del  Estado de  Derecho  y  el  respeto  a  la  dignidad   de  todos los  venezolanos.  El segundo círculo, incluye  los  temas  respecto de los cuales es posible llegar  a  un  consenso matizando las diversas  partes sus  posiciones para  acercarlas a las de los  otros.  Y, por  último,  el tercer  círculo que  recoge  los  elementos de  valor  que  han  de  buscarse  para  la  elaboración del consenso racional o  real.

 

15. Desde   otro  orden  de  ideas,  en un  dialogo  ideal   para  conseguir  un consenso  real,   como  solución  a un  conflicto  político,  es  verdad  que  debe aceptarse que  la  Constitución define el   marco axiológico y  procedimental  del   proceso  de  negociación,  pero, también como expresa  Diego  García  Belaunde,  constitucionalista  de la Pontifica Universidad  Católica del Perú,   que es  una  premisa  falsa que  los   procesos  constituyentes  o de reforma constitucional, y  su  producto  final,  la  Constitución  tienen la  solución  a todos los  conflictos políticos.  Por el contrario,  afirma  este constitucionalista,  que, por  desgracia,  no  sirven  para  arreglar  nada,  pues  ellas  nunca  son  fines  sino  medios[5] . De  modo,  que si  el  conflicto  político tiene  alguna  de  sus  causas en la  llamada Constitución Política,  otro dato  real,   en  el  proceso  de discurso o negociación, es  lo  que  Gregorio  Robles  denomina “ el dialogo ínter sistemático” o  “ dialogo  post constitutionem “,  que  afecta no  sólo el  desarrollo normativo inferior a la Constitución,  que  debe  darse al  nivel del Parlamento y  en  los  Tribunales Constitucionales,  sino  también a la propia  Constitución,  si  se detecta  que el modelo político ideal   de democracia que  recoge  no resulta  ser  en la  práctica una  democracia   real, en  cuyo caso se adelantaría el   procedimiento  para  su  modificación o enmienda por el  proceso de  consenso previo. 

 

16.               En este orden de ideas, la Exposición de Motivos de la vigente  Constitución expresa en su texto, “La contraposición entre una Constitución formal y una Constitución real genera distorsiones que agravan considerablemente las crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema político,  de  no existir opciones para superarlas.”  Este principio de la flexibilidad constitucional de adaptación de la Constitución para la solución de crisis política, es un valor referencial para la búsqueda de consenso para establecer la institucionalidad necesaria que requieren los cambios acordados mediante el consenso. Cambios, que a mi juicio, deben contemplarse en acuerdos no solo de cambios políticos, sino también de gobernabilidad, que algunos sectores de nuestra sociedad civil han llegado a proponer[6].

 

 

17.          Termino  este trabajo con  una  cita  de  Gregorio  Robles,  muy  apropiada  para  el proceso  de  consenso  que  se está buscando,  con la asistencia  y  cooperación  internacional,   para la situación de conflicto  que atraviesa Venezuela,  y  que es el  tema   que he desarrollado. Dicho autor  al  referirse al consenso político, como  versión  más  destacada del consenso  real,  alcanzable sólo mediante  el  dialogo  real para conseguir  una democracia  real, afirma:  Toda  sociedad  democrática implica  ambos, el   dialogo real y  el consenso real, y  en la medida  en  que  estos se  aproximen al dialogo  ideal y  el  consenso ideal, tanto más  próximo estará  el ideal  de la democracia[7].   Nos  toca,  a  los ciudadanos,  en ejercicio del derecho a vivir en paz y en democracia  reclamar una solución pacífica y democrática, al actual conflicto venezolano, principalmente al gobierno, y  a todos los agentes políticos el máximo esfuerzo de  patriotismo para que  esa solución   nos conduzca a la democracia real  que  como  ideal aspiramos los venezolanos.  O,  al  gobierno de  felicidad o  feliz”,  que  postulaba  el ilustre venezolano CARACCIOLO PARRA LEÓN  para  nuestra  sociedad.

                                                                                       Caracas 29 de septiembre de 2016



[1]   Actualización de la Conferencia dictada  en el  Seminario “Generación de  Consensos en  Situaciones de Conflicto: La Experiencia Iberoamericana, “,   Comisión  Andina de  Juristas- UCAB,  Caracas,  “28.11.2002. 
[2] Editorial Civitas, página  155. 
[3] Véase el texto en Brewer Carías, Allan R., “Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho”, 2dª Edición Actualizada, Colección Estudios Políticos Nº 13, Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas, 2016, PP 463-476.
[4] Editorial Civitas, página  155. 
[5]La  reconstrucción del  sistema   político y  la ingeniería constitucional”,  en “Perú  2000: Un triunfo sin Democracia,  Comisión Andina  de  Juristas”,  2000, página 112
[6] Véase, “Frente al 2016”, Mensaje del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), de la Fundación Alberto Adriani y de la Fundación Arturo Uslar Pietri”,  Caracas,   septiembre de 2015.   “Acuerdo Nacional para el Progreso y la Paz de Venezuela,   presentado  en fecha 10 de agosto de 2016, por el  Centro de Estudios de la Economía Venezolana de la Universidad Monte Ávila (Cedev)  y más de quince (15) instituciones   Y, “Mensaje a los Venezolanos” de la Fundación Alberto Adriani, de noviembre del 2015.
[7] Trabajo citado, páginas 167  y  168

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