EL 25° CONGRESO DE LA LA WORID IURIS ASSOCIATION (WIA) (ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JURISTAS) SOBRE "ENERGIA, JUSTICIA Y PAZ PARA TODOS". SU RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD POR LA MALA ADMINSITRACIÓN Y LA CORRUPCIÓN EN MATERIA DEL USO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS.
Román. J. Duque Corredor
Miembro del Grupo de profesores y de ex jueces de la WIA/AMJ
Individuo de Número y ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Caracas
Presidente de la Fundación Alberto Adriani
Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela
RANKLIN HOET LINARES, abogado venezolano, socio fundador de la Firma de Abogados, "HOET; PELÄEZ, CASTILLO & DUQUE", de Caracas, Venezuela, como Presidente de la World Jurist Association o Asociaion Mundial de Juristas (WIA, en inglés y AMJ, en español), cuya oficina principal esta en Bethesda, Maryland, Usa; anunció por los medios sociales, que del 30 de Octubre al 3 de Noviembre, de este año, celebrará, en Aruba su 25° Congreso sobre el tema Energía: Justicia y Paz para todos. Aruba fue seleccionada como sede en razón de las dificultades de ingreso a Venezuela por visas turísticas y por causa de las restricciones gubernamentales al derecho de la libre información, que resulta esencial para la organización, desarrollo y discusión de un evento en esta materia del derecho al acceso a una energía sustentable para el desarrollo social permanente y el Estado de Derecho de los pueblos. Además la cercanía de la Isla de Aruba facilitará la asistencia de especialistas venezolanos en el derecho energético y en el derecho internacional de derechos humanos sobre lo cual se debate y defiende en estos tiempos en Venezuela. Este Congreso representa la continuación, desde su fundación en 1963, de la vigencia de la WIA y/o AMJ, como organización mundial de la promoción de su misión y propósito Pax Orbi Ex Jure, de la Paz a través del imperio de la ley. Razón por la cual se le ha dado la categoría de órgano asesor de la ONU. Congreso este que hoy tiene para Latinoamérica, y sobre todo para Venezuela, en donde sus democracias, unas más que otras, son de débil estabilidad, y inexistentes, o de nuevas dictaduras bajo coberturas jurídicas, como el caso de Venezuela. Y, por cuanto, la presidencia de WIA/AMJ, la ejerce en la actualidad un jurista venezolano, experto en derecho de minas e hidrocarburos, como lo es el Dr. Franklin Hoet, para Venezuela es un motivo más de orgullo, de nuestros compatriotas a nivel internacional, y también una razón para solidarizarnos con su iniciativa de realizar un evento internacional sobre una materia que, sin dudas, es parte esencialísima de un proyecto de reconstrucción de Venezuela al reinstaurarse su democracia. Con este propósito, me permito escribir unas líneas sobre el principal tema del 25° Congreso de la WIA/AMJ, "Energía, Justicia y Paz para todos".
La primera reflexión que quisiera hacer es la relación entre la energía, la justicia y la paz. Es indiscutible que los problemas derivados del uso y de la explotación de la energía pueden afectar los derechos humanos, cuya lesión es un desencadenante de la violencia, porque su violación amenaza bienes esenciales para la sociedad. Ello por cuanto las fuentes primarias de la energía son las que dispone la naturaleza que es de la sociedad y de la humanidad, los cuales puede ser ilimitados, como las energías geotérmicas o bioenergías. Y en razón de que también las fuentes secundarias, derivadas de las transformaciones de las fuentes primarias, como la gasolina, el gas, y la electricidad, son básicas para el nivel de vida de los consumidores finales. La segunda reflexión, es que, por otro lado, un orden justo en esta materia del uso y explotación de bienes sociales o de la humanidad, es un instrumento para el desarrollo, integral y sostenible de los pueblos. La tercera reflexión, es que el derecho internacional ha reconocido que la protección de estos recursos o bienes, imponen a los estados y gobiernos la responsabilidad de actuar de buena fe, respetando principios universales humanitarios y de promover la solidaridad con las regiones más pobres del planeta y de no dejar a las nuevas generaciones más empobrecidas. Y la cuarta reflexión, es la de que si no se establecen instancias internacionales donde se pueda reclamar tales responsabilidades y hacerlas efectivas, o establecer medios compensatorios e indemnizatorios por los daños causados por el incumplimientos de esas responsabilidades, así como que si no se le da legitimidad a los pueblos, a través de sus ciudadanos, de acudir a esas instancias, ese derecho internacional se queda solo a nivel de los tratados y las declaraciones, sin ninguna eficacia. Este último aspecto se vincula al tema de la corrupción y la mala gobernabilidad, por lo que su consideración en congresos relativos a la energía, a justicia y la paz, no pueden ser obviados, especialmente en los casos de los países en vías de desarrollo. A este aspecto dedicaré mis comentarios finales.
La corrupción y la mala gobernabilidad o el desgobierno o mala administración, como se le quiera llamar, comprende a asuntos como los lobbys y comisiones, principalmente en países en vías de desarrollo, para obtener licencias, permisos, suministros, concesiones o contratos para la extracción de los recursos energéticos, como el petróleo, facilitados por funcionarios corruptos o convalidados por instituciones subordinadas o integrantes del mecanismo de corrupción. O, por mecanismos insuficientes o inadecuados de control o por instrumentos mecanismos o procedimientos administrativos o judiciales ineficaces. Y también por la inexistencia de instituciones de control del ambiente y de la calidad de vida de la población. Hoy día el manejo ilegitimo de grandes sumas de dinero a nivel internacional derivado de la corrupción en países en desarrollo para la explotación de los recursos energéticos, es un dato que se refleja en los informes de los organismos de trasparencia internacional sobre tráfico ilícito de capitales, o en los de los organismos técnicos como un obstáculo al desarrollo energético sostenible. Y, también en los reportes de los organismos de defensa de los derechos humanos como un obstáculo al desarrollo social integral, entre ellos al derecho de acceso a las fuentes de energía necesarias para el nivel de vida de las poblaciones. A estos temas se agrega el mal uso que los gobiernos nacionales han hecho de los recursos energéticos. Y también el de los contratos leoninos impuestos por algunos grandes países a los países en desarrollo para evadir sus responsabilidades ambientales nacionales e internacionales. El tema, pues, en mi criterio, está en la penalización de esos hechos de corrupción, por supuesto, como el de otros derivados de la deuda pública externas, puesto, que en la mayoría de esos países, las instancias penales nacionales son ineficaces, inadecuadas, insuficientes o cómplices, para prevenir o impedir esa corrupción o mal uso. Por lo que se debe incluir, ante la incapacidad de los estados de prevenir e impedir este obstáculo en los congresos sobre energía, justicia y paz, el tema de la gobernabilidad internacional necesaria, a cargo de "una verdadera autoridad política mundial", con competencia internacional universal de protección de estos recursos vitales, como lo ha propuesto el magisterio de Benedicto XVI, en su Encíclica Caritas in Veritate (n. 67). Al igual que promover un orden justo universal que impida los contratos leoninos en estas materias. Propuesta está a la que WIJ/AMJ ha agregado la de una jurisdicción universal para establecer las responsabilidades de gobiernos y gobernantes por los daños causados a las poblaciones o la humanidad por la corrupción y para la recuperación de los dineros ilegítimos para promover fondos de desarrollo de los pueblos víctimas de esos delitos. Y para calificar de leoninos los contratos que violen las responsabilidades de los países y contratistas en materias ambientales. Y para que en dicha jurisdicción universal se reconozca legitimidad a los pueblos para acudir y participar ante esas autoridades en sus procesos como parte legítima.
No dudo del interés y de la importancia que no solo para Latinoamérica representa del próximo 25 Congreso de la WIA/AMJ, sino fundamentalmente para Venezuela por ser su sistema de gobierno un signo paradigmático de la corrupción y del mal uso de los recursos energéticos y de la lesión del derecho de su población del acceso a los recursos energéticos básicos para su sobrevivencia y desarrollo integral causado por una mala administración. Con humildad participaré en dicho Congreso, como miembro del sector de profesores de la WIA/AMJ, al cual llevare las reflexiones que he expresado en este artículo, en razón de mi convicción de que la energía es un medio para eldesarrollo para garantizar la justicia y la paz, que no garantiza el actual paradigma energético.
Caracas, 10 de julio de 2017-
