EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL SOBRE EL INFORME PRELIMINAR DE LA
RELATORA ESPECIAL SOBRE LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS
UNILATERALES EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS, LUEGO DE SU VISITA A
VENEZUELA ENTRE EL 01 Y EL 12 DE FEBRERO.
Caracas, 15 de febrero de 2021
El
Bloque Constitucional de Venezuela, a efectos de cumplir con uno de sus fines
esenciales, como es el de coadyuvar al rescate del orden constitucional,
republicano y democrático y, como parte fundamental de ello, impulsar el
reconocimiento, respeto y garantía plenos de los derechos humanos de todas las
personas en Venezuela.
Considerando,
1.
Que la visita a Venezuela de Alena
Douhan como Relatora Especial sobre las Repercusiones Negativas de las Medidas
Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos (de ahora en
adelante la “Relatora”) es de mucha importancia para el país, por cuanto se
hace en momentos en los cuales el régimen ha profundizado y exacerbado la
crisis, al radicalizar sus políticas de gran impacto, tanto en lo derechos civiles
y políticos como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(“DESCA”) de todas las personas.
2.
Que, asimismo, según lo ha denunciado
Transparencia Internacional, los casos de Gran Corrupción violatoria de
derechos humanos colectivos y de criminalidad organizada contra el patrimonio
público de los venezolanos que han sido descubiertos, investigados y decididos
judicialmente por tribunales extranjeros han exacerbado la crisis humanitaria
que afecta a Venezuela, de forma exponencial; además de las malas políticas
públicas y la ineptitud gerencial oficialista que ha llevado a la quiebra a las
principales industrias básicas del pais y de prestación de servicios públicos
esenciales.
3.
Que la visita de la Relatora ha sido
la única permitida por el régimen cuando reiteradamente ha negado la visita de Grupos de Trabajo y Relatores que han mostrado formalmente su interés para
hacer las correspondientes visitas a nuestro territorio, como del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre la
Independencia de Magistrados y Abogados; de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; del Relator Especial de la OEA sobre la Libertad de Expresión; de la
Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; del
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;
de la Relatora Especial sobre el Derecho a la
Alimentación; del Relator Especial sobre el Derecho de Toda
Persona al Disfrute del Nivel Mas Alto de Salud Física y Mental; del Relator
Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes; y de la
Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4.
Que la vista de La Relatora ocurre cuando no
se han cumplido las medidas cautelares decididas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de carácter colectivo en proteccion de derechos como la
salud, alimentación y ayuda humanitaria, la cual ha venido documentando detalladamente
sobre la violación de estos derechos humanos desde el año 2002 de forma
ininterrumpida en el Capítulo IV de sus Informes Anuales.
5.
Que la emergencia humanitaria
compleja y la grave crisis económica que se vive en el país, reconocida por
organismos internacionales, es previa a las sanciones internacionales individualizadas
y selectivas de origen colectivo, multilateral y masivo que han dispuesto la
Unión Europea, los países miembros del TIAR, los EE. UU. Canadá, Suiza, Portugal
y Reino Unido, por la comisión de graves
delitos de Gran Corrupción contra el patrimonio público de todos los
venezolanos, con enorme impacto negativo en los derechos humanos y el
empobrecimiento de toda la población, tal
como lo identifican Transparencia Internacional, otras ONG y destacados
expertos nacionales e internacionales que han estudiado el tema.
6.
Que el éxodo forzado de los más de
5,4 millones de venezolanos se debe a la emergencia humanitaria compleja y a la
crisis económica que ha creado y exacerbado el presente régimen debido a sus
políticas confiscatorias y a la generación de una
hiperinflación, ocasionada por sus políticas financieras, según las
investigaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI);
7.
Que el régimen ha emprendido una política
de ataques, criminalización, demonización, intimidación y hostigamiento judicial
sistemáticos contra las ONG de derechos humanos y humanitarias, entre las
cuales se destacan Azul Positivo, Convite y Acción Solidaria, entre otras. Y ha satanizado el trabajo de PROVEA y otras
ONG que colaboran con las Naciones Unidas y sus diferentes organismos. Y, también, lleva a cabo la persecución crónica
y sistemática en contra de líderes sindicales, universitarios, indígenas,
disidentes y opositores al régimen, lo cual ha generado gran zozobra entre la
ciudadanía con más de 300 presos políticos, como lo reporta el Foro Penal
Venezolano. Y la diáspora de casi el 40% del personal médico, sanitario y de
salud del pais y de mas del 50% de profesionales en Venezuela.
8.
Que el Consejo de Derechos Humanos,
frente a las graves denuncias e información que ha recibido y la negativa del
régimen de acoger las recomendaciones de la mayoría de los países que lo
integran, designó una Misión Independiente de Determinación de los Hechos (o
FFM por sus siglas en inglés), la cual ya rindió un primer informe detallado
que da cuenta de los graves crímenes internacionales que podrían estarse
cometiendo en el territorio venezolano, antes de las sanciones internacionales,
y que contiene recomendaciones específicas al Estado
venezolano y a la comunidad internacional, entre las cuales resalta el llamado
a los Estados a iniciar acciones legales individuales contra los individuos
responsables de crímenes internacionales.
9.
Que, no obstante que el mandato de la FFM se prorrogó
por 2 años más, dado que el presente régimen no permitió su ingreso al
territorio nacional ni respondió a sus constantes solicitudes, en su Informe
Preliminar la Relatora no da cuenta del Informe Detallado de la FFM y de sus
recomendaciones. Y tampoco menciona la
serie de informes y recomendaciones que han hecho los Estados Miembros del
Consejo de Derechos Humanos en varias oportunidades en este mismo sentido.
10.
Que la Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos ha presentado varios informes orales y escritos sobre
las graves violaciones de derechos humanos que se suceden en Venezuela desde
mucho antes de 2014 y que sus recomendaciones han sido ignoradas
sistemáticamente por el régimen, como es el caso de la disolución del FAES; asi
como en los casos de las violaciones de los derechos humanos de las poblaciones
indígenas.
11.
Que la Fiscalía ante la CPI lleva a
cabo, motu proprio, un examen preliminar acerca de posibles crímenes de
competencia de la CPI, cometidos presuntamente por funcionarios de alta
jerarquía civil y militar (llamado “Situación I de Venezuela”), fundados en
motivos políticos y de desaparición forzada de personas. Luego, 6 Estados
Partes del Estatuto de Roma hicieron una remisión.
12.
Que la Fiscalía ante la CPI, también tiene
abierta la Situación II de Venezuela, debido a la remisión que hizo el régimen acerca
de supuestos crímenes acontecidos por causa de las sanciones internacionales,
como parte de una estrategia legal de defensa y de retraso de la Situación I. Pero, no obstante, ello, la misma Corte no
dispuso la acumulación de ambas las Situaciones y las mantiene por separado, a
pesar de existir coincidencias en cuanto al territorio y lo personal.
13.
Que los
diferentes sistemas de las sanciones emitidas por los Estados, además de
fundarse legitimamente en el derecho internacional cuando el Estado concernido
incumple con su responsabilidad de proteger a su población (o “R2P” por sus
siglas en inglés), o incurren en casos de gran corrupcion, prevén y permiten
que se otorguen licencias generales o específicas para atender las necesidades
básicas de la población en los casos de crisis de emergencia humanitaria, como
la que padece Venezuela.
14.
Que ante la visita de la Relatora Alena
Douhan el Bloque Constitucional de Venezuela le pidió en fecha 10 de febrero,
que constatara la falta de transparencia en la gestión pública y la negación
del derecho al acceso a la información que impide la contraloría social sobre
el gasto público (https://twitter.com/cbloquec/status/1359523746445459458).
En consecuencia, el
Bloque Constitucional de Venezuela, con pleno respeto a la condicion de
Relatora, de Alena Douhan, con relaciona a su INFORME PRELIMINAR DE LA “RELATORA ESPECIAL
SOBRE LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES EN EL
DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS,” LUEGO DE SU VISITA A VENEZUELA ENTRE EL 01 Y
EL 12 DE FEBRERO, manifiesta lo
siguiente:
PRIMERO: Que las diferentes y múltiples sanciones
internacionales acordadas por organismos multilaterales, Estados y grupos de
Estados en contra de altos funcionarios y de personas jurídicas estatales están contempladas según el Derecho Internacional
para los casos en que los Estados incumplan con su responsabilidad de proteger
los derechos humanos y de no incurrir en violaciones graves a estos derechos;
ni cometer atrocidades en su territorio. Las cuales se
justifican cuando tales sanciones responden a la necesidad de que los
gobernantes cumplan sus obligaciones internacionales de respeto, promoción,
garantía y protección de los derechos humanos de su población, cuyas normas son
imperativas y forman parte del orden público internacional, con las
implicaciones que de ello se derivan.
SEGUNDO:
Que dentro de su Informe Preliminar La
Relatora no señala que el presente régimen no ha aceptado la visita de los otros
mecanismos de verificación de los derechos humanos, incumpliendo sus
obligaciones internacionales y las recomendaciones de la Alta Comisionada de
Derechos Humanos de la ONU, así como las múltiples recomendaciones de los
Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos. Asi como tampoco se refiere al desacato reiterado
de las sentencias y medidas cautelares decididas por los organismos del sistema
interamericano de derechos humanos.
TERCERO: Que para la imparcialidad e independencia de
la Relatora y para la objetividad de la rendición de su Informe Final
planificado para septiembre de 2021, no puede desconocer
que los graves problemas y causas relacionados con los derechos humanos son
previos a las sanciones, debido a que en Venezuela existe una crisis humanitaria por causa de la inestabilidad
política del país, como lo reconoció el secretario general de las Naciones
Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en el 2016. Y tampoco puede dejar de señalar que la
devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las
primeras sanciones económicas en 2017, como lo afirmo la Alta Comisionada de
Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su Informe de actualización
de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo del 2019.
Por lo que desde el punto de vista metodológico y científico tales reconocimientos
deben ser expresamente reconocidos en el Informe próximo. Asi como que ha de
incluir entre sus recomendaciones finales las sugerencias de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de la obligación de aceptar el
ingreso a Venezuela a los otros Relatores, Grupos de Trabajo, Comisiones,
mecanismos y demás expertos de los organismos multilaterales, como la Misión
Independiente de Determinación de los Hechos y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, para que puedan investigar en el terreno
las constantes violaciones de derechos humanos.
QUINTO: Que,
ante la presente crisis humanitaria de Venezuela, es necesario que el Secretario General de la
Organización de la Naciones Unidas interponga sus buenos oficios y que exija al régimen que restablezca los
canales financieros de la cooperación internacional humanitaria y que acepte y permita
el restablecimiento de los diferentes mecanismos de ayuda internacional y el
ingreso del Programa Mundial de Alimentos y el Covax o Plan Global para
distribuir la vacunas contra el Covid 19, entre otros.
SEXTO: Que las ONG de
defensores de derechos humanos y de ayuda humanitaria y las víctimas de
violaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país, como parte de su encomiable labor de defensa
de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna; deben expresar sus reservas, objeciones y
correcciones sobre el Informe Preliminar de la Relatora y solicitar que en el
Informe Final se precise que no se puede desconocer que los graves problemas,
sus causas y exacerbación relacionados con los derechos humanos son previos a
las sanciones.
Caracas, 15 de
febrero de 2021.
Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Blanca Rosa Mármol de Leon, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Álvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar),Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítul
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