UN ACUERDO POLITICO PARA GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN DE CITGO
Opinión de la Dirección Ejecutiva (no compromete a la Junta Directiva)
Román J. Duque Corredor[1]
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Parto de la
idea que el problema de salvar a Citgo, es
más un problema de orden político;
dentro de la actual situación
jurídica y judicial, de un posible remate de sus acciones y activos, al
fijar el tribunal americano, que conoce
de la demanda de ejecución del laudo
arbitral favorable a Cristalex, un plazo para que un funcionario especial
designado establezca un cronograma para la ejecución del laudo; conforme la Regla 53 de las Reglas
Federales de Procedimiento Civil ,
Y
de la
suspensión temporal del derecho a que acreedores participen en la
subasta de las acciones de Citgo.
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Cristalex demanda PDVSA por el pago de
indemnización alegando que PDVSA es
un Alter Ego de la República. Un
tribunal norteamericano de Filadelfia decidió a favor de Cristalex y levantó la restricción que amparaba a Citgo, y
la facultó para que tome posesión de
las acciones de Citgo y de sus activos en poder de PDV América, por lo que
Citgo estaría en venta mediante subasta.
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Por otra parte, un juez de
Nueva York declaró que los bonos Pdvsa 2020, emitidos en la renegociación de los Bonos Pdvsa
2017, que no fueron pagados, son
“válidos y exigibles”, los cuales están respaldados por la mitad de las
acciones de la filial de la estatal petrolera en Estados Unidos, Citgo
Petroleum Corporation. Y autorizó al
fideicomisario de los Bonos tomar las medidas necesarias para ejecutar la garantía
de los bonos.
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La
restricción temporal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados
Unidos OFAC ha restringido hasta el momento la ejecución de estos fallos. Si se
levanta la restricción temporal de la OFAC el tribunal puede ordenar la
liquidación de las acciones y de los activos de Citgo a favor de los
demandantes. Este es el problema jurídico.
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¿Cuál
es el problema político? La oposición señala que el endeudamiento de la
República se debe a las expropiaciones arbitrarias del gobierno de Chávez y a
la ilegal emisión por el gobierno de Maduro de los Bonos PDVSA 2020, sin
autorización de la AN, garantizados con las acciones de PDVSA en CITGO. Y, el
gobierno de Maduro considera usurpadora a la Junta Administradora Ad Hoc de
PDVSA designada por la AN democrática y le niega legitimidad para negociar el
arreglo de las deudas, autorizadas por EE.UU. Y acusa a la oposición por el mal manejo de
los activos de la República en el exterior y la califica de usurpadora.
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Jurídicamente
la representación de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA ha solicitado la
revisión de la sentencia que declaró que PDVSA y sus filiales es “un alter ego”
de la Republica, es decir, una fachada de la República de Venezuela para hacer
negociaciones comerciales en USA. De reconsiderar
el tribunal su sentencia y declarar que PDVSA no es un alter ego de la
República se protegerían los activos de Citgo y Cristalex y los acreedores de
PDVSA tendría que buscar otros activos de la República que podría alegar la
inmunidad de jurisdicción.
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Es decir, se
salvaría CITGO, pero seguiría el litigio y habría necesidad cubrir el costo de
defensa de bufetes de abogados
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De no reconsiderar el tribunal que PDVSA es
un alter ego de la República se procedería al remate de sus acciones y activos
de CITGO. En cuyo caso para evitarlo es necesario negociar el pago de la
condena arbitral y las deudas de los Bonos 2020 y sería necesario soportar el
costo de la intervención de los negociadores y expertos financieros. Es decir, se tiene que acudir a operaciones
financieras o apalancamiento, es decir, utilizar la valoración y activos de
Citgo para obtener financiamiento para pagar las deudas. Con los fondos obtenidos,
se cancelarían y honrarían las acreencias pendientes y se elimina el riesgo de
demandas futuras
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Si esta es
la solución, ¿Cuál es el problema?: Que EEUU autorizó a la AN democrática para
que negocie el pago de las sumas que se reclaman a PDVSA, además de la condena
de indemnización a Cristalex, el capital e intereses de los Bonos PDVSA 2020,
garantizados con las acciones de CITGO. Y el gobierno de Maduro considera que
tal autorización es un despojo de las acciones y activos de CITGO, y que
desconocerá cualquier negociación que realice la AN democrática. Además,
amenaza con juicios penales y extinción de dominio a quienes actúen como
representantes negociadores de PDVSA.
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La oposición, por su parte, y EEUU, no
reconocen legitimidad al gobierno de Maduro, para negociar la deuda. En otras palabras, el problema es de orden
político que dificulta cualquier solución jurídica, porque los acreedores, ante
ese problema político, no tienen seguridad sobre la validez de los acuerdos a
que se pudieran llegar.
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El remate de Citgo no se ha
concretado porque está protegida por una licencia de la OFAC que impide a los
demandantes contra Venezuela hacer cumplir las sentencias de los jueces
y rematar sus activos. Para evitar
que la responsabilidad del remate de Citgo cayera sobre el gobierno interino
reconocido por EEUU, el Departamento del Tesoro decidió proteger a Citgo de los
acreedores y desautorizó cualquier tipo de transacción con las acciones de
Citgo.
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La OFAC concedió la Licencia General 42 que autorizó a la AN-2015 a
negociar con los acreedores las deudas de Pdvsa y la República. El gobierno de
Maduro rechazó la decisión. Y, la Junta Administradora Ad Hoc de
PDVSA consiguió una nueva prórroga para evitar el remate de las acciones que
los acreedores gestionan ante las cortes estadounidenses.
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El juez federal Paul B.
Matey, de la Corte de Apelaciones. del Tercer
Circuito de EE. UU., accedió a una moción de
suspensión del embargo que fue solicitada por la Junta Administradora Ad Hoc de
PDVSA, designada por el interinato y que aún es reconocida por el gobierno y el
sistema de justicia de Estados Unidos. La eliminación del interinato ha hecho surgir en los tribunales americanos la discusión sobre
la legitimidad de la representación para negociar acuerdos sobre las deudas de
Citgo, ya que corresponde al ejecutivo la negociación de la deuda pública, que
fue encomendada por la AN 2015 a un Consejo de Administración y Protección de Activos.
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La reciente Licencia 42, emitida por la OFAC,
permite clarificar los mecanismos que deben utilizarse para solventar disputas
y acreencias relacionadas con Pdvsa, y la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa, designada
por la Asamblea Nacional 2015 y reconocida por el Gobierno de Estados Unidos,
mantiene conversaciones con acreedores para encontrar soluciones alternativas y
evitar así la subasta judicial de Citgo.
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La Junta Administradora AD Hoc
de Pdvsa ha logrado mantener la
propiedad de los activos de Citgo y mejoras operativas, financieras,
reputacionales y a la gobernanza corporativa de Citgo, logrando obtener los
beneficios de la recuperación del mercado petrolero.
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Pdvsa oficialista
informó a través de un comunicado, en marzo del 2023, que ratificaba que para
la restructuración de la deuda de los Bonos PDVSA 2020, que dejó de cumplir con sus pagos de intereses y capital a finales del año
2017, antes de que EEUU anunciara
sanciones a la industria petrolera venezolana; que ofrecía la suspensión del plazo de prescripción de los bonos emitidos
en el mercado internacional, que bajo la Ley del estado de Nueva York establece
que los intereses de esos bonos no son exigibles judicialmente luego trascurrir
seis años sin que se paguen los bonos. Lapso que PDVSA extendió hasta 2028; o hasta que Estados Unidos
levante las sanciones que "impiden la reestructuración de los bonos”. Oferta que daría al
régimen de Nicolás Maduro y a los acreedores más tiempo para trabajar en una posible
reestructuración de la deuda. Pero
dado que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de Maduro, los acreedores dicen
que se necesitan otras garantías.
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Tras el anuncio de Pdvsa, el comité de acreedores,
que agrupa a fondos que tienen deuda venezolana por unos 10.000 millones de
dólares, celebró la decisión de la petrolera e instó a la Asamblea Nacional
opositora de 2015, a que respalde la suspensión del plazo de prescripción. La
administración de Maduro había hecho una oferta similar a los bonistas en el
2020, sin éxito. Sin embargo, Pdvsa oficialista, en marzo de 2023, afirmó que
«el emisor deja expresa constancia una
vez más, de su voluntad de cumplir con las obligaciones derivadas de los
Bonos».
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«Un acuerdo de suspensión de los plazos de
prescripción y caducidad jurídicamente exigible evitaría malgastar dinero y
recursos en litigios», dijo el comité de acreedores en un comunicado reseñado
por Reuters.
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Estoy de acuerdo con la
opinión que la suspensión de la ejecución contra CITGO permite un tiempo para que el
gobierno y la oposición gestionen conjuntamente ante los acreedores y el
gobierno de EEUU un compromiso de pago que evite el remate de Citgo
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Si el gobierno y la oposición no se ponen de
acuerdo, para negociar con
los tenedores del bono de Pdvsa 2020 y también con Crystallex, para definir un
cronograma de pago factible de acuerdo a las posibilidades, Venezuela perdería Citgo, una vez que la OFAC autorice el remate de las
acciones para pagar las indemnizaciones y deudas que la República tiene
pendientes.
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Otra opinión es la de que durante el tiempo que dure la suspensión Venezuela podría
plantear a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU la protección para todos los activos de Venezuela en el
exterior, tal como lo hizo mediante la Resolución 1483 de 22 de
mayo de 2003[2],
que dada la crisis humanitaria de Irak y
la necesidad de establecer un gobierno representativo basado en el Estado de
derecho y de una acción multilateral para ayudar a la reconstrucción y el
desarrollo del Iraq y de la asistencia del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial para esa tarea; instó a todos los países
miembros a que otorgasen inmunidad judicial sobre el
activos relativos al petróleo, los productos derivados del petróleo y el gas
natural originarios del Iraq . Ello dependería que las potencias con poder de veto
en la ONU estén de acuerdo con esta suspensión.
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Ante esa
realidad, salvar a Citgo es dejar de lado la política y arrinconar la
ideología, y que el sentido patriótico sea el que prive en un acuerdo de
gobierno y oposición para jurídicamente legitimar la negociación que permita
proteger sus acciones y activos.
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Pienso que el acuerdo político podría ser el de celebrar
elecciones presidenciales con garantías electorales y la observación
independiente internacional, de modo que el gobierno elegido cumpla con la
negociación.
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Los acreedores podrían suscribir un pacto acordando no embargar
activos de la República mientras se resuelve la crisis política y previéndose
algunos incentivos y garantías financieras.
Caracas, 27 de mayo de 2023
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