REFORMA DEL ESTATUTO DE TRANSICION Y REPRESENTACION
JUDICIAL EN PROTECCION DE LOS ACTIVOS DE LA REPUBLICA EN EL EXTRANJERO
Dr. Román J.
Duque Corredor[1]
Caracas, 12
de febrero de 2023.
No estuve de acuerdo con la eliminación del
gobierno interino mediante la reforma, del 3 de enero de 2023, del Estatuto
hacia la Democracia por parte de la Asamblea Nacional democrática, electa en el
2015[2]
y así lo manifesté en diversas redes sociales. Como Coordinador Nacional del
Bloque Constitucional de Venezuela, firmé su Pronunciamiento del 24 del mes diciembre de 2022, en el que se advirtió que
la derogación del interinato conlleva un cese del estado de excepción constitucional
que contempla el referido Estatuto. Y
que consideró como ilegítima la propuesta de formar un gobierno parlamentario,
ya que esta no es una institución contemplada por la Constitución. Además, que es incongruente que, como órgano
contralor, la Asamblea Nacional ejerza las mismas funciones que los órganos sujetos
a su control parlamentario. Igualmente manifesté a varios diputados la
inconstitucionalidad de la eliminación del cargo de presidente encargado de la
República, puesto que tal disposición eliminaba el poder ejecutivo y sus
órganos del régimen de transición y lo sustituía por el poder legislativo. Y expresé mi preocupación por las
consecuencias procesales negativas que esa eliminación tendría sobre la
representación judicial de PDVSA en los procedimientos judiciales o en reclamos
extrajudiciales vinculados con la protección de los activos de esta empresa y
de otras empresas del estado, especialmente en el exterior del Republica. Sin embargo, se impuso una mayoría que sancionó la
reforma del Estatuto de Transición hacia la democracia. Se trata de una decisión política y como tal
es un hecho cumplido y a pesar de mi desacuerdo, creo mi deber patriótico
contribuir en aportar soluciones al problema procesal planteado con la
eliminación del presidente encargado y del Procurador Especial de la Republica,
representante judicial de la Republica en los procesos judiciales o
extrajudiciales en los que está involucrada PDVSA y otros entes del Estado,
cuya legitimidad ha sido reconocida por tribunales extranjeros.
A mi modesto entender, en virtud de la
reforma del mencionado Estatuto, es necesario permitir a la Junta Directiva ad
hoc de PDVSA tener participación
en la coordinación de los procesos judiciales para la protección de sus
activos, lo cual podría establecer la Asamblea Nacional en un
Acuerdo Parlamentario, en ejecución del citado Estatuto, de modo de darle una sustentación
legal a esa eventual participación de la mencionada empresa del estado en tal
actividad. En efecto, conforme al artículo 3º del Estatuto reformado, numeral
tercero, se establece como uno de sus objetivos la protección de los activos
pertenecientes a la República en el extranjero, a través del Consejo de
Administración y Protección de Activos, tal y como se establece en el artículo
9 eiusdem. Y los activos pertenecientes a PDVSA, en el exterior, sin duda son
de los más valiosos de los bienes de la República, puesto que ésta es la única accionista
de PDVSA, según el artículo 303 de la Constitución. Tal Acuerdo es importante jurídicamente puesto
que, con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto reformado, la
representación judicial de la República, así como de las empresas del Estado,
Institutos Autónomos y demás entes públicos descentralizados, recaía en forma
exclusiva y excluyente en el Procurador Especial de la República designado por
el Presidente Interino. Y ocurre que la
reforma del Estatuto, en comento, eliminó este Procurador, por lo que la
representación judicial de PDVSA, así como de sus filiales y de las demás
empresas del Estado, quedó prácticamente en el aire pues en modo alguno se hace
mención en el nuevo texto del Estatuto, de la representación judicial tales
entes estatales.
Específicamente
por lo que corresponde a PDVSA, con el Estatuto derogado, como señalé la
representación judicial correspondía al Procurador Especial, lo cual estaba
complementado por lo previsto en la Ley Especial de Contrataciones Públicas
asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos,
Bienes e Intereses del Estado en el Extranjero, promulgada en julio del 2020. Asimismo,
el Decreto Número 34 de mayo del 2021, establecía que PDVSA a través de su
Junta Directiva ad hoc participaba junto con dicho Procurador en la selección
de abogados o de las firmas de abogados para representar a la empresa en los
procesos judiciales y asuntos extrajudiciales, así como asignarles los
respectivos casos. El propio decreto No 34, mencionado, en sus
artículos 11 y 5, establecía que la representación judicial de PDVSA y sus
filiales en reclamaciones extrajudiciales y en asuntos judiciales, correspondía
exclusivamente al Procurador Especial. Ahora bien, eliminado el cargo de Procurador en el nuevo
Estatuto y en aplicación de su artículo 9º, que atribuye la representación de
la Republica al Consejo de Administración
y Protección de Activos; y sobre todo con base en el artículo 19 del mismo
Estatuto reformado, que derogó toda la normativa, incluyendo leyes que
contradigan el espíritu, propósito y razón de este nuevo texto legal, la
representación judicial de PDVSA que mencione antes, quedó sin vigencia puesto
que se eliminó el poderdante, el Procurador especial, ya que este no existe a
partir del 3 de enero de 2023. Pero ocurre que la norma que prevalece
es la del artículo 9º, citado, que solo se refiere a la representación de la
República la cual le compete al Consejo creado. En consecuencia, a este ente le correspondería
otorgar y revocar los poderes a los abogados que vayan a representar a la
Republica en asuntos extrajudiciales y judiciales.
Por otro lado, el aparte
del artículo 9º, antes mencionado, establece, que los poderes que hubiese
otorgado válidamente el Procurador Especial, permanecen vigentes. A mi juicio,
tal disposición solo comprende la representación de la República y no de las
empresas como PDVSA, pues si no, habría una situación de antinomia entre el
encabezado del artículo en comento, que sólo abarca la representación de la República
y el aparte citado, del cual no se desprende que tal representación se extiende
hasta los entes estatales, cuando el encabezamiento solo refiere a la
representación de la República. En otras palabras, pareciera que el legislador
se olvidó olímpicamente de la representación para asuntos extrajudiciales y
judiciales de las empresas del estado y demás entes descentralizados. Por lo
demás extender la interpretación en el sentido de que el legislador cuando se
refirió a la República quiso referirse al mismo tiempo a los demás entes, ello equivaldría
prácticamente a contemplar en un texto legal “la figura del alter ego”, pues sería tanto como mantener de forma
inseparable y unida judicialmente a la República y a sus entes; asunto
altamente delicado en materia de responsabilidad frente a terceros, según la
doctrina y jurisprudencia extranjera que
considera que cualquier ente del estado compromete a Venezuela, como su alter
ego. En efecto, mediante la doctrina del alter ego
los tribunales anglosajones consideran que una corporación o empresa es lo
mismo que el accionista, puesto que una u otra carecen de una
identidad diferente. Un alter ego
permite al tribunal destruir el velo corporativo y responsabilizar directamente
a los accionistas individuales por las deudas de una empresa. Es
decir, la Republica se vería comprometida con sus activos por cualquier compromiso u
obligación incumplida por las empresas del estado o entes públicos
descentralizados, y por tanto, ser ejecutada sobre todos sus activos[3].
Por todo lo anterior considero, que con base
en el Artículo 12 del Estatuto reformado, que faculta a la Asamblea Nacional, o
la Comisión Delegada para adoptar las decisiones necesarias para la
implementación del citado Estatuto, en conjunción con lo previsto en el
artículo 18 eiusdem, que establece que todo lo no previsto por el propio Estatuto
será resuelto por dicha Asamblea o la Comisión Delegada; en mi criterio, estimo que, ejerciendo esta facultad,
mediante acuerdos parlamentarios o legislativos, las susodichas Asamblea o
Comision, pueden llenar los vacíos legales surgidos como la falta de la
representación judicial de PDVSA y de las demás empresas y entes
descentralizados, partiendo de la interpretación de que al ser actos jurídicos
dictados por el superior órgano legislativo podrían tener rango al menos
equivalente al de las leyes ordinarias. Entiendo que estos órganos del poder
legislativo, han venido trabajando para buscarle una solución al problema,
mediante la redacción de un proyecto de Acuerdo, ya que, del Estatuto, en comento,
se deriva que, para la defensa de los activos del Estado en el extranjero, es
necesaria la coordinación entre la Junta Administradora ad hoc de PDVSA y el Consejo de Administración y Protección de
Activos en el extranjero.
Dicho Acuerdo pudiera ser del tenor
siguiente:
“La Junta Administradora ad hoc de Petróleos
de Venezuela, SA, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Estatuto y en
implementación del Artículo 9 ejusdem, con el propósito de asegurar la defensa
de los activos del Estado Venezolano en el extranjero, participará en la
coordinación y ejecución de todo lo concerniente a la representación judicial
de PDVSA y sus empresas filiales, conjuntamente con el Consejo de
Administración y Protección de los Activos de Venezuela en el extranjero.”
Por
supuesto que, para mí, solución ideal es reformar el Estatuto para reincorporar
la figura del Procurador Especial en su texto, pero de no ser así, al menos,
con un Acuerdo como el propuesto, se logra darle fundamento jurídico a la
intervención de la Junta ad hoc de PDVSA en su representación judicial. La redacción
propuesta por mí, puede, por supuesto, ser mejorada en mucho, en razón que no
incluye a los demás entes descentralizados ni empresas distintas a PDVSA y sus
filiales, lo cual podrida agregarse en otro aparte.
[1] Abogado y doctor en Derecho por
la Universidad Catolice Andrés Bello. Exmagistrado de la Corte Suprema de
Justicia de la República de Venezuela. Expresidente e Individuo de Numero de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Honoris Causa y Profesor
Honorario de la Universidad de Los Andas. Doctor Honoris Causa de la
universidad del Zulia. Profesor Honorario de la Universidad Católica de La
Plata, Argentina. Universidad Monte Ávila. Coordinador Nacional del Bloque
Constitucional de Venezuela.
[2]
Gaceta Legislativa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 3
de enero de 2023 No. 66.
[3] Ver el Caso
“Walkovovsky Vs. Cartoln”, División de Apelaciones de la Corte Suprema del
Estado de Nueva York, Segundo Departamento, 6 de julio de https://www.leagle.com/decision/196560624ad2d5823191).
Y el Caso “In re JNS Aviation LLC”, Tribunal de Bancarrota de los Estados
Unidos, N.D. Texas, División Amarillo, 26 de noviembre de 2007 (In Re Jns Aviation, LLC, 376 B.R. 500
– CourtListener.com).
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