CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA
EN AMERICA LATINA
LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE LA CORRUPCIÓN
CASOS EMBLEMÁTICOS DE
CORRUPCION EN VENEZUELA
ROMÁN J. DUQUE CORREDOR
CARACAS (Noviembre 2015)
CORRUPCIÓN
Y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA
LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE LA CORRUPCIÓN
CASOS
EMBLEMÁTICOS DE CORRUPCION EN VENEZUELA
“A CUÁL ES MÁS DE CULPAR, LA QUE PECA POR LA PAGA O
LA QUE PAGA POR PECAR”,
Sor
Juana Inés de la Cruz
(Tepetlixpla
México 12.11.1651-Ciudad de México
17.04.1695)
PRESENTACIÓN
El GRUPO TREN (Talleres de Reconstrucción
Nacional) de Valencia, Estado
Carabobo, me encomendó la elaboración de
un trabajo que sirviera de recopilación de los casos de corrupción que hasta el
presente ha sido objeto de denuncias o informaciones por parte de diferentes medios de comunicación o por parte
de diferentes partidos políticos, organismos no gubernamentales, parlamentarios
y ciudadanos y de los que se ha tenido
noticia por informaciones de la Contraloría General de la República y
del Ministerio Público. Caso estos que
se han atribuido a funcionarios del presente gobierno de la llamada “Revolución
Bolivariana”. El propósito, pues de este
trabajo, es el de permitir conocer a la opinión nacional e internacional de
esos casos que ciertamente afectan la
gobernabilidad democrática de Venezuela
por la falta de transparencia de la gestión oficial y que representan graves
violaciones a la normativa anti corrupción, nacional e internacional, y que
junto a la impunidad que los ha rodeado permiten calificar a la gestión
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde 2000 hasta mediados
del 2015, como la “Revolución Bolivariana de la
Corrupción”, por el proceso continuado y hasta organizado de ilícitos contra el
patrimonio público durante todo ese período de
gobierno de casos
de corrupción que colocan a Venezuela en el nivel más alto de defraudación y de
impunidad y en el más bajo de transparencia administrativa, que hacen que la democracia en nuestra país
esté seriamente desinstitucionalizada y maltrecha. De manera que la incidencia
y lo escandaloso de la corrupción de la presente gestión de gobierno, así como
su ineficiencia y la violación de los derechos humanos, constatada por organismos
independientes internacionales, y la ausencia de una gobernabilidad
democrática, justifican un cambio
político para reconstruir la institucionalidad democrática que ha sido
destrozada por la llamada Revolución Bolivariana, cuya característica emblemática
es la corrupción. Debo señalar que el contenido del presente trabajo es
fundamentalmente informativo, salvo la primera parte que es de carácter
conceptual y principista, por ello sus fuentes, no son propias, sino las diferentes informaciones en las cuales se
dan cuenta de los casos más significativos del desenfreno moral y de la
voracidad administrativa de la
Revolución Bolivariana.
Román J. Duque
Corredor
Caracas, diciembre de 2015.
PRIMERA
PARTE
1
Transparencia
administrativa y gobernabilidad democrática.
La
ética en el ejercicio del poder público
es uno de los principios o valores que debe orientar la política
anticorrupción por parte de los
diferentes Estados americanos, obligados como están por la Convención
Interamericana contra la Corrupción, del
27 de marzo de 1997, de adoptar medidas para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción. Por
ello, un marco legal efectivo, la transparencia administrativa, el derecho de
acceso a la información en materia de asuntos públicos y su control por órganos
independientes, y por la sociedad civil constituyen instrumentos de la
práctica anticorrupción por parte de los Estados. Esta práctica o política se inscribe dentro
del ejercicio legítimo de la democracia, puesto que, como se reconoce en el
artículo 4º, de la Carta Democrática Interamericana, uno de los
componentes fundamentales de la democracia es la transparencia de
las actividades gubernamentales. Al igual que la Convención contra la
Corrupción esta Carta considera la ética como uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico del Estado democrático y social de
Derecho. No cabe duda, pues, que lo que se conoce como
gobernabilidad democrática, tiene en la transparencia y en el control de la
corrupción de la gestión pública uno de sus
componentes esenciales.
Ello implica que en las instituciones democráticas deben construirse mecanismos
independientes de información y de comunicación y de inspección de los procesos
de las políticas públicas,
por lo que ello significa para la formulación de estándares de
conducta de ética pública. En otras palabras, que la
gobernabilidad democrática es no solo la que evita
regresiones autoritarias, realiza elecciones periódicas o lleva a cabo programas de justicia social
para reducir los márgenes de pobreza,
sino también la que logra la confiabilidad de las decisiones
gubernamentales y evita la impunidad, precisamente por los niveles de ética y
de buen desempeño que deben presidir esas decisiones y por el
funcionamiento eficiente de los órganos independientes de control de la
corrupción. Por esta razón, la
transparencia, la probidad, la información ciudadana, la rendición de
cuentas y la prevención y el control contra la corrupción son
determinantes de la honradez, eficiencia, confiabilidad y responsabilidad
de las administraciones públicas en una verdadera gobernabilidad
democrática. Dentro de esa
gobernabilidad la participación
ciudadana en el control de la gestión pública ha de ser garantizada, puesto
que, como sucede en Venezuela, es un derecho político por lo que es obligación
del Estado y deber de la sociedad la de facilitar la generación de condiciones
más favorable para su práctica, como se estatuye en el artículo 62, de la
Constitución vigente.
En concreto, que la transparencia
y el control de corrupción es uno de los principios que debe
regir la administración de los bienes
y recursos públicos y la actuación de los gobernantes, lo cual fortalece la democracia y el
buen gobierno, así como la plena
vigencia del Estado de Derecho, a través del acceso a la información pública y
de la efectiva participación de todas las personas en la toma de decisiones de
interés general y en la fiscalización y control de los actos públicos del
Estado. Principios estos, que incluso se recogen en la Constitución de
Venezuela de 1999, frente a una realidad que es todo lo contrario.
2
Casos emblemáticos y Niveles de Corrupción Desastrosos.
Cuando la gestión de los gobiernos es caracterizada
por casos de corrupción que adquieren características de suprema gravedad, por
la forma cómo se suceden, por los personeros gubernamentales envueltos; las
sumas y recursos aprovechados o dilapidados ilícitamente; por la ausencia de
una legislación efectiva o de su inaplicación
y de controles preventivos y
correctivos de la mala administración;
por su reiteración, o por la indolencia,
la complicidad o falta de independencia de los poderes públicos a cargo
de esos controles y, por su nexos con el tráfico internacional de
drogas o con otros gobiernos o con sectores privados; y por
la ausencia de una voluntad política de erradicar la corrupción por parte de
los gobiernos, que llega incluso hasta
contaminar procesos electorales y a afectar el bienestar y la calidad de vida
de la población, puede concluirse que no existe gobernabilidad democrática, o
que está seriamente debilitada o afectada.
Esos casos se
constituyen en emblemáticos del nivel de
corrupción existente en un país. Y, que evidentemente sirven para
calificar a los países dentro de los
índices de corrupción como “países con
niveles de corrupción desenfrenados”.
Por ejemplo, según los últimos
Reportes que el Centro de Estudios de la
Justicia en América, de la OEA, ha
venido elaborando desde el año 2000, en lo que se refiere al control de la
corrupción, respecto del sector público, en una escala donde 10 puntos es el
grado de país sin corrupción y 0 puntos es la calificación de país corrupto,
Venezuela, con el grado de 1.9, puntos, se encuentra entre los países que no
superan la marca de 3 puntos. Es decir, dentro de los países con niveles de “corrupción desenfrenados”.
Calificación en la que coinciden, por ejemplo, Transparencia Internacional, en
su tradicional Índice de Percepción de la Corrupción, el cual señala que solo cuatro (4) de los 20 países latinoamericanos, logran 50 o más puntos,
sobre un máximo de corrupción mínima de 100,
y que en el “vagón de la cola” de los países percibidos como los más
corruptos, se sitúa a Venezuela con 19
puntos. Pero
el problema tiene una dimensión más amplia, puesto que en el Índice de Percepción de Corrupción
(IPC) correspondiente al 2013, publicado
por la organización Transparencia
Internacional, se ubicó a Venezuela en el puesto
160 entre 177 países, con un puntaje de 20 sobre 100, como un país con alto grado de
corrupción. Y según el Barómetro Global de Corrupción de esta misma
Organización, para el 2013, el 74% de
los venezolanos encuestados creen que el poder judicial está entre los sectores
extremadamente corruptos, entre otros, con los de la administración pública y
de los militares.
El
escritor Andrés
Oppenheimer, en reciente
artículo publicado en el Diario New Herald,
que denomina “Una receta contra la corrupción”, de fecha 6 de junio de
2015, a propósito de
este tema, recuerda el viejo chiste sobre
la corrupción en América Latina de la reunión
de q funcionarios de varios países a los que se les hizo la misma pregunta: “Honestamente: ¿cuál es su
opinión sobre el problema del hambre en el resto del mundo?”. El funcionario
suizo, asombrado, respondió: “¿Hambre? ¿Qué significa hambre?”. El funcionario
cubano, igualmente perplejo, contestó, “¿Opinión? ¿Qué significa opinión?”. El
funcionario estadounidense dijo “¿El resto del mundo? ¿Qué significa el resto
del mundo?”. Y el funcionario argentino dijo: “¿Honestamente? ¿Qué significa
honestamente?”. Y a propósito de este chiste,
Oppenheimer se refiere al libro de los autores suecos Dag Detter y
Stefan Folster, titulado “La riqueza pública de las naciones”, en donde proponen una manera audaz para luchar contra la
corrupción: la creación de Fondos Nacionales Independientes de Riqueza, que ya
existen en Singapur y Austria, para
evitar el uso discrecional de los bienes del Estado por parte de funcionarios
gubernamentales. Y sobre este planteamiento Oppehaimer señala la conveniencia
de estudiar su establecimiento en en
América Latina, donde los escándalos de corrupción que involucran a empresas
estatales y funcionarios públicos o sus parientes están en las primeras planas
de Brasil, Argentina, México, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá, Venezuela e incluso Chile, considerado durante mucho
tiempo como el país menos corrupto de la región. Al referirse a Venezuela, Oppenheimer afirma
que, los funcionarios públicos y los militares se han enriquecido tanto a costa
del erario público que muchos se refieren a la élite “revolucionaria” como una
“cleptocracia” y que, por ello, Venezuela ha sido clasificado por Transparencia
Internacional como el país más corrupto de América Latina, y uno de los más
corruptos del mundo. Este analista considera que la separación de poderes,
junto con una prensa independiente, son los medios tradicionales de la lucha
contra la corrupción, pero que Dag Detter y Stefan Folster, dan un paso más allá´, cuando dicen que: “La riqueza pública de las
naciones, además de una democracia que
funcione, los países necesitan crear Fondos Nacionales de Riqueza, o empresas
independientes dirigidas por administradores profesionales para gestionar los
bienes públicos, ya se trate de empresas estatales, edificios, o monumentos
históricos”. En este orden de
ideas, los autores suecos citados,
sostienen que en la tesis de los fondos
nacionales de riqueza, lo que realmente
importa es la calidad de la gestión de los bienes públicos, y aislar los bienes
estatales de las manos de los políticos,
en lugar de centrarse en la
propiedad de los bienes estatales, por
lo que el debate debería centrarse en
las utilidades de estos bienes, de modo que puedan ser utilizadas para
construir más escuelas, puentes y hospitales.
“La riqueza pública puede ser una maldición si se deja como una bolsa de
caramelos abierta, que tienta a los funcionarios públicos con la corrupción y
el clientelismo”, afirman estos autores. “Esto no quiere decir que toda la
riqueza deba ser privatizada. El proceso de privatización también ofrece
oportunidades tentadoras para el enriquecimiento rápido, el amiguismo, la
corrupción y la regulación disfuncional”.
Oppenheimer refiere que en una entrevista telefónica, el co-autor
Detter, un ex banquero de inversión y ex funcionario del Ministerio de
Industrias de Suecia, le dijo que
decenas de países de todo el mundo ya tienen organismos independientes para
gestionar los bienes públicos de manera más eficiente. Pero muchos de ellos no
funcionan porque son agencias gubernamentales, en lugar de empresas autónomas
cuyos directores son responsables ante inversionistas y socios comerciales.
Y que
varios países ya tienen versiones limitadas de Fondos Nacionales de Riqueza. Así como que,
por lo general, el Congreso de estos países elige un consejo de
directores externos, que contratan a un equipo de gerentes profesionales
externos. Estos, a su vez, hacen una lista de los bienes del Estado, los hacen
evaluar para determinar el valor de mercado de cada uno, y deciden qué hacer
con cada uno de ellos. Oppenheimer indica que
Detter le dijo que en Singapur, Temasek, la versión de un Fondo Nacional
de Riqueza de ese país, ha tenido utilidades anuales promedio del 16 por ciento
desde que se creó en 1974 y que eso ha
permitido que el gobierno reciba como dividendo un porcentaje de estas
utilidades, y las utilice para la educación, la salud, o la infraestructura,
dijo. Y que Detter concluyó afirmando:
“Esto podría funcionar muy bien en América Latina”. “Esa es la mejor manera de
combatir la corrupción”. Y en opinión
de Oppenheimer: “Ya hay muchas empresas público-privadas en América Latina que
trabajan en forma parecida, pero no una empresa independiente nacional que
administre todos los bienes estatales, con directivos que tengan mayor
responsabilidad ante la ley que los funcionarios públicos”.
Ciertamente que el mejor ejemplo de la
administración de los bienes y capitales públicos como una “bolsa de caramelos”, lo es
el Fondo de Desarrollo Endógeno (FONDEN), que por estar administrado por funcionarios
militares y civiles, sin ningún tipo de
control y sin auditoría independiente alguna,
dispusieron de miles de millones de dólares, que se estiman en 29 mil millones, producto de las exportaciones
petroleras, sin que se sepa su paradero,
a lo cual se refiere el Numeral
3.2., de la Segunda Parte, del presente
trabajo.
SEGUNDA PARTE
1
Casos emblemáticos de corrupción en Venezuela
Sin seguir un orden cronológico, pero sí de su
gravedad, me referiré a los casos más característicos del nivel de corrupción
desenfrenado en Venezuela, limitándome simplemente a lo informativo y no a su
análisis jurídico, o político. Casos
estos algunos de ellos reconocidos como tales por el Estado venezolano, hasta
el punto que su Ministerio Público ha anunciado que procederá a su
investigación, e incluso que son
reseñados en reportes internacionales y nacionales como hechos
comunicacionales. Al limitarme a lo
informativo procuro que no se me atribuya una percepción personal en la
calificación de emblemáticos de corrupción de tales casos.
1.1
Caso Fondo Chino
El 8 de julio de 2013
Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo
Chino, quienes se habrían robado
unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los
años 2011 y 2012. Unos días después fueron detenidas varias personas más.
También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de
2014 se arrestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones
de dólares. El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica
también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares. El Ministerio Público, acusó al ex gerente de operaciones del Fondo
Chino de Venezuela, Javier Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación con el
desfalco de más de 84 millones de dólares, que fueron asignados a ese organismo durante los años
2011-2012, con el propósito de
desarrollar planes para la producción de alimentos en el país, consistente en desembolsos irregulares de
fondos económicos autorizados por el Fondo Chino Venezolano y pagados por el
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a las empresas
Kelora S.A (22 millones de dólares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62
millones de dólares). Recursos estos que
fueron desembolsados sin ningún tipo de control. Al presente se han detenido (8) presuntos implicados en el desfalco del Fondo Chino Venezolano, y en declaraciones del Ministro de
Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se
reconoce que los involucrados
habrían sacado 84 millones de dólares,
que estaban destinados a proyectos agrícolas.
1.2.
Según Reuters, del Fondo de Desarrollo Endógeno (FONDEN) desaparecieron miles de millones de dólares producto de las
exportaciones petroleras sin que se sepa su paradero, y de acuerdo con
especialistas, fundamentalmente porque
FONDEN se maneja sin ningún tipo control.
Sobre el particular, en agosto de 2011 el diputado opositor Carlos Ramos, denunció que se desconocía el
paradero de más de 29 mil millones de dólares de FONDEN. Se cita dentro de este caso de corrupción que
uno de los proyectos que ha recibido
cientos de millones de dólares por parte de FONDEN y que no ha avanzado es el
de la empresa de aluminio Serlaca
en Caicara del Orinoco. Para 2011 se habían gastado más de 312 millones de
dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían
estado paralizados por meses. FONDEN también había sido usada para comprar el
edificio de la nueva embajada en Moscú por 46 millones de dólares y para
adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de 2007 y
ello a pesar que según las propias reglas de FONDEN sus recursos no pueden usarse para adquirir bienes inmuebles o
vehículos.
1.3
Caso Reventa de bonos argentinos
Venezuela adquirió entre
2005 y 2008 más de 5.600 millones de
dólares en bonos de la deuda pública argentina, a una tasa oficial de 2.150
bolívares, antiguos, y, sin proceso licitatorio se vendieron a terceros en el
mercado negro en que la ganancia alcanzó
hasta 200%. El periodista y
Director del Diario “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, calificó esta operación de “El robo del siglo”, y el economista Orlando Ochoa se refirió a
esta negociación como “el caso de
corrupción más grande en la historia de
Venezuela”, la cual justificó el
gobierno, a través del entonces Ministro de Finanzas, Rafael Isea, diciendo que
“en una subasta no se controla el
precio”.
1.4.
Caso CADIVI (Comisión de Administración de
Divisas)
El control de cambio vigente en
Venezuela partir de 2003, manejado por
CADIVI ha sido considerado uno de
los más grandes casos de corrupción en el país y a medida que el bolívar se ha venido
sobrevaluando, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en
el mercado negro, de lo cual se han
favorecido diversas empresas a las que les ha sido posible conseguir el dólar
barato. De
acuerdo con fuentes oficiales, el Estado
sufrió un fraude en la adquisición de divisas de más de 20.000 millones de
dólares en 2012, por parte de “empresas de maletín o fantasmas”, que
fingían operaciones para adquirir la moneda extranjera, lo cual fue reconocido
incluso por el Presidente venezolano,
admitiendo que CADIVI es la principal ventanilla de entrega de
divisas en el país durante años y que había sido “perforado” por los delincuentes y
que puso en marcha una reorganización completa del sistema de
divisas. Ya, en el
2004 una directora de CADIVI,
Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un
pago, pero esta negó haber estado involucrada en ningún caso irregular. En
cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos
irregulares.
La Fiscal General de la República ha ido publicando el nombre de más de 110
empresas que están siendo investigadas por supuestos delitos cambiarios. Desde
2012 se venía denunciando que numerosas empresas importadoras abusaban
de este sistema. Lo determinante de este caso, es
que la administración de las divisas y
su adquisición están totalmente bajo un estricto y absoluto control de por
parte del gobierno. En este caso de
fraude es sintomático del nivel de corrupción
que la asignación de las divisas se hace mediante el sistema llamado
SITME, que es manejado directamente por el Banco Central de Venezuela y según
el propio Ex Ministro Jorge Giordani en
las importaciones del 2012 se defraudaron esos 20.000 millones de dólares, que
las corrientes del Partido de Gobierno PSUV, “Punta de Lanza y Marea Socialista”, lo calificaron de “desfalco continuado”. De este desfalco
sólo ha sido condenado un funcionario, William José Rojas Graterol, quien trabajo en CADIVI y el
2013 admitió haber participado en la constitución de 30 empresas fantasmas
destinadas a la adquisición de dólares preferenciales, y que lo hizo bajo
presión, y quien estando bajo libertad condicional
participó como candidato a Alcalde del Municipio Peña del Estado Yaracuy.
Hasta fines de agosto la Fiscalía General de la República no ha informado sobre
el inicio de averiguaciones contra los militares activos y retirados que
dirigieron CADIVI, de los cuales solo uno de ellos, quien fue Gerente de
Importaciones y Seguimiento de Exportaciones, está procesado.
Según el politólogo Nicmer Evans, de
tendencia oficialista, en 11 años
de control de cambio la fuga de capitales se calcula en 160 mil millones de dólares, a lo que se
agrega la denuncia mencionada de una
estafa incalculable en el año 2012 de 20 millones de dólares en el proceso de
asignación de divisas a través del Sitme y Cadivi, y que aún hoy, según
denuncia de Marea Socialista y Punta de Lanza, sigue pero ahora en Cencoex.
Todo ello, afirma, dentro de una gran impunidad, por lo que para exterminarla
solicitó al gobierno, el pasado 1° de
septiembre de 2014, una auditoría
independiente.
El
control cambiario ha
continuado siendo objeto de denuncias de casos de corrupción en los
últimos tiempos. Para 2013 el presidente
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al
menos $21.000.000.000 en dólares a precio preferencial se entregaron a diversas empresas para
importaciones esenciales que jamás fueron realizadas. Las entregas se habrían realizado entre
2012 y 2013. Edmée Betancourt, para
aquel entonces presidenta del Banco
Central de Venezuela, y Jorge Giordani, Ministro de Finanzas, habían
estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados
para empresas ficticias. Enrique Capriles y otros miembros de la oposición han
exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas
implicadas. En 2014 se supo que el
coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de
23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos
Venenceres, empresas constituidas en 201, 0 propiedad del teniente coronel
Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la
Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar
alimentos a MERCAL, presidida por el
coronel Félix Osorio, otro oficial de la
misma promoción militar
1.5.
Caso PDVAL de alimentos vencidos y desviados que se conoce como “PUDREVAL”
Este caso
de corrupción se relaciona con la aparición de miles de toneladas de
alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en
el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una
tasa de cambio baja. La diputada regional opositora Neidy Rosal
fue una de las primeras personas
en denunciar el caso, y, pedía en 2012,
que se llevase a cabo un juicio oral y
público de los acusados y que se iniciasen averiguaciones a las juntas
directivas de BARIVEN, PDVSA y a
funcionarios de los Ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.
En
2010, el
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Puerto Cabello, Estado
Carabobo, encontró 1.196 contenedores con 36.000 toneladas de
alimentos descompuestos, que habían sido importados por PDVAL y por lo cual fueron
acusados Luis Pulido, ex presidente de PDVAL, en la entidad, y Ronald Flores, ex gerente general de dicha
distribuidora de alimentos. Se señaló
que en la operación de importación
habían participado asesores del gobierno cubano. Pero, este
no es el único caso
denunciado de corrupción en las redes de distribución de alimentos
del Estado. Cinco
personas fueron imputadas en julio de 2013,
en el Estado Zulia por un desvío
de 11 toneladas de mercancía de PDVAL
hacia Colombia. Y según un
informe de la Contraloría General de la República, en
el Programa de Alimentación Escolar
(PAE), en 42 planteles educativos
en 2012, se detectó malversación de fondos y sobreprecio.
Es de hacer notar, que la importación y la distribución de alimentos en
Venezuela están en más del 70 % bajo el
control del Estado, a través de PDVAL,
que es una empresa de PDVSA y de sus centros de acopio y de
comercialización. Se ha denunciado
que más de 120.000 toneladas de alimentos importados con dólares preferenciales habían sido dejadas pagando flete en los puertos del país. Según el Ministerio Público, se perdieron
2.200 millones de dólares que hubieran servido para comprar más del doble de
los productos lácteos que cada año se consumen en el país. Tres años después,
el caso es seguido por cinco tribunales y los únicos tres imputados esperan al sexto
juez desde sus casas.
1.6.
Caso de Fondos Comunales
El Director del área de corrupción del
Ministerio Público, Nelson Mejía, declaró, en el 2011, que desde este
año se investigan 1.500 casos de
presuntas irregularidades en las organizaciones populares llamadas consejos
comunales, que están bajo el dominio del partido oficial y cuyos fondos son
entregados por el Ministerio del ramo. La
Contralora General de la
República, Adelina González, informó que 30%
de los casos que investigan se refieren a irregularidades administrativas en
los consejos comunales relativos a contrataciones de obra no ejecutadas o a empresas fantasmas
o de sobreprecios, y al pago de activistas políticos.
1.7.
Caso de Sobornos por
empresas extranjeras
El
Departamento de Justicia y la Comisión de Valores
e intercambios de los Estados Unidos inició en el 2010 investigaciones por irregularidades a
empresas estadounidenses
establecidas en Venezuela, de acuerdo con la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero, con el fin de sancionar sobornos cometidos en el exterior para la obtención y
la prolongación de negocios, así
como para "cualquier otra ventaja inapropiada". Tres firmas de EEUU fueron sometidas a
investigaciones vinculadas a sobornos en contratos con el sector
petrolero venezolano. Entre las firmas
investigadas figura la compañía de perforación
Pride International Inc., la
filial local de la alemana Siemens, por cuanto funcionarios venezolanos habrían sido
sobornados con pagos a cuentas en EEUU para garantizar el apoyo político a los
proyectos de la firma europea en el país. El caso de soborno Siemens salió a la luz pública
cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens
Venezuela admitió que entre noviembre de 2001 y mayo de 2007 realizó pagos de
al menos $18.782.965 a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato
favorable con dos proyectos de metros para las ciudades de Valencia y Maracaibo.
Edgar C. Otálvora, analista político venezolano y ex
diplomático, en su “Informe Otálvora de 2015: Abren proceso a Lula por financiar a Cuba y Venezuela” , dice que una investigación criminal
contra el ex presidente brasileño Lula da Silva fue abierta en Brasil a
mediados del mes de abril del 2015, por los contratos para la construcción
de puentes sobre el río Orinoco y
de obras del metro de Caracas, según i la Revista
Cambio del 30 de abril del mismo año,
lo cual se agrega a las denuncias de corrupción cometidos por altos personeros
del gobernante Partido de los Trabajadores,
en beneficio de la organización partidista y de grandes empresas
privadas brasileñas. Señala Otálvora que en su “Informe
Otálvora del 23MAR14, publicado por Diario Las Américas, había reseñado las gestiones de Lula ante gobiernos
extranjeros, quién desempeñó la Presidencia
del Brasil hasta el 31 de diciembre del
2010 pero que continuó como promotor de empresas
brasileñas. En este
Informe Otálvora afirma: “En la noche del 02JUN11, procedente de Cuba,
Lula visitó a Chávez acompañado del presidente del Consejo Administrativo de
Odebrecht, Emilio Odebrecht. El Gobierno venezolano mantenía una milmillonaria
deuda con la constructora Odebrecht. La visita de Lula al palacio presidencial
de Miraflores coincidió con el pago de parte de lo adeudado, según varias
fuentes. Esa noche, también, Chávez asignó a Odebrecht un nuevo contrato por
US$ 4.000 millones”. Esta información, según Otálvora, fue posteriormente corroborada por diversos
medios brasileños, que resaltaban que las relaciones “ideológicas” de Lula y el
chavismo, “aceitataban” mecanismos administrativos entre el régimen venezolano
y las empresas brasileñas beneficiarias
de obras públicas asignadas usualmente sin licitaciones. Pero Lula, de acuerdo con el Informe Otálvora del 23MAR14, no se habría limitado a valerse de sus
relaciones políticas para “ayudar” empresarios en complicados trámites ante
otros gobiernos. La Procuraduría de la República de Brasil sospechó que Lula desde fuera de la Presidencia y
valiéndose de sus influencias, canalizó recursos del estatal Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES)
hacia obras ejecutadas por la Constructora Odebrecht de la cual es
lobista, para los gobiernos de República Dominicana y Cuba. Según la revista
Época, el BNDES otorgó US$ 4 mil
millones para proyectos asignados a Odebrecht en Venezuela, Cuba, República
Dominicana y Gana, durante los gobiernos de Lula y Rousseff, sobre las cuales
existen sospechas de sobrefacturación, además de haber contado con condiciones
excepcionales de financiamiento y sin garantías de ejecución. “Tráfico de
influencia en transacción internacional” y “Tráfico de influencia”, delitos
tipificados en el Código Penal brasileño, serían los señalados a Lula en la
apertura de las investigaciones judiciales, agrega Otálvora y que el Ministerio Público brasileño había venido
investigando la asignación de
créditos del BNDES a gobiernos extranjeros desde el año 2011, estando ya
Lula fuera del Gobierno. Varias fuentes brasileñas, consultadas por este
Informe Otálvora del 23MAR14, aseguran
que el propósito de la investigación fue
el de revisar todos los créditos concedidos por BNDES a constructoras
brasileñas para ejecutar obras en el extranjero durante los gobiernos del
Partido de los Trabajadores (PT),
iniciados en 2003. Por ejemplo,
El puerto de Mariel en Cuba, los puentes sobre el río Orinoco en
Venezuela, las obras del metro de Caracas, la central termoeléctrica dominicana
de Punta Catalina, estaban en el listado
de obras en entredicho. Para las
obras el puerto de Mariel, proyecto
central en la estrategia del régimen cubano de apertura económica, el BNDES
habría aportado, según algunas fuentes, US$ 628 millones equivalentes al 72%
del valor declarado de las obras. Otras fuentes
estiman en US$1.092 millones el total de recursos brasileños canalizados
al puerto de Mariel, el cual fue “inaugurado” por Raúl Castro y Dilma Rousseff
el 27 de enero de 2014, que fue visitado
por Lula un mes después.
En las fuentes
consultadas por Otálvora se señala la falta
de precisión sobre los montos aportados por Brasil para obras de
gobiernos aliados de Lula en razón del
secreto legal con el cual el BNDES maneja el tema. Sin embargo, en revisiones recientes realizadas por el
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil se
habrían evidenciado que los créditos para obras en países como Venezuela
o Cuba durante los gobiernos PT, eran decididos mediante acuerdos políticos de
Lula con los hermanos Castro o Hugo Chávez.
Los fondos eran entregados a la empresa constructora brasileña sin avales
ni fianzas de cumplimiento, por cuanto oficialmente el deudor era el gobierno
extranjero. La revista Época, en su
edición del 4 de abril de 2015 se
refirió a las obras del Metro de
Caracas, negociadas por Lula y Chávez en 2009, asignadas sin licitación a
Odebrecht con financiamiento del BNDES por US$ 747 millones. El 29 de abril del
mismo año, la bancada opositora en el Senado brasileño impuso un cambio en la
legislación referida al financiamiento otorgado por el BNDES a gobiernos
extranjeros, o La Medida Provisoria 661,
para poner fin al secreto alegado por el
BNDES sobre los términos de financiamiento de proyectos a gobiernos
extranjeros. Dice Otálvora, que al momento de redactar su Informe “Abren proceso a
Lula por financiar a Cuba y Venezuela”, la
presidente Rousseff no había sancionado o vetado la reforma legal. De acuerdo con las investigaciones, no es
Lula el único jerarca político brasileño que opera como intermediario entre
gobiernos extranjeros y las grandes empresas de ese país. José Zé Dirceu,
cofundador del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, junto a Lula, habría estado muy activo
conectando empresas brasileñas con diversos gobiernos extranjeros,
especialmente con el de Hugo
Chávez. Dirceu, quien fuera ministro de
la Casa Civil (Presidencia) al principio del gobierno de Lula, fue enjuiciado y
encontrado culpable en 2012 por corrupción, como jefe del esquema de compra de
votos de parlamentarios con recursos públicos. Ese caso, denominado como
“Escândalo do Mensalão”, hizo que Dirceu saliera del gobierno Lula en 2005 y
fuera desaforado de su condición de diputado. Dirceu se convirtió en un
sigiloso operador político del lulismo y en “asesor” de empresas brasileñas y
extranjeras a las cuales ofrecía su conocimiento y relaciones dentro del
gobierno de Lula y Dilma Rousseff, así como sus especiales relaciones con
gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. El nombre de la
empresa de Zé Dirceu, JD Assessoria e Consultoria, apareció en el listado de
receptores de inusuales pagos procedentes de empresas involucradas en el
esquema de corrupción con Petrobras, conocido como “Lava Jato”. Este caso,
actualmente ya en tribunales, involucra a grandes consorcios brasileños como
OAS, Camargo Corrêa, Odebrecht, Engevix, UTC, Queiroz Galvão, Mendes Júnior,
Galvão Engenharia e IESA Óleo & Gásempresas. Al respecto Otálvora comenta que las
empresas, muchas de ellas beneficiarias también de negocios con gobiernos
extranjeros amigos de Lula, habrían recibido contratos de Petrobras sin
licitación a cambio de financiamiento orientado al PT y a sus altos
dirigentes. El escándalo Lava Jato
apunta directamente hacia Dilma Rousseff quien fue Presidente de la Junta
Administradora de Petrobras, amén de que en su condición de candidata
presidencial del PT su campaña podría tener un efecto colateral en las
investigaciones del escándalo Lava Jato, como lo ha sido el descubrimiento de las actividades
de “asesoría internacional” de Dirceu, quien al igual que Lula se dedicó a
abrir las puertas del despacho presidencial venezolano a cambio de recompensas.
Aldo Vendramin, dueño de una empresa brasileña constructora basada en el estado
de Paraná, reveló a las autoridades judiciales y ante la prensa haber pagado
para lograr acceso a Hugo Chávez. La empresa de Vendramin, ConsiluxTecnologia,
que no forma parte de las grandes constructoras brasileñas, obtuvo contratos
del gobierno Chávez en 2006, tras un viaje de empresarios a Caracas organizado
por el entonces gobernador de Paraná y actual senador proficialista Roberto
Requião. Según Vendramin, desde 2011 contrató a Dirceu para procurar el pago de
acreencias del gobierno de Venezuela.
“Dirceu me llevó tres veces para habar personalmente con Chávez y
después de eso el dinero comenzó a salir más rápido”, confesó Vendramin al
diario paulista Folha. La gigantesca minera Vale do Rio Doce, igualmente,
habría contratado a Dirceu para ser recibidos por Chávez y Fidel Castro. La productora
de bebidas brasileña Ambev, según el diario O Globo, contrató a Dirceu para
impedir que Chávez ordenara la expropiación de sus plantas en Venezuela. Un
nombre especialmente notable en la lista de clientes de Zé Dirceu es el
venezolano Gustavo Cisneros, quien habría contratado al brasileño para realizar
tareas de lobby ante el gobierno de Hugo Chávez. A mediados de 2012 vencía la concesión del
canal de señal abierta Venevisión y Cisneros habría recurrido a los amigos
izquierdista brasileños de Chávez para garantizarse la renovación. El 23 de
mayo de 2012, la concesión de Venevisión fue renovada por cinco años.
Otálvora, en su
Informe del 2015 observa que el
enjuiciamiento de Lula da Silva y un juicio político contra Dilma Rousseff ya
entraron en la agenda política de Brasil.
Asimismo comenta que el empresariado y el principal partido opositor
PSDB de Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves
se muestran aún dudosos de aventurarse en un proceso para la destitución
de Rousseff, pero que la posibilidad de
neutralizar judicialmente a Lula comienza a ganar apoyos. Cardoso se muestra
poco ganado a una ruta que conduzca a destituir a la Presidente, mientras su
partido ordenó que un grupo de juristas estudien la viabilidad legal de un
proceso de impeachment. El influyente
senador Aloysio Nunes escribió en su
cuenta Facebook el 27ABR15: “el Impeachment es camino difícil (…) Defiendo
abrir una investigación [a Rousseff] por crimen común contra la Ley de
Responsabilidad Fiscal”. Para Otálvora
el impeachment sólo prosperaría con los votos del PMDB en el Congreso, pero
ello podría empujar al precipicio al propio Vicepresidente Michel Temer, cabeza
de ese partido. La falta de
precisión sobre los montos aportados por Brasil para obras de gobiernos
1.8
Caso estafa de fondos de
trabajadores de PDVSA, Caso de
intermediación de bonos del BANDES
y Caso Derwick.
Un caso emblemático, en
Connecticut, es el del banquero
venezolano-estadounidense Francisco Illaramendi, quien estableció un
esquema Ponzi de una
operación fraudulenta de inversión de
pago de intereses con 500 millones de dólares
provenientes de Fondos de Ahorro de Trabajadores y Jubilados de PDVSA,
del cual era su administrador designado por esta empresa estatal, y cuya investigación reveló sobornos a ejecutivos de esta empresa
petrolera y a un ex ejecutivo de la petrolera. En Venezuela, la Fiscalía
desestimó el hecho. El empresario Francisco
Illaramendi, quien había sido había sido consultor de
PDVSA y del Ministro de Finanzas, se declaró
culpable de estafa,
que se calcula en 540 millones de
dólares del referido fondo de
pensiones. La empresa estatal PDVSA
es la responsable de los
movimientos bancarios registrados en los fondos de los pensionados y por ende
de su control y supervisión.
Illaramendi, según informó AP,
fue condenado a 13 años de prisión por estafa de inversiones en
Connecticut, que los fiscales federales
calificaron del “mayor delito económico en la historia de Connecticut”, a quien
se le investigaba por presunto fraude en contra del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones de los Trabajadores de PDVSA.
Illaramendi se confesó culpable durante el juicio que se le siguió por
ante cortes federales estadunidenses. Se
le acusó de apropiarse de 20 millones de dólares por la estafa a que expuso a
inversionistas extranjeros a perder más
de 200 millones de dólares, en su
mayoría de PDVSA. Francisco Illaramendi, según el
Charlotte Observer, argumentó, en una
solicitud de clemencia, que fue utilizado “como un peón” por el gobierno de
Venezuela, diciendo que fue coaccionado por funcionarios corruptos para
encubrir las pérdidas en inversiones.
Illaramendi dijo en documentos judiciales presentados que él debería
recibir sentencia de no más de seis meses de arresto domiciliario, además del
tiempo que ya ha pasado en la cárcel. Los fiscales federales aún no han enviado
su recomendación para la sentencia, y un portavoz de la oficina del fiscal de
Estados Unidos, Tom Carson, dijo que respondería a las demandas de Illaramendi
en el tribunal. En la
representación judicial de su apoderado, Illaramendi dice que el delito
comenzó en 2005, cuando viajó a Venezuela para una boda y se le pidió a
negociar la venta de U$ 50 millones en notas bancarias por cuenta del gobierno
de Venezuela. Dijo el apoderado de
Illaramendi que el comprador se resistió y él trató de retirarse de la
transacción, pero recibió presiones de funcionarios del gobierno. Dijo en su presentación su abogado que “El
señor Illaramendi tuvo que cumplir con las demandas de los funcionarios
venezolanos corruptos, y no podía revelar la pérdida de los fondos bajo su
gestión por temor a que dicha divulgación pudiera implicar directamente a las
mismas personas que hicieron las amenazas contra él y su familia.
Otro caso es el
del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), por el que son investigados Thomas Alberto Clarke Bethancourt y José
Alejandro Hurtado, de la Casa de Bolsa Direct Access Partners de Nueva York, que
fueron señalados en
2013 por su vinculación con las irregularidades en la intermediación de bonos del Bandes, y en la cual María de los Ángeles González, vicepresidenta de este Banco,
fue imputada por recibir los sobornos.
Las
cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick
Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de
dólares a Diosdado Cabello entre otros
funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto
Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones
1.9
Caso Guido
Antonini Wilson conocido como “El Maletinazo”
El Maletinazo fue un caso que se originó
con la detención del empresario
venezolano Guido Antonini Wilson
en un aeropuerto de Argentina con 790.550 dólares sin declarar. Antonini fue
puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación
porque se le acusaba de portar dinero del gobierno venezolano que habría sido
dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto
de 2007 Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir
pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía
de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para
tratar de convencer a Antonini de que no revelase la relación entre el gobierno
de Chávez y el dinero del maletín. Guido Antonini
Wilson apareció el 4 de agosto de 2007 en Buenos Aires con casi 800.000
dólares, quien viajaba en un avión de PDVSA, con funcionarios venezolanos y
argentinos, con maletas de dinero en
efectivo sin ningún tipo de registro fiscal.
Posteriormente, Antonini apareció
en Miami como testigo protegido de un juicio, en el que declaró que la famosa
"valija" era una de varias
que sumaban 5 millones de dólares, que
estaban destinados para la
primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. La Fiscal Luisa Ortega Díaz advirtió que lo revelado en Estados Unidos no tenía
incidencia en Venezuela y el Contralor,
Clodosbaldo Russián, prometió investigar los hechos. La Asamblea Nacional se negó investigar este
caso de ilícito cambiario y de tráfico de influencias. En Estados Unidos se enjuiciaron a socios de
Antonini, mientras que en Venezuela y Argentina no se inició o no se concluyó
ninguna investigación. El Fiscal Thomas
Mulvihill declaró que el dinero iba para la campaña de Cristina Fernández.
1.10
Caso Corrupción en importaciones argentinas
El
embajador argentino, en
Venezuela, entre 2002 y 2005, Eduardo
Sadous, el 20 de abril de 2010, denuncio
cobro de comisiones entre 15% y 20% en los intercambios comerciales de los
convenios bilaterales entre los dos países, que fueron investigados por el Juez
Federal Julián Ercolini, y que determino
un demanda del Ministro de Planificación argentino Julio De Vido contra el embajador, pero la justicia argentina ordenó
seguir con la investigación. Recientemente, asociaciones de la Federación
Nacional de Entidades Arroceras y la Cámara de Industriales Arroceros de Entre
Ríos denunciaron ante el Ministerio de Agricultura de Argentina sobreprecios
cercanos al 30%, en exportaciones
de 80.000 toneladas de arroz a Venezuela
por una empresa desconocida en el
sector arrocero, por un total de 23 millones de dólares.
1.11
Caso Plan Bolívar 2000
El gobierno de Hugo Chávez llevo a cabo
programas sociales que ejecutó la Fuerza Armada Nacional, llamado Plan Bolívar 2000, que se extendió por más de tres años en donde
aparecieron facturas enmendadas y cheques
posdatados y cobrados en efectivo
bajo las órdenes del general Melvin
López Hidalgo. La Contraloría emitió un informe en que determinó varios
ilícitos, pero Chávez salió en defensa de los involucrados, diciendo que:
"A lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa (...) pero
no es para prender el ventilador". El
Plan Bolívar 2000 es considerado
uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período
de gobierno de Hugo Chávez. En 1999 el poder ejecutivo lanzó una serie de
proyectos bajo el nombre de Plan Bolívar 2000 que sería producto de una
"alianza cívico-militar". El programa se extendió hasta 2001, cuando
fue substituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36 mil millones de
bolívares y en el 2000 unos 37 mil
millones de bolívares y más de 150 millones de dólares, que desaparecieron de este plan sin rendición de
gastos. El programa estuvo a
cargo del general Víctor Cruz Weffer. El contralor general Eduardo Roche Lander
comenzó a investigar este caso en el mismo 1999. Entre otras cosas, detectó
irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad
Bolívar y Maturín. Una de las primeras
denuncias se refería al militar Manuel Rosendo. Aun así, Hugo Chávez declaró
públicamente que "a lo mejor es una falta administrativa que requiere una
multa; pero no es para prender el ventilador”. Otros militares denunciados
fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de la guarnición en Mérida, y el general Mervin
López Hidalgo, comandante de la división de Guárico. Solo un soldado y un
sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques
endosados por el general. El 7 de
septiembre de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia finalmente ordenó juzgar al
general Cruz Weffer por corrupción.
1.12
Caso Central Azucarero Ezequiel Zamora
En la construcción del Complejo Agroindustrial
Azucarero Ezequiel Zamora se detectaron
cheques clonados, nóminas infladas y partidas desviadas para la
remodelación de la sede del Comando Maisanta,
en Sabaneta de Barinas. La Comisión de Contraloría de la Asamblea
Nacional determinó un daño de 3,3 millardos de bolívares y señaló como
responsables a oficiales militares superiores y funcionarios como el entonces
Ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán. El proyecto fue bandera de
la transformación del campo, pero sobre el cual se hicieron varias denuncias de
corrupción que originalmente involucraron a asesores cubanos, pero, sin
embargo, el Gobierno finalmente aprobó más recursos para terminar la
construcción y no se concluyó enjuiciamiento algo en contra de los
responsables, salvo de algunos pocos oficiales, cuyo proceso no ha concluido.
1.13
Caso Makled y Narco
Tráfico
En el 2007 circuló una carta del Ministro de la Defensa,
Raúl Badell, quien en el 2010 fue condenado a 8 años de prisión por un supuesto
desfalco, solicitando al Presidente Hugo Chávez una investigación porque habían elementos que vinculaban al General
Henry Rangel Silva, quien después ocupó el mismo Ministerio, y al Coronel Pedro
Maggino, con un cargamento de 2.2 toneladas de cocaína procedente de la FARC y
que se había guardado en un Cuartel de la frontera con Colombia y que cuando
fue interceptado era transportado en un convoy militar. Según el Ex Magistrado
Eladio Aponte Aponte, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, hoy
protegido en Estados Unidos, como colaborador de la DEA, Chávez no acordó ninguna investigación sino
que además intervino ante los tribunales para que se escondiera la
denuncia. Walid Makled apareció en 2009 de tercero en la
lista de narcotraficantes más buscados por la Casa Blanca, a
quien autoridades militares y del Tribunal Supremo de Justicia le otorgaron carnets y el
Gobierno del Estado Carabobo concesiones y contratos. Makled
fue apresado en 2010 en Colombia, desde donde acusó a varios ministros
y a 15 generales por corrupción, de contrabando de armas para la guerrilla
colombiana y de tráfico de estupefacientes. Según las declaraciones del Ex
Magistrado Aponte Aponte publicadas en
un affidavit, otorgado en Costa Rica, no
se trataba de un caso aislado sino de
una planificación que hacía ver la existencia de una red de narcotráfico con oficiales militares. En
su declaración este Ex Magistrado, quien había sido Coronel, señaló que
había estado presente cuando el Director de Inteligencia Militar
(DIM), presentó su informe semanal al
Presidente sobre el tráfico de drogas y
su vinculación con militares y denominó
al General Cliver Alcalá, Comandante de la División Acorazada, como “zar de la droga”, y que con él colaboraba el Director de la
Oficina Nacional Antidroga, el Coronel Néstor Reverol. La organización Human Rights Foundation, en carta del 27 de septiembre del 2012,
considero graves las denuncias de Aponte Aponte y solicitó de la Relatora
Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, que investigara su propia confesión de
que como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia había estado
involucrado en hechos concretos de manipulación de la Justicia por parte del
Poder Ejecutivo. La Fiscalía General de
la República calificó de “delirios” las denuncias del Ex Magistrado Aponte Aponte
y afirmó que no las investigaría.
A los casos
anteriores se agrega el del General Hugo Carvajal, Ex Director de Inteligencia Militar, a quien
la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva
York, acusa que alrededor del 10 de abril de 2006, coordinó
el transporte de aproximadamente
5.600 kilogramos de cocaína desde Venezuela a México. Y la Fiscalía del Sur de la Florida acusó
también a este General y a otros
militares de altos cargos de asistir en las operaciones en Venezuela del Cartel
del Norte de El Valle, particularmente
del narcotraficante colombiano
Wilmer Arillo Varela, conocido como “Jabón”, que apareció muerto en el 2008, en la Ciudad
de Mérida. Carvajal fue arrestado en Aruba el 23 de julio del 2014
bajo pedido de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado, luego que el Gobierno de Holanda determinara que
Carvajal, contaba con inmunidad diplomática, puesto que previamente había sido
nombrado cónsul de Venezuela en la Isla
de Aruba, de las Antillas Menores, aún cuando no había recibido el placet del
Reino de los Países Bajos para ejercer el cargo, contaba de todos modos con la inmunidad
diplomática. Sin embargo, el Gobierno holandés lo expulso de Aruba. Igualmente
el empresario Walid Makled, acusado de
ser el dueño de un cargamento descubierto de 5 Toneladas de drogas en
México, en varias de las entrevistas que dio a la prensa en el 2010, cuando
estuvo preso en Colombia antes de que fuese extraditado a Venezuela, declaró
que altos funcionarios del chavismo, incluyendo a Carvajal, eran quienes
manejaban la logística de los envíos. El avión que llevaba el cargamento
aterrizó el 10 de abril del 2006 en la Ciudad del Carmen, México, tras declarar una emergencia cuando se
dirigía a Toluca. Según informes de la prensa, las autoridades mexicanas
entraron en sospecha que algo raro estaba pasando con el vuelo, ya que el avión
había salió de Venezuela rumbo a México pero al cumplirse una hora de vuelo la
aeronave regresó debido a una supuesta falla,
pero al poco
tiempo ratificó nuevamente su plan de vuelo hacia México. Las sospechas de las autoridades aumentaron
después que el avión aterrizó en Ciudad del Carmen, cuando personal del
aeropuerto trató de impedir el acceso de los agentes a la aeronave, argumentando que presentaba una
fuga de aceite y existía el peligro de que estallara. Las autoridades
estadounidenses eventualmente llegaron a la conclusión de que la droga
pertenecía a la organización de Makled, pero este empresario en las entrevistas que brindó
expresó que funcionarios venezolanos
estaban implicados en los envíos, y declaró al Diario La Verdad, que se le
acusaba haber sacado un Avión DC-9, con
5 toneladas de cocaína hacia México, desde el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía, de la rampa presidencial, y,
señaló, que de ser verdad lo que se
imputa, ¿ cómo pudo haberlo hecho solo?,
y afirmó también , en una entrevista en Colombia, que Carvajal formaba parte de la operación.
A lo anterior se suma también la información de El
Diario
ABC de España en su
edición del 27 de enero de 2015,
que da
cuenta que quien fuera jefe del primer anillo de seguridad del ex presidente
Hugo Chávez,
Leasmy Salazar,
pidió protección de la DEA (Drug Enforcement
Administration) en Estados Unidos, tras haber realizado fuertes señalamientos
contra importantes figuras del gobierno bolivariano de Venezuela. Concretamente
El ABC señala que Leasmy Salazar acusó a Diosdado Cabello, actualmente
Presidente de la Asamblea Nacional, de ser el máximo responsable del
narcotráfico para estatal
venezolano.
La información, publicada
por Emili Blasco en el ABC, afirma que Leasmy Salazar miembro de Casa Militar y
capitán de corbeta, se encuentra en los Estados Unidos, donde, según la
anterior información,
rindió impactantes
declaraciones bajo protección frente a un Fiscal de Nueva York
.
The Wall Street Journal,
por su parte, citando a más de una docena de
personas con conocimiento de las investigaciones, informó que Cabello se
encontraba en primer lugar en una lista de varios funcionarios venezolanos que
presuntamente colaboraron con narcotraficantes de cocaína, a los que habría
provisto de protección y ayuda para transformar al país en un centro global del
tráfico de esa droga.
Los investigadores
de EE.UU. , según este diario, señalaron que han avanzado sus casos significativamente
a lo largo de los últimos dos años, apoyados por un flujo constante de
informantes que buscaban cooperar con las autoridades de EE.UU. y escapar l de
a agitación política y económica
en
Venezuela.
Entre estos informantes
incluyen al ex jefe de la seguridad de Cabello que desertó a EE.UU., según
The Wall Street Journal.
El reportaje de
The Wall Street Journal circuló
ampliamente en los medios de comunicación del país en desafío a Cabello, quién
este año demandó a tres medios de noticias privados que informaron sobre
acusaciones previas de vínculos al narcotráfico. En ese momento, Cabello negó
las acusaciones. Cabello solicitó a la justicia que prohibiera la salida del
país de 22 ejecutivos y periodistas de esos tres grupos de medios.
Pero el informe de
The Wall Street Journal
si acertó en un aspecto,
como
lo reconoció el mismo
Cabello en
referencia a los comentarios del
periódico
sobre
un ex coronel venezolano sobre
su no lealtad al Presidente de la Asamblea
Nacional
.
CNN repitió la anterior información
señalando
que
según ese reporte, Cabello y militares a su
cargo dirigirían envíos de droga a Estados Unidos de ese cartel y que en las
declaraciones de Cabello por las que negó las denuncias a que hace referencia
The Wall Street Journal,
reconoció conocer a Salazar,
quien por más de una década formó parte del anillo de seguridad del Presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013,
y que Cabello había afirmado
que era una persona “cercana”, pero que pasó
a ser un “infiltrado”
.
The Wall Street Journal, en un artículo de Chris
Matthews, en Nueva York, amplia la anterior información señalando:
“funcionarios venezolanos, bajo sospecha de convertir el país en un centro
global de la cocaína y
de
lavado de dinero, según más de una
decena de personas al tanto de las indagaciones”.
Esta Diario señaló que una
división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en
Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos
utilizando pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que
eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas
armadas venezolanas,
según revelaron
estas personas,
de acuerdo con el referido
Diario.
Asimismo, citando esa fuente señala que “Hay amplia evidencia para justificar que él
es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel”, afirmó el funcionario del
Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales
militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados
en el narcotráfico. “Definitivamente
Cabello es un blanco principal”.
Funcionarios estadounidenses dicen que
han avanzado mucho en sus investigaciones. Sin embargo, agregan que es posible
que las posibles presentaciones de cargos permanezcan selladas hasta que las
autoridades puedan realizar detenciones, algo que sería difícil, si no
imposible, a menos que los acusados viajen al exterior. Las investigaciones son
una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen
funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades
combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$10.000 millones en
asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos
trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios
estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir,
y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.
Y de acuerdo con Joaquín Pérez, un abogado de
Miami que representa a narcotraficantes colombianos que han reconocido que
operan desde Venezuela,
“La mayoría de
los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo”.
Esta afirmación coincide con las
informaciones de los funcionarios estadunidenses
quienes señalan
que
Venezuela
no produce coca,
ni la
hoja que se usa para hacer cocaína, ni la
droga en sí, pero,
que se estima que de
131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en
Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen
cifras.
Los fiscales no apuntan al
presidente Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde la muerte de
Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad pública de
EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares
venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que
utilizan a Venezuela como el punto de partida para los envíos de cocaína a
EE.UU. y Europa.
La información de
The Wall
Street cita la declaración de Mildred Camero, quien presidió la Comisión
Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue
obligada a salir abruptamente en 2005,
quien indicó que Venezuela tiene “un gobierno narcotraficante y de
lavadores de dinero”.
Camero colaboró
con un libro,
Chavismo, narcotráfico y militarismo, en el cual afirmó
que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado,
nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que
presuntamente trabajaron con traficantes.
Las agencias de seguridad de EE.UU.,
han señalado, según The Wall Street,
que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, por
ser
un período en el que la economía de
Venezuela ha empeorado drásticamente y
el crimen desenfrenado se ha disparado,
lo que ha convertido a Venezuela en el país más violento del continente
y
ha motivado a la gente a emigrar.
La profunda crisis ha facilitado a las
autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo
trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos.
Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con
ansias de proporcionar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de
sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.
“A partir de la agitación en Venezuela, hemos
tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos”, precisó un fiscal federal
del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.
En enero, los investigadores de EE.UU.
lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar
desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado el equipo de
seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido
testigo de que éste supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde
la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del
caso.
Rafael Isea es otro ex funcionario
que ha estado hablando con investigadores. . Ex viceministro y por un breve
lapso Ministro de Finanzas y gobernador del Estado Aragua, Isea escapó de
Venezuela en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que Isea dijo a los
investigadores que Walid Makled, un jefe narco que ahora se encuentra en la
cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior, Tarek El Aissami, para enviar
cargamentos a través de Venezuela.
Casi
un año después de abandonar el país, Isea fue acusado de cometer
irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la Fiscal
General del país, y por El Aissami, quién lo sucedió como gobernador de
Aragua.
El Aissami acusó
a Isea de “traidor a la revolución
bolivariana” y
le imputó actos de
corrupción, pero admitió que se lo había callado porque Chávez le dijo que
guardara silencio para no perjudicarlo porque lo consideraba como un hijo, por
lo que el diputado Ismael García solicito su enjuiciamiento por complicidad
.
La información de
Chris Matthews que he venido citando indica
que además de El Aissami, otros funcionarios bajo investigación incluyen a Hugo
Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, Comandante
general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado
Cabello, Ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y
Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia
Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de
funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.
Hugo Carvajal, ex director de inteligencia
militar de Venezuela, acusado en Nueva York y Miami de cargos federales de
tráfico de droga, fue detenido el año pasado en Aruba a petición de EE.UU.,
pero fue liberado bajo el argumento de que tenía inmunidad diplomática.
Investigadores estadounidenses, de acuerdo
con la información de The Wall Street,
han construido trabajosamente casos contra funcionarios venezolanos
utilizando la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami,
dicen personas familiarizadas con el asunto,
que un elemento clave en dichas investigaciones fue un banda de
contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este
narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del Estado
occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se
habría encontrado con altos funcionarios venezolanos. La cocaína era trasladada
por barco o avión a islas del Caribe antes de alcanzar las costas de EE.UU.
Méndez Hurtado se declaró culpable en una Corte Federal de Miami en 2014 y
recibió una pena de prisión de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación
dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle
pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno
venezolano.
Otro caso judicial, que se
cita en esta fuente, es
en Brooklyn,
en el cual los fiscales han conocido las
complejidades del comercio de drogas en Venezuela después de romper una red de
contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró
culpable, según documentos judiciales. La cocaína era traída por la frontera
con Colombia y enviada al norte con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional
de Venezuela, a veces desde el aeropuerto de Maracaibo, la segunda ciudad del
país.
En 2010, la Fiscalía de Manhattan
hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano
acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello,
principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este,
que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales
venezolanos en su nómina. “Todos mis socios comerciales son generales”, dijo
entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo
acceso The Wall Street Journal. “Te estoy diciendo despachamos 300.000 kilos de
coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno”. Agentes de
la DEA entrevistaron a Makled en una prisión colombiana mientras se preparaban
para extraditarlo a Nueva York. Pero en cambio, Colombia lo extraditó en 2011 a
Venezuela, donde fue condenado por tráfico de drogas. El pasado febrero de 2014
fue condenado a 14 años y seis meses de cárcel. En julio del 2014, funcionarios
antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en
Miami y Nueva York de narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del
gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a
Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática. EE.UU. también
está recopilando información de los banqueros y financistas que manejan el
dinero de altos funcionarios venezolanos. Desde el año pasado, dicen personas
familiarizadas con el asunto, el gobierno de EE.UU. ha revocado las visas de al
menos 56 venezolanos, incluyendo banqueros y financistas cuyas identidades no
se han hecho públicas. Algunos han tratado de cooperar con los investigadores
con el fin de poder volver a ingresar a EE.UU. “Ellos están sacudiendo a todos
estos corredores de dinero”, dijo un abogado que representa a dos financistas
venezolanos que han tenido sus visas revocadas. “La información está llegando
muy rápidamente, señaló”
.
The New York Time (NYT) confirmó la información del The Wall
Street Journal, al
referirse a la
noticia de la
investigación
que fue reportada en
primera instancia por el diario The Wall Street Journal,
de que funcionarios venezolanos de alto rango son
objeto de una investigación por parte de autoridades estadounidenses, como
parte de una amplia pesquisa sobre la distribución de cocaína
en el hemisferio occidental,
según
dijeron funcionarios de inteligencia y seguridad estadounidenses,
afirma la nota de Michael S. Schmidt en el
New York Times del 21 de mayo de este año. Asegura el NYT que los funcionarios
consultados declararon en condición de anonimato, porque se trata de una
investigación en curso.
De acuerdo con
la nota de NYT autoridades venezolanas de alto rango son objeto de una
investigación por parte de autoridades estadounidenses.
La investigación, que
involucra acusaciones de lavado de dinero y tráfico de droga, está siendo
gestionada por la Administración de Control de Drogas (DEA), y se centra en uno
de los políticos más poderosos de Venezuela, el Presidente de la Asamblea
Nacional Diosdado Cabello, de acuerdo con funcionarios que
solicitaron el anonimato por tratarse de una investigación en curs
o. Una gran parte de la cocaína que viaja al
norte, hacia los Estados Unidos, pasa por Venezuela, según
funcionarios estadounidenses, a
menudo
en pequeños aviones que cargan y despegan de pistas de aterrizaje ocultas en el
Estado venezolano occidental de Apure. El presidente Hugo Chávez cortó la
cooperación con la DEA en 2005, acusando a la organización de espionaje. El
trasiego de drogas a través del país se incrementó después de eso. El
Departamento del Tesoro ha acusado a oficiales militares y funcionarios del
gobierno de trabajar con los traficantes. Acusaciones que Venezuela ha
rechazado como falsas.
El NYT recuerda
que en julio de 2014, un ex director de inteligencia de Venezuela, Hugo
Carvajal, fue detenido en Aruba, a petición de autoridades estadounidenses y
que una Fiscalía de Estados Unidos lo acusó de recibir dinero de un
narcotraficante colombiano y de facilitar en los envíos de cocaína a Estados
Unidos. Y que, Carvajal, quien había sido designado cónsul general en Aruba, en
última instancia, se le permitió regresar a Venezuela
.
NYT señala que
de forma anónima, el Departamento de Estado
de EE.UU confirmó la investigación contra Diosdado Cabello, más no emitió
juicio sobre la misma, ni sobre el artículo publicado por el Wall Street Journal,
como se pudo conocer a través del canal
internacional, CNN en Español. El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh
Earnest se pronunció sobre la situación de Venezuela, manifestando la
preocupación de los Estados Unidos por la obstrucción de los derechos en
Venezuela por parte del gobierno nacional. Sin embargo aseguró no tener
detalles sobre el informe aportado por el medio estadounidense. Un portavoz del
Departamento de Estado extendió un poco más su respuesta, aseverando que “no se
pronuncian sobre investigaciones en curso, cualquier consulta adicional debe
ser presentada al Departamento de Justicia”. No obstante continuó, según CNN en
Español: “En general hemos visto que Venezuela es un punto importante de
transbordo de drogas que carece de medidas policiales adecuadas, en parte
porque no participa de la cooperación estratégica, consistente y amplia de las
iniciativas antinarcóticos”. El Diario La Razón, de Madrid,
en información del 21 de mayo del 2015,
da cuenta de que “Maduro cierra fila con su
número dos”,
dando cuenta que después de
que el lunes el diario «The Wall Street Journal» publicara que la Justicia
norteamericana lleva años investigando a funcionarios venezolanos sospechosos
de vínculos con el narcotráfico, entre ellos Cabello, Maduro salió en su
defensa y llamó a las instituciones a cerrar filas en ese sentido
.
En Venezuela el periodista
Nelson Bocaranda, en su columna RUNRUNES
del 21 de mayo de 205, del Diario El
Universal, al referirse al narcotráfico
escribe que el
15 de julio de 2009 el diario londinense
Financial Times (FT) publicó un reporte de su corresponsal en
Caracas, Benedict Mander, dando cuenta de un informe del Congreso de Estados
Unidos donde se hablaba de la corrupción en el alto gobierno de Chávez y que a negativa a cooperar con EEUU había
empeorado un vertiginoso problema de tráfico de drogas en Venezuela. Señala Bocaranda que una copia del informe,
obtenida por el FT, demostraba que los esfuerzos para combatir el incremento en el contrabando de cocaína
por Venezuela entre 2004 y 2007 habían sido dañados por la corrupción en la
Guardia Nacional, la cual, según indicaba el informe, cooperaba con los
narcotraficantes colombianos. Varias veces, encuentros y desencuentros entre
los dos gobiernos en el tema de la droga
y la guerrilla colombiana son los
principales obstáculos para mejorar las relaciones. En su Nota Bocaranda señala que en las Antillas Neerlandesas Venezuela es
noticia y que lo que sí ha servido para armar distintos rompecabezas son
las piezas aportadas por el narcotraficante Walid Makled desde su prisión en
Colombia, el ejecutivo Antonini Wilson,
en unos detalles financieros, y
otros dos narcotraficantes colombianos Farid Feris Domínguez , alias “El
Doctor” quien tuvo hasta cédula y pasaporte diplomático venezolanos y que tras
su deportación varias de sus propiedades “desaparecieron” en los registros , y
el llamado “ El Loco Daniel Barrera”, quien deportado de Venezuela a EE.UU. se
declaró culpable ante el Fiscal del Distrito Sur Preet Bharara de distribuir
400 toneladas de cocaína entre 1998 y 2010.
Se dijo que llevaba una agenda minuciosa de sus contactos en el gobierno
de Chávez. Y que uno de los que lo protegió
fue hasta gobernador en un estado andino.
Y el periodista Manuel Malaver, que ha venido investigando el tráfico de cocaína en el país desde sus
tempranos orígenes, en su Libro “La DEA contra la Guardia Nacional de
Venezuela” (Gama Editores, 1999, Caracas, Venezuela) alertaba que si no se castigaba a los narco
militares de la “Operación Norte”, Venezuela se convertiría en la Colombia de
los 2000.
El
Diario La Razón, de Madrid, de fecha 21 de mayo de 2015, dice que “EEUU rastrea el dinero de la droga
en Suiza y Andorra”, señalando que
la Agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el
origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación
de grupos terroristas, había
realizando una última operación de cierta entidad, que se hizo pública en marzo, cuando su red de
Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada de Andorra
y de Madrid servía para lavar dinero del crimen internacional y el
narcotráfico. Según este informe entre los clientes de estas entidades aparecieron
varios altos cargos de Venezuela supuestamente relacionados con el lavado de
dinero procedente del narcotráfico. En esta investigación figuran los nombres
de tres ex ministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia de ese país y un
ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA.
El Diario La Razón recuerda que
el ex jefe de la división de Drogas de la Policía Científica de Venezuela,
Norman Puerta, acusado con una orden de arresto y alerta roja de Interpol por
el presunto delito de blanqueo de dinero, se entregó a las autoridades
venezolanas. Ya había sido detenido en
junio de 2010 por la Policía de Andorra, acusado de ser el presunto autor de un
delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y liberado después.
Puerta ha reconocido que abrió una cuenta en la Banca Privada del Principado de
Andorra. En cambio, y ha indicado que
fue estafado por dicho banco. LA RAZÓN
consultó algunas fuentes, que destacan que la Fiscalía Federal del
Distrito Sur de Nueva York y la de Miami investigan los casos a partir de las
pruebas que les habrían proporcionado ex traficantes de droga. Dichas
fuentes provenientes de unas pesquisas realizadas junto a la Agencia
Antidroga de Estados Unidos (DEA) reconocen que «hay evidencias muy fiables, de
al menos un testigo o dos muy sólidos, para construir un caso de gran calibre
contra miembros del Gobierno venezolano”.
Por su parte, el Diario El País, de
Madrid, al referirse a las denuncias
aparecidas en The Wall Street Journal, y a la solidaridad expresada por Maduro por
Cabello, dice, en información de fecha
20 de mayo de 2015, que no son
una sorpresa porque el estamento castrense que sirve de base a la
autodenominada Revolución Bolivariana, protagoniza hace años toda clase de
rumores sobre narco tráfico que se conoce como El Cartel de los Soles, que, más que referirse a una organización
criminal, afirma, es la denominación genérica con la que en
Venezuela se hace referencia a la colusión entre el narcotráfico y el poder que
el sector castrense logró durante los 16 años de revolución bolivariana y cita las afirmaciones de los reporteros Alejandra Inzunza, José Luis Pardo
y Pablo Ferri , en su libro “Narcoamérica, tras pasar por el Estado de Apure
(suroeste del país, en la frontera con Colombia)”, quienes dicen: “Nos habían hablado del cartel de los Soles”.
“Se les llama así para definir a un grupo de élite de la Fuerza Armada
Bolivariana, oficiales de alta graduación, a los que se les dan medallas en
forma de sol cuando ascienden de cargo (...) Algunos expertos dicen que no se
les puede definir como un cartel, ya que actúan por separado y tienen riñas
entre ellos, pero cuando alguien habla de Los Soles se refiere a militares
narcotraficantes”, que se hace sentir en Regiones como Apure, , o los Estados
de Zulia y Táchira, limítrofes con
Colombia, y con gran despliegue militar, son plazas fuertes. Otras provincias,
como los Estados de Monagas, Sucre y Falcón, sirven de lanzaderas del
narcotráfico, aprovechando la posición de Venezuela como balcón con vistas al
Caribe y el Atlántico, señalan estos reporteros, según La Razón. Este mismo Diario, recordó que en Maturín, capital
del Estado Monagas, fue asesinado en 2004 el periodista Mauro Marcano, quien
denunciaba en sus programas de radio y columnas el creciente poder del cártel
en la zona. La justicia condenó por el crimen a un capo local, Ceferino
García. Y advierte que la mayoría de los venezolanos
incluidos en la llamada Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que agrupa a
los jefes del narcotráfico a los que EE UU impone sanciones financieras, son ex
oficiales militares que ocupan cargos del gobierno.
1.14
Caso Notas
Estructuradas
El caso de las Notas Estructuradas (NE) es otro caso emblemático de corrupción. La estrategia fue la de emitir
bonos denominados en dólares, pero pagaderos en bolívares, para entregar divisas a empresas
ficticias y personas en el mercado
paralelo del dólar, con bancos escogidos “a dedo”. En el año 2003, se vendían las divisas a una
tasa superior al dólar oficial, beneficiándose empresas de maletín, corredores
y también personeros del gobierno. La idea de los bonos se le atribuye a
Francisco Illaramendi, cuando fue asesor del ministro Tomás Nóbrega, a quien también se le imputó el desfalco del Fondo de Pensiones de los
Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El gran negocio surgió con las
Notas Estructuradas (NE), instrumentos financieros que se emitieron con
respaldo de las deudas públicas de Argentina, Ecuador y Venezuela, que de acuerdo
con estimaciones de expertos
economistas, entre 2004 y 2008 se colocaron más de 10 mil millones de dólares
en estas Notas, sin control alguno. A
Tobías Nóbrega lo sustituye Nelson Merentes,
en el Ministerio de Finanzas, a quien se le atribuye la utilización de
recursos del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) para la adquisición de
Notas Estructuradas, que se negociaron a
bancos y casas de bolsa, seleccionados sin que mediara ninguna subasta y sin
conocerse las condiciones de precios y tasas de cambio de esas operaciones, así
como tampoco la lista de las instituciones financieras involucradas. La mayoría
de ellas fueron luego intervenidas. Carmen Meléndez, que se desempeñó después
como ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la
asesoría de Danilo Díaz Granados, junto a Merentes en el ministerio de
Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones
de dólares en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial. Las Notas
Estructuradas podían adquirirse mediante
pago en bolívares para venderlas luego en dólares en los mercados
internacionales y obtener ganancias del diferencial cambiario. Rodrigo Cabezas, manifestó que durante su ejercicio como
ministro de Finanzas no hizo ninguna compra de Notas estructuradas, pero admitió que en 2007, las Notas
Estructuradas, adquiridas a lo largo de
2006 fueron colocadas en el mercado, dado su carácter riesgoso
1.15
Caso “Escándalo de los Bancos”.
El
escándalo
bancario se desató en 2009 con la intervención de siete entidades bancarias.
Los bancos involucrados fueron el Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado,
Central Banco Universal, Banco Real y
Baninvest. Durante varios años una serie de empresarios habían comprado bancos
a través de operaciones fraudulentas y los habrían manejado también de manera
indebida. Uno de estos empresarios,
es
Arné Chacón Escamillo,
quien fue uno de
los militares que participó en la intentona de golpe de Estado de noviembre de
1992, y que
había declarado a la prensa
en 2005 que aunque no tenía dinero, le habrían "vendido" un 49% de
las acciones de uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que
traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, se vio
obligado a dimitir como Ministro para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias,
el 6 de diciembre de 2009.
El 9 de diciembre, Arné Chacón y otros empresarios involucrados en el caso
fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diversos
bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar.
Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013, como Ministro de
Energía Eléctrica. Pedro Torres Ciliberto, quien le habría vendido las acciones
a Arné Chacón, se dio a la fuga
.
1. 16
Caso Didalco Bolívar
Didalco Bolívar, quien fue
gobernador de Aragua hasta 2008, fue acusado por la Fiscalía de actos de
corrupción. El gobierno envió a Interpol una petición de orden de captura. Se
le acusó de haberse enriquecido de manera ilícita y de haber depositado de
manera ilegal millones de dólares en paraísos fiscales. El entonces nuevo
gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia en su contra por obras
inconclusas por un monto de 43,5 millones de bolívares. Bolívar se mantuvo en Panamá hasta 2011,
cuando regresó a Venezuela, según dijo,
para "desenmascarar a los políticos de oposición", en especial
a Ismael García, presidente del Partido Podemos.
Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido durante 15 días, pero el
Tribunal Octavo de Control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En
mayo de 2012 la Sala Electoral del
Tribunal Supremo lo nombró presidente de Podemos. A finales de 2012 Bolívar
prometía que con Podemos le daría a
Chávez 400000 votos. Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es
el único que ha sido detenido en este caso .
1.17
El
diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al
gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción.
Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre del 2012 sino
que fue reemplazado por Tarek El
Aissami, quien resultó electo como gobernador el 27 de diciembre. En enero de
2013 se presentó una acusación formal en el Consejo Legislativo de Aragua contra
Isea. En septiembre de 2013 el nuevo
gobernador de Aragua, El Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia
contra de Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami
denunció la desaparición de 59 millones de dólares y de 9 millones de euros en la administración de
la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco
obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos
opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando
una maestría. Según el actual
gobernador del Estado Aragua, Tarek El Aissami,
el ex gobernador de dicho Estado, Rafael Isea, se habría sumado al
programa de testigos protegidos de los Estados Unidos para ofrecer información
que podría ser desfavorable al Gobierno nacional. El Aissami acusó a Isea de
“traidor a la revolución bolivariana” y lo vinculó con presuntos actos de
corrupción y que silenció por pedido del fallecido presidente Hugo Chávez. Así
se expresó textualmente: “Quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre
me callé porque el comandante Chávez me dijo cuándo me envió para acá: estoy
sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú que eres otro hijo”.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por El Aissami el 17 de abril de 2015, durante una asamblea
regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por lo que el diputado opositor Ismael
García, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia investigar al Gobernador del
estado Aragua, Tarek El Aissami, por complicidad al callar los presuntos hechos
de corrupción cometidos por el ex gobernador de esa entidad, Rafael Isea.
1.18
Caso
Ferrominera
Los trabajadores de Ferrominera, que es una empresa del Estado de procesamiento de hierro, denunciaron corrupción en su Gerencia y
Dirección. . En junio de 2013 el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, fue
arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según
documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a mil
doscientos millones de dólares a intermediarios por debajo del precio a cambio
de pagos ilícitos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar
el caso en 2011 supuestamente habría
ganado decenas de millones de dólares en extorsión de los gerentes de
Ferrominera.
1.19
Caso Desfalco del Ministerio de Deporte
La Ministra de Deporte Alejandra Benítez denunció
que una serie de deportistas habían falsificado su firma en repetidas
oportunidades para obtener millones de
dólares a través del Sistema de Control de Administración de Divisas (CADIVI). En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida,
jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el
aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros
en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era
práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué
el gobierno permitía el traslado de semejantes sumas de dinero en efectivo. El
gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados. La Ministra Benítez, que había sido ministra
desde abril de 2013, fue substituida en enero de 2014.
1.
20
El diputado disidente Wilmer Azuaje denuncio
que el padre de Chávez tenía una
finca en Camirí, Barinas, que medía unas 30 hectáreas antes de que llegase a
ser gobernador y que para 2008 medía unas 600 hectáreas. Igualmente denuncio que Argenis Chávez tendría una finca a nombre de
Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que, en realidad, sería
testaferro. Dicha finca tiene 2000 hectáreas. Azuaje también denuncio que la finca "Los Cocos",
ubicada igualmente en el Obispos, del
Estado Barinas, que está bajo la propiedad de Vilma Báez, una antigua
contratista del gobierno regional, es en realidad de los Chávez y que Báez es
sencillamente una testaferra. En marzo de 2008 un tribunal de Barinas rechazó
las denuncias por falta de evidencias. El diputado Azuaje consignó una de sus
denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo de 2008. Miembros del PSUV, a su
vez, decidieron investigar a Azuaje por una "vida ostentosa".
1.21
Caso de
corrupción por ventajismo electoral.
El
Rector del Consejo Nacional Electoral,
Vicente Díaz, en declaraciones del 27 de marzo del mismo año, describió el proceso y la campaña
eleccionaria presidencial de abril 2014,
de “grosera y descarada”, por el ventajismo
electoral estructural y coyuntural que ejerció el gobierno, y señaló concretamente el uso y
abuso de los recursos públicos, petrodólares, bienes públicos y la
participación de funcionarios del Estado, en
los gastos de campaña
de
transporte,
y
en afiches, movilización, actos, anuncios de
radio y TV, así como para promesas y
prebendas demagógicas,
y en
las donaciones de electrodomésticos, la
inauguración de obras, los subsidios y servicios sociales.
Así como por el control de todos los poderes
del Estado por el
gobierno,
que le permitió modificar las reglas
electorales a su favor
y
que no obstante
la no juramentación de Hugo
Chávez para su nuevo término presidencial, el
régimen logró imponer una figura inconstitucional de la "
continuidad administrativa"
para asegurar
la permanencia indebida
de
Nicolás Maduro, primero como
Vicepresidente, y luego como presidente a cargo y candidato para las
elecciones. Denunció igualmente,
la manipulación y abuso de los medios de comunicación social del Estado.
El Rector Vicente Díaz afirmó que este ventajismo electoral viola preceptos
constitucionales y constituye actos graves de corrupción, y que sin embargo no
son sancionados por el Consejo Nacional Electoral,
ni por
la Contraloría General.
A lo anterior se puede agregar las
limitaciones impuestas en veintitrés municipios y nueve circuitos electorales
que afecta los derechos de reuniones y manifestaciones de sectores opositores
por encontrarse bajo estados de excepción y en ejecución la llamada Operación
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), todo ello en pleno proceso de las
elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre de 2015, además de planes
repentinos de reparto de comida, viviendas y automóviles; lo cual impacta,
según estudio realizado por el periodista investigativo, Franz von Bergen, el
74,3% de las circunscripciones con tendencia histórica contraria o levemente
oficialista
.
Es decir, que el ventajismo electoral en Venezuela se
inscribe dentro de los casos de falta de transparencia democrática, que el profesor y politólogo, Luis Salamanca, calificó de “ventajismo electoral institucionalizado”, en el Seminario
Internacional “Campañas Electorales: una
mirada comparativa en el hemisferio”, realizado en Caracas el 15 de
noviembre de 2012, cuyos trabajos
fueron la base para la publicación del
Libro “ Campañas Electorales, ventajismo y reelección presidencial en América
Latina” , publicado por The Carter Center y Editorial Alfa, del que sus editores fueron Francisco Alfaro
Pareja y Héctor Vanolli. En este
Seminario se concluyó que “la
democracia no es votar, sino votar con garantías”.
1.22
Peculado de uso por utilización de aviones
de PDVSA y tráfico internacional de armas
A los casos anteriores
emblemáticos
se agrega como otro caso
más de corrupción, el de peculado de uso
de bienes
de PDVSA para fines
particulares,
descubierto al
ser detenida en Brasil,
según el diario Folha de Sao Paulo, u
na empleada doméstica de Elías Jaua, Ministro del Poder Popular
para las Comunas y Movimientos Sociales,
en la madrugada del viernes 24 de
octubre, de 2014, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo,
y quien acusada de tráfico
internacional de armas. La empleada
fue detenida con una maleta que
cargaba un revólver calibre .38 y municiones
y al ser interrogada declaró que el arma pertenecía al Ministro
Jaua. Agrega el diario brasileño
que la niñera viajaba desde Caracas con la suegra de Jaua y otros familiares en
un avión de Pdvsa y que aterrizó en la
Base Aérea de Guarulhos, y que Elías Jaua estaba en Brasil para participar en reuniones con
autoridades del Misterio del Trabajo y Desarrollo Agrario del vecino
país. Tanto la Policía Federal como la cancillería brasileña confirmaron
el incidente. “La Policía Federal brasileña
confirmó este domingo que la niñera de la familia del Ministro de Comunas y
Movimientos Sociales, Elías Jaua, fue detenida el viernes en el aeropuerto
internacional de Sao Paulo por tráfico internacional de armas. Según
información del diario Folha de Sao Paulo, la niñera, de 39 años y cuya
identidad no fue divulgada, portaba un revólver calibre 38 con munición en el
interior de una maleta, la cual dijo que pertenecía al Ministro. De inmediato
fue encausada por el delito de
"tráfico internacional de armas". La Policía Federal dijo además que
la niñera del ministro socialista llegó en un avión de la petrolera venezolana
Pdvsa con una maleta en la que tenía un revólver cargado. La mujer declaró que
el maletín que contenía el arma pertenecía al ahora Ministro de Comunas y
Movimientos Sociales, que había llegado a Brasil un día antes junto a su mujer
e hijo. No obstante, la Embajada de Venezuela en Brasil afirmó a Efe que no
recibió ninguna notificación al respecto y ni confirmó ni desmintió la
información publicada por el diario. De acuerdo con Folha de Sao Paulo, la
niñera llegó la noche del viernes al aeropuerto Internacional de Guarulhos, en
Sao Paulo, procedente de Caracas y acompañada por la suegra de Jaua. Ambas
viajaban en un avión de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Cuando los
equipajes pasaron por el control, los funcionarios del aeropuerto identificaron
el arma y lo denunciaron a las
autoridades, que procedieron a la detención de la mujer. La niñera no tiene
inmunidad diplomática y corría el riesgo de ser condenada a una pena de 4 a 8 años de
prisión. Según las mismas fuentes, el ex canciller venezolano se encontraba en
Brasil para participar de varias reuniones en Porto Alegre y Brasilia, donde
tenía previstos encuentros con autoridades del Ministerio de Trabajo y de
Desarrollo Agrario.
En carta de fecha
24.10.2014, el propio Ministro Elías Jajua
admitió que su empleada llevaba su maletín con
un
revólver, marca S&W, modelo 342, calibre .38, serial CEV6185, del cual
posee permiso de porte de armas
otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la
República, que por su solicitud la
ciudadana Janeth Anza, quien identificó
como trabajadora de su confianza, que
cuida diariamente a sus hijas, viajo a Sao Paulo para apoyar a su familia,
porque su esposa debía guardar reposo en el Hospital Sirio Libanes de dicha
Ciudad, y que antes de su viaje, le solicitó que trajera consigo
un maletín de trabajo, de uso personal, que contiene documentos, y que también le solicitó que sacara del mismo el arma mencionada y que, por descuido de la trabajadora, sin
intencionalidad alguna, el arma no fue retirada del maletín y presento sus excusas por todos los inconvenientes causados
1.23
Las denuncias de corrupción en La Gobernación
del Estado Miranda (“El expediente negro
de Miranda”)
Desde 2009
en la Fiscalía General de la República reposan 17 denuncias de irregularidades en la Gobernación de Miranda
atribuidas a la administración del gobernador Diosdado Cabello, quien actualmente se desempeña como
Presidente de la Asamblea Nacional, cuyo daño en contra del patrimonio público
se estima en 480 millones de
bolívares. Las denuncias se
basan en
pagos
dobles, compras sin soportes o con sobreprecio y contratación de obras sin
licitación. Estas
denuncias fueron presentadas en 2009 a la Fiscalía General de la República
por Rafael Guzmán, ex procurador del mencionado Estado. E incluyó además
información sobre la entrega sin
justificación de recursos a consejos comunales por 150 millones de
bolívares, la adquisición de
mobiliario y de vehículos con pagos irregulares por 115,9 millones y la
adjudicación de proyectos sin contrato por 21,6 millones. El ex procurador del estado, Rafael Guzmán, llevó a la Fiscalía
los 17 expedientes. Y el diputado Richard Guevara, presidente de la
Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo de Miranda, informó que presentaría un informe a la Asamblea Nacional de todas las anteriores
denuncias que denominó “el expediente negro de Miranda”, donde se especifican los
montos de las referidas irregularidades
y que las entregaría, junto con las pruebas, al diputado Richard Arteaga, miembro de la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional
solicitándole se abra una
investigación para establecer las
responsabilidades a que haya lugar.
1.24
El blanqueo de capitales públicos de PDVSA y de organismos del Estado como
delitos contra la humanidad en el
Banco Privado de Andorra (BPA),
el HSBC de Suiza y el Banco Peravia de República Dominicana.
Delitos contra el pueblo de Venezuela
La opinión pública nacional e
internacional se ha impuesto del hecho notorio comunicacional de la apertura de
un procedimiento penal en contra de directivos del Banco Privado de Andorra, en base a la información que el Departamento del Tesoro ha suministrado al gobierno andorrano, por un supuesto blanqueo ilegítimo de
capitales, entre los que se encuentran
importantes y cuantiosos fondos de Petróleo de Venezuela S. A.;
empresa que pertenece en un 100% a la
República Bolivariana de Venezuela,
según el artículo 303, de la
Constitución, publicada en la Gaceta
Oficial N° 36.860 del 30 de
diciembre de 1999, reimpresa en Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario, de
fecha 24 de marzo de 2000; y cuya
actividad es la industria petrolera, que ha sido reservada en interés de
la Nación, conforme el artículo 302, de
la Constitución citada; fondos estos que
provienen del ingreso generado por la riqueza del subsuelo, que son bienes del
dominio público nacional, de acuerdo con el artículo 12, de la misma
Constitución, y que está destinado al financiamiento de la
inversión real productiva de Venezuela y la educación y la salud de su
población, según el artículo 11, de la mencionada Constitución. El ilegítimo tráfico de capitales públicos,
en este caso, afectan ingresos petroleros
que además de violar principios de ética pública, reconocidos en
declaraciones internacionales y particularmente en Venezuela, según el artículo
141, de la Constitución, afecta directamente el régimen fiscal de Venezuela,
que es parte de su soberanía, como se
desprende del artículo 311, en
concordancia con los artículos 302 y 303, ambos de la mencionada Constitución.
El manejo ilegítimo de capitales, de PDVSA, a nivel internacional,
denunciado por autoridades norteamericanas y españolas, contrariando no solo la legislación
anticorrupción venezolana
y las disposiciones de tratados internacionales contra este
delito,
suscritos por Venezuela, afectan directamente su población, puesto que se trata
del patrimonio público nacional, que según los principios que se pueden
derivar de estos tratados son delitos
que afectan la humanidad, entendida como sujeto internacional de derecho,
conforme el reconocimiento que se le ha hecho en los tratados relativos a los
derechos económicos y sociales y los derechos del desarrollo económico y
social, que son de naturaleza colectiva y universal, que se ven afectados en
los casos de lavado de dinero de capitales o fondos públicos. Hasta el punto, por ejemplo, que
internacionalmente este delito está excluido de los beneficios de
indulto y de amnistía y de los beneficios procesales de libertad
condicional, e igualmente, se les
considera imprescriptibles, cuya comisión justifica la confiscación u ocupación
de los bienes de las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que en el caso de Venezuela
se ha reconocido en los artículos 29 y
116, de su Constitución. Lo que permite
que puedan ser calificados de delitos contra los pueblos o naciones, porque
cuando se trata de fondos públicos se les afecta en su bienestar y desarrollo,
principalmente educación, salud y en los derechos colectivos sociales y
económicos, de vivienda propia, de
seguridad social y salud pública. En efecto, dado que el blanqueo o ilegítima manipulación
de los capitales de PDVSA, a que se ha hecho referencia privan al pueblo
venezolano de sus derechos fundamentales, económicos y sociales, e impiden su bienestar social porque tales
fondos, provenientes de la riqueza del subsuelo, se les
ha desviado de su finalidad primordial de invertirlos
en el financiamiento de producción nacional y de su educación y salud y de sus derechos
irrenunciables, puesto que son
apropiados ilícitamente por personas privadas,
se trata de delitos de carácter universal , por ir en contra del pueblo venezolano. Debe tenerse presente que el propósito de los Estados al suscribir tratados contra la corrupción, y
particularmente contra la legitimación
de capitales públicos apropiados ilícitamente,
es el de prevenir y castigar tales delitos para proteger a la población
y a los pueblos, por lo que de ese propósito se deriva el interés
colectivo de los ciudadanos de ese pueblo o población de acudir a tribunales extranjeros para defender sus
derechos, cuando se afecta el patrimonio público que le pertenece o en cuyo
beneficio está destinado, por tratarse de manipulación ilegitima de rentas
provenientes de bienes del dominio público o nacional, como ocurre con los
capitales de PDVSA, que son ingresos de la explotación de la riqueza petrolera
de Venezuela. En este contexto de blanqueo
internacional de capitales públicos se menciona el Caso del Banco
Madrid, puesto que con
motivo de las averiguaciones sobre
el manejo ilegitimo de dinero en este
Banco, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen
indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario
venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en
la expansión del Metro de Caracas, quien
había sido ex jefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela y ex guarda
espalda personal de Hugo Chávez..
En
los casos de blanqueo de capitales del Estado venezolano se sigue el esquema de
la utilización de una tercera parte (“Third-Party Money
Launderers-TPML”),
el Banco Privado de Andorra, el HSBC suizo y el Banco Peravia de
República Dominicana, para encubrir la apropiación de fondos públicos .
1.24.1
Caso
de lavado de dinero del Banco Privado de Andorra (BPA)
En esta corrupción
internacional un familiar del ex
presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez,
aparece vinculado con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear
más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Asimismo fue intervenido en República
Dominicana el Banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con
oficialistas; y se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero
depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes,
dictadores y terroristas. En estas tres
entidades financieras internacionales, el HSBC Bank de Suiza, Banco Peravia de
República Dominicana y la Banca Privada de Andorra se detectó la existencia de fondos de
funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro y empresarios relacionados con
altos jerarcas del chavismo e
instituciones del Estado venezolano. El último caso se conoció el 10 de marzo,
un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y
congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por
presunta violación de derechos humanos y corrupción. El Gobierno de Andorra
intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, con base a un Informe realizado por la Red de Investigaciones de
Delitos financieros (HYPERLINK
"http://www.fincen.gov/news_room/nr/files/BPA_NOF.pdf"FitCenHYPERLINK
"http://www.fincen.gov/news_room/nr/files/BPA_NOF.pdf"),
que concluyó que BPA, -entidad que opera
fuera de Estados Unidos, - constituye “una preocupación primaria en el lavado
dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y
lavado de dinero basado en el comercio y el fraude". FintCen detectó una red venezolana de lavado de dinero
(Third-Party Money Launderers-TPML), que
basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la
corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha
colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela,
agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas
fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro. El documento
explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar
de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines
de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno
venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los
contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación
y otros esquemas de lavado de dinero”. Estas empresas fantasmas, en su mayoría,
estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada
para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la
petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de
alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos
falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de
instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la
investigación del FitCen. Entre los involucrados con la organización de lavado
de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex
alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en
los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Carlos Tablante, ex diputado y
experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras
contra la Delincuencia Organizada,
algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando
el gobierno de Estados Unidos y dijo textualmente que, “Desde hace tiempo circulaban informaciones
sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se
trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían
relacionados Diego Salazar Carreño, primo del ex presidente de Pdvsa, quien
manejaba el área de seguros y reaseguros, Rafael Ramírez, ex presidente
de Pdvsa y su cuñado Baldó Sansó”, según el mismo Tablante. La
investigación del FintCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA
facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de
las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos,
con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando
el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema
financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200
millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero
venezolano”, dice el informe. Ese dinero finalmente ingresaba al sistema
financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que
fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca
Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial
del BPA en Panamá, que fue intervenida
por La Superintendencia de Bancos
de Panamá que informó que tomó el Control Administrativo y
Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño HYPERLINK
"http://www.prensa.com/economia/Superintendencia-Bancos-Panama-Privada-Andorra_0_4160584084.html"Prensa.
Esta institución bancaria también tiene
sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad
financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid,
perteneciente a la BPA. BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero
ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones
podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del
FintCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de
dólares, “relacionados con la corrupción
de Venezuela”, y facilitaron las
operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Además del caso de lavado
de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas,
el informe del FintCen también hace referencia a transacciones realizadas por
jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales
más importantes del gobierno de Venezuela. El documento menciona que un
ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de
dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas
transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de
personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como
Emperador. También mencionó a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a
una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales
rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA. En 2010 fue
detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc,
comisario Norman Puerta, quien poseía
una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del
narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se
le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos
Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.
La información
internacional menciona na trama que blanquea más de 1.400 millones de euros con
la BPA. Las autoridades judiciales del Principado investigan una gigantesca
trama de blanqueo de dinero vinculada al núcleo duro del régimen venezolano que
habría lavado más de 1.400 millones de euros a través de la Banca Privada de
Andorra (BPA) entre 2006 y 2012, según se pone de manifiesto en sendas
comisiones rogatorias enviadas el pasado mes de mayo a Estados Unidos y a la
propia Venezuela. En el epicentro de la red se citan altos responsables de la
petrolera estatal Pdvsa y de sus empresas filiales, así como importantes
responsables políticos. BPA fue intervenida en marzo pasado después de que el
Gobierno andorrano recibiera los datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del
Tesoro norteamericano. El ex presidente de la petrolera estatal venezolana y
también ex ministro de Petróleo y Minería Rafael Ramírez Carreño, uno de los
personajes más influyentes del chavismo -ahora
embajador en la ONU-,está entre las 24 personas físicas sobre las que se
pide información, ni tampoco aparece detrás de ninguna de las decenas de
cuentas ni de las 42 sociedades investigadas La primera de las comisiones
rogatorias citadas, a cuyo contenido se tuvo acceso por el diario ABC, firmada el 15 de mayo por la Sección de Instrucción Especializada 1 de Andorra, en el marco de
las diligencias previas (4103434/2012) en las que se investigan las actividades
supuestamente irregulares de la entidad bancaria andorrana. Durante la
tramitación de un expediente disciplinario a la entidad -dice el documento- el
instructor del procedimiento administrativo constata que desde BPA Serveis se
han creado diversas sociedades instrumentales, y que desde las mismas las personas
investigadas efectúan ingresos en cuentas que se abren en el mismo banco a
funcionarios públicos o políticos, con cargos de responsabilidad, dependientes
de Pdvsa o sus filiales. Solo por este procedimiento hay ingresos en cuentas
corrientes de BPA de más de 79 millones 700 mil euros. La comisión rogatoria
hace especial hincapié© en un acuerdo suscrito en noviembre de 2007 entre la
República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China para la
constitución de un Fondo de Cooperación
Binacional por el que este segundo país conceda un crédito al primero
para inversiones. En 2010 se suscribió un nuevo convenio marco, que es conocido
como El Gran Volumen. Acuerdo China-Venezuela. En virtud de los acuerdos China
prestó 20 millones de dólares, que gestionó el Banco de Desarrollo Económico y
Social de Venezuela.. La condición era que debía contratarse a empresas de ese
país para la construcción de grandes infraestructuras, mientras que otra parte
será para el suministro de material energético para la industria pública
petrolera y eléctrica. La mitad del dinero -diez millones, más intereses-,
debía devolverse en divisas chinas y el resto en petróleo, que entregará el
Estado venezolano. En este contexto
cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros a una sociedad
instrumental creada por BPA Serveis y controlada por un primo hermano del
entonces ministro y presidente de Pdvsa Rafael Ramírez. La razón formal de esos
ingresos era el pago de los servicios de asesoramiento, pero no hay una factura
con el detalle del trabajo hecho y además el dinero abonado por cada empresa se
corresponde con un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento del contrato de
obra adjudicada en el marco del citado plan Gran Volumen, siempre relacionada
con la extracción de petróleo, un sector manejado de manera exclusiva por
Pdvsa. El servicio contratado se presta en Venezuela, pero se paga en Andorra.
En materia de seguros relacionados con estas infraestructuras se vulnera la ley venezolana, ya que los mismos fueron pagados
a una empresa panameña cuando la ley
prohíbe expresamente que quien se beneficie de esos contratos sea una sociedad
extranjera. Cabe preguntarse –señala la
comisión rogatoria- cómo pueden unos funcionarios de una empresa pública que
contrata, supervisa, autoriza y paga más de 154 millones de dólares a una
sola sociedad mercantil y obviar esta
circunstancia. Más aún, cuando el pago se hace fuera del circuito financiero
nacional. En la segunda comisión
rogatoria, la enviada a Venezuela el 22 de mayo, también en
relación con las diligencias previas ya
citadas, se puede leer que desde 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado
operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están
relacionadas por las investigaciones. Como denominador común, se añade en el documento-, las personas físicas que
participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para
transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son
mayoritariamente de Panamá, Belice o
Islas Vírgenes Británicas. Para ello se utilizaron numerosas cuentas con el
objetivo de hacer opaco el origen del dinero, que se calcula en unos mil 350
millones de euros. El dinero que circula
internacionalmente -precisa la comisión
rogatoria- tendrá presuntamente un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del Estado
venezolano, y añade que buena parte de
los fondos proceden también presuntamente de contratos sobrevalorados en
materia de seguros cuyos tenedores serían empresas públicas venezolanas. Las
personas físicas y jurídicas investigadas tenían cuentas abiertas en la BPA
entre las que se detectan movimientos económicos muy importantes que se
justifican de una forma muy genérica, sin el soporte documental suficiente
atendiendo a la importancia del volumen económico.
El abogado venezolano Franklin Hoet, en
escrito dirigido, en fecha 26 de marzo de 2015,
a través del abogado catalán Jacint
Soler Padró, presidente del Capítulo español de la World Jurist
Association, al tribunal de Andorra que
por instancia de la Fiscalía andorrana inicio una investigación penal contra
los administradores y personas responsables de la Banca Privada de
Andorra, para que, en nombre del pueblo venezolano, se le tuviera como parte, por el interés
legítimo, como venezolano, de que se recuperen para la población de
Venezuela fondos públicos que le pertenecen, por haber sido afectado en sus
derechos colectivos.
En este caso de lavado de dinero se menciona también al General de
División, Alcides Rondón,
cuyo nombre
aparece en la lista filtrada de clientes de la Banca Privada de Andorra, quien
habría usado su cuenta en esa entidad para lavar dólares.
Rondón egresó de la Academia Militar en la
promoción de 1975,
la misma
del ex presidente de la República, Hugo
Chávez.
Se dice que es
muy cercano al Presidente de la Asamblea
Nacional Diosdado Cabello y al Ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. En
2002 ocupó la Dirección General de Relaciones Presidenciales del Ministerio de
la Secretaria de la Presidencia. Fue viceministro de Gestión Comunicacional en
2003,
y
viceministro de Seguridad Ciudadana, adscrito al Ministerio de Interior
y Justicia en 2004, año en que también ocupó la Presidencia de la Subcomisión
de Seguridad de la Comisión Agrícola Nacional y brevemente la Coordinación de
la Sala Situacional del Palacio de Miraflores. En 2005 fue viceministro de
Relaciones Exteriores para Asia, el Medio Oriente y Oceanía. En 2006 estuvo
como canciller encargado. Entre sus otros cargos figura como presidente de
Carbozulia International Inc en Panamá
.
1.24.2
Caso de lavado de dinero del HSBC suizo
Una investigación realizada el pasado 8 de
febrero de 2014 por periodistas de 45
países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro
Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de
dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el
sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de
sus clientes y promover operaciones
ilícitas. Venezuela figura como el
tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos
de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional
colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal
Armando HYPERLINK
"http://www.armando.info/sitio/index.php?id=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=125&cHash=b54c1b3927fad8629b921b79a545ae31"Info.
Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual
Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca
Pública; y por el ex tesorero nacional Alejandro
Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante
como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra. Marco Torres no dio
detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones
venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre.
Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una
cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no
puede abrir una cuenta secreta”, publicó El
Mundo, Economía y Negocios.
En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a
las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su
responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes
mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por
el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad
penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades
financieras más poderosas del mundo.
1.24.3
Caso
de lavado de dinero del Banco Peravia de República Dominicana
El otro caso de lavado de dinero es el del
Banco Peravia, de República Dominicana, por el que se ordenó la captura de tres venezolanos
propietarios de dicho Banco, que fue
intervenido por autoridades dominicanas,
en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente.
Los directivos solicitados por las
autoridades presuntamente tendrían vínculos comercialmente con funcionarios del
gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación. Las autoridades
judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros
venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco
Peravia, quienes son: José Luis Santoro,
Gabriel Jiménez Aray, quienes son los
principales ejecutivos de la entidad financiera, y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del
banco”, dice una información publicada en el diarioHYPERLINK
"http://elaragueno.com.ve/buscan-a-banqueros-venezolanos-por-fraude-del-banco-peravia/"
HYPERLINK
"http://elaragueno.com.ve/buscan-a-banqueros-venezolanos-por-fraude-del-banco-peravia/"El
HYPERLINK
"http://elaragueno.com.ve/buscan-a-banqueros-venezolanos-por-fraude-del-banco-peravia/"Aragueño,
del Estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde
tendrían algunos de sus negocios. Además del desaparecido Banco Peravia,
Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de
comunicación. La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un
comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de
víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por
esta razón se ofició a Interpol para que colabore en la captura de los
directivos del Banco Peravia. El superintendente de Bancos de República
Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a
la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza,
lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras
leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el
caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó HYPERLINK
"http://www.listindiario.com/la-republica/2015/2/3/354853/Determinan-alcance-de-estafa-en-Banco-Peravia"Listín
DiarioHYPERLINK
"http://www.listindiario.com/la-republica/2015/2/3/354853/Determinan-alcance-de-estafa-en-Banco-Peravia"
de República Dominicana. Fuentes vinculadas a las investigaciones
por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en
sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador
de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades
venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado
Unidos. Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando
información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes
ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador
quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa
económica.
1.25.
La
“Mafia de la Primera Gestión Socialista de Valencia””
El dirigente regional del
PSUV en
el Estado Carabobo, Edgardo Parra Oquendo,
y ex presidente de CORPOCENTRO, que con el eslogan “Primera gestión
socialista de Valencia”,
se
desempeño como alcalde de Valencia,
durante 2010-2013,
fue acusado
por delitos de corrupción por presuntas contrataciones irregulares con
cooperativas que servían de centrífugas para la apropiación ilegítima de
recursos municipales, entre otras
“La
Lucha Continúa”,
que recibió
una dotación de camiones.
“La Lucha Continúa” recibió hasta abril de
2013 un total de 13.346.512 bolívares
y
Urbaser, que es la empresa que recoge la basura en el norte de Valencia y la
zona industrial, 15.400.000 bolívares en los 4 primeros meses del 2013 y
la
empresa Cinco Ejes recibió 2.135.573 bolívares.
Según el Ministro del
Interior, Justicia y Paz,
Miguel Rodriguez Torres,
el hijo del referido alcalde, Edgar Parra
Guardia, es el cabecilla de
“
una mafia que operaba desde una Oficina
Paralela bajo su control”.
Al
alcalde se le detuvo en la Sede del SEBIN, en
Naguanagua, por la comisión de los delitos de concierto de contratista con
funcionarios públicos, peculado doloso impropio, corrupción propia y asociación
para delinquir.
También las autoridades policiales
solicitaron la detención, entre otros funcionarios,
del Director de Hacienda de la Alcaldía,
Alberto Terán,
y los directivos del
Instituto de Vialidad y del
Ambiente.
Uno de los detenidos por este caso de corrupción, James Bell Smythe
Romero,
quien admitió su participación
en estos delitos, es
uno de los socios
principales de Edgardo
Parra Guardia en
la empresa Green Zone, C. A., que funciona en la urbanización El Viñedo.
En la referida Oficina paralela, de acuerdo
con las mismas autoridades,
se
hallaron
grandes cantidades de dinero en
efectivo y
chequeras con montos en
blanco de las 14 cooperativas de maletín y 2 compañías que pertenecían a
Edgardo Parra Guardia y firmadas por las
personas autorizadas para el retiro de recursos y talonarios, en blanco y
por los cooperativistas que se prestaron para
la irregularidad
y facturas de
cooperativas de servicios, sellos húmedos con los logos y símbolos de
identificación
oficial de la Alcaldía de
Valencia
y bienes adjudicados
cooperativas y los implicados en la denuncia como carros, camionetas de
diferentes modelos, lanchas y un yate y catorce (14) inmuebles, entre fincas,
apartamentos y quintas.
En esta Oficina
Paralela,
que estaba en el piso 1 de la Torre
B del Centro Reda Building, en El Parral,
en Valencia, la ciudadana Victoria Eugenia López Pando,
se encargaba de administrar todos los
procedimientos realizados en esa Oficina,
que estaba bajo la dirección de Edgardo Parra Guardia.
Entre los bienes se halló
una avioneta modelo Baron, siglas YV2320, que
fue registrada por la Asociación Cooperativa Construsave, constituida por
personas en su mayoría ya fallecidas
.
El Ministro Rodríguez Torres indicó que luego
de su
captura, James Bell Smythe y
de Victoria López Pando confirmaron en sus
declaraciones que los casos de corrupción se cometían desde la Oficina
Paralela, que funcionaba como de gestores de contrataciones y otorgamiento de
permisos,
que ocurrían bajo las órdenes
de Parra Oquendo y su hijo.
Todo comenzó
por denuncias del cobro de un millón de bolívares para otorgar permisos a una
nueva discoteca en el norte de Valencia y
de la compra de camiones de aseo urbano
cedidos a una cooperativa,
que
llevaron al
Sebin a descubrir
la red de extorsión y corrupción, o
mafia,
manejada por Edgardo Parra
Guardia (“Edgardito”), el hijo mayor del alcalde de Valencia, Edgardo Parra
Oquendo.
Comerciantes afectados
denunciaron que pagaron para permisos
municipales en esa Oficina desde 150.000 bolívares hasta 1 millón de
bolívares.
El dinero era buscado en
algunos casos en el mismo local comercial, pero por lo general debía ser
entregado en la Oficina Paralela, incluso si la cantidad era muy alta tenían
resguardo de policías municipales, según contaron.
.
La Policía Nacional de Panamá,
a través de la
Oficina Central Nacional
de Interpol Panamá,
detuvo a
Leiver Vegas, quien desde el año 2013, Vegas era buscado
por las autoridades venezolanas por estar
vinculado al ex alcalde de la ciudad de
Valencia, Edgardo Parra Oquendo quien fue encarcelado por
corrupción
.
El alcalde Edgardo Parra fue
imputado por el Ministerio Público, a través de los
Fiscales 28º Nacional y 13 Regional,
y se le pasó a juicio por los delitos de
corrupción, ocurridos bajo su
gestión de
2010-2013, de concierto de contratista, peculado doloso impropio y asociación
para delinquir, previstos en la Ley contra la Corrupción y en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y el Tribunal
6º de Control del Estado Carabobo ordenó su enjuiciamiento como imputado por
tales delitos.
Después de siete (7)
meses de detención preventiva Edgardo Parra
Oquendo
fue liberado por medida
humanitaria, a instancia del Ministerio Público,
dictada por
el Tribunal de Control del Estado Carabobo,
Fuentes judiciales aclararon que
se trata de una medida precautelar mientras
se inicia en juicio en su contra y que la misma obedece a los
achaques de salud que padece
.
1.26.
Caso de corrupción del General del Dakaso por la compra de chatarra
naviera
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la
República, confirmó ayer que el Ministerio Público solicitó una orden de
aprehensión contra el General Hebert
García Plaza, ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo, por la compra
irregular como nuevos de tres ferris que
cubrían la ruta Margarita-La Guaira y que
empresas españolas ofrecían como
“material tóxico”. García Plaza estuvo al frente de los
Ministerios de Alimentación y de Transporte Acuático, respectivamente, y además
fue Jefe del Organismo Superior para la Defensa Popular de la
Economía a quien el gobierno
responsabilizó de lo que llamó “la guerra económica”. Cuando fue nombrado Jefe de este Organismo Hebert García Plaza declaró en VTV que
depuraría Cadivi y acabaría con las empresas de maletín. El presidente Nicolás
Maduro aseveró que el Organismo Superior para la Defensa Popular de la Economía
estabilizaría la economía, además de “combatir la guerra económica”, cuyo mejor
ejemplo fue la medida que obligó a los
negocios distribuidores a vender por debajo de su costo entre otros
productos, equipos de electrodomésticos
y audiovisuales, que ocasionó saqueos en
los almacenes Daka, de Valencia, en noviembre 9 de 2013, después del anuncio
del 8 del mismos mes, de Nicolás Maduro de que había obligado a estos
distribuidores a vender a precios bajos esos productos,
de donde viene el nombre de “Dakaso·.
Durante la transmisión del programa “Diálogo con”, trasmitido por
Televen, la Fiscal explicó que cuatro directivos de Bolivariana de Puertos
(Bolipuertos) están detenidos por este caso y que faltan tres órdenes de
aprehensión por materializar, entre ellas, la del General García Plaza. Sebastiana Barráez, periodista
especializada en la fuente militar, fue la primera en divulgar el procedimiento
que se abrió contra García Plaza, quien también se desempeñó, durante el
mandato de Nicolás Maduro, como ministro de Alimentación y director del Órgano
Superior para la Defensa Popular de la Economía (OSDPE), como ya se dijo y
quien encabezó lo que se denomino por el propio gobierno “la guerra
económica”. En una entrevista con
Barráez, publicada el 24 de abril de 2015en el semanario Quinto Día, el Mayor
General aseguró que, tras sentir que había perdido la confianza del Presidente,
renunció a su cargo como ministro. “Si realmente se quisiera luchar contra la
corrupción hay mucha tela que cortar", puntualizó, dejando claro que no
confiaba en la justicia venezolana, muchos menos cuando había de por medio una
“orden superior”. García Plaza dejó claro en dicha conversación que los
tres barcos fueron inspeccionados en España y se vinieron navegando desde
Europa hasta Venezuela sin ningún tipo de "novedad", funcionando
"muy bien" por más de un año. "Eso nos da fe de que no son
chatarra. Ahora, si a esos barcos no se les hace mantenimiento pues se van a
parar en algún momento". El Tribunal 10 de Control del Área
Metropolitana de Caracas ordenó la aprehensión del mayor general Hebert
García Plaza por el delito de peculado doloso, cometido en la
compra de tres ferrys y
ordenó emitir alerta roja ante Interpol contra García Plaza, así
como ordenó la detención de cinco
funcionarios del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y otros
cinco de Bolipuertos, entre ellos el
vicealmirante Araújo, ex presidente del INEA. El Vicealmirante Antonio Martínez,
por su parte, explicó que la compra de
los ferrys fueron aprobados según punto de cuenta autorizada por el Jefe de Estado
Nicolás Maduro.
La
Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción realizó un
informe sobre la compra de los tres ferrys, que
evidenció que uno de los puntos clave de la estafa al Fisco fue el
informe presentado por la Comisión que fue a España especialmente para evaluar
la calidad y el costo de los ferrys. Esa comisión estuvo conformada por 13 inspectores (tres de
los cuales se encuentran detenidos en el Sebin) y que levantó un informe donde recomendó la compra
de los buques y ocultó la información real al no señalar que las embarcaciones
estaban deterioradas y requerían la compra adicional de repuestos para poder
funcionar correctamente. A pesar de que había otras ofertas con 4 empresas
griegas para adquirir 4 buques por menos del monto gastado, la Comisión de
“expertos” maquilló el informe final presentado al presidente Nicolás
Maduro para la firma de los puntos de cuenta. Así lo reseña el informe de la Superintendencia contra la Corrupción en
los siguientes términos: “Es decir, mal pudo el equipo de inspección recomendar
la compra de embarcaciones y señalar en los puntos de cuenta 046, 012, 103 y
0320 de fechas 26 de junio, 22 de julio, 26 de septiembre y 11 de noviembre de
2013, presentados al Presidente de la República, que cada una de éstas se
encontraban en condiciones óptimas de realizar hasta seis viajes diarios entre
Puerto La Cruz y Punta de Piedras”. El monto total invertido en la “chatarra”
naviera ascendió a 50.184.320,30 euros.
1.27
La
Corrupción Judicial
Según el Barómetro Global de Corrupción de la Organización
Trasparencia Internacional, para el 2013,
el 74% de los venezolanos encuestados creen que el poder judicial está
entre los sectores extremadamente corruptos, entre otros, con los de la
administración pública y de los militares. Las
denuncias de funcionarios del Poder Judicial, como ex magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia y ex fiscales del Ministerio público, de manipulación de la
justicia en contra de dirigentes de la oposición y sobre vínculos con el
narcotráfico son casos emblemáticos de la gravedad del nivel de corrupción en Venezuela
como podrá verse de seguidas. En el trabajo Venezuela tiene el peor sistema
judicial del mundo, de Francisco Alonso, publicado en El Universal del
19 de enero de 2014, nuestro país es peor evaluado que Zimbabue, Irán o
China, en lo que se denomina el Índice
de Estado de Derecho 2012-2013 que elaboró la organización no gubernamental
estadounidense The World Justice Project. Por su parte, d Carlos Tablante y Marcos Tarre en el libro Estado Delincuente,
señalan que los jueces provisorios o
contratados ha alcanzado 80%, mientras que titulares son a apenas 15%, más 5% en condición de
suspendidos o en espera de juicio, Igualmente afirman que en Venezuela algunos
jueces se autocalifican como “milicianos judiciales” y muestran fidelidad
política al Gobierno. De ello, un hecho
público y notorio fue la instalación protocolar del año judicial en 2006, en
donde se escuchó una consigna partidista
y electoral, “Uh, ah, Chávez no se va”, pronunciada por los jueces presentes . Tablante y
Tarre señalan que el Poder
Judicial, a partir de la intromisión sistemática del Ejecutivo, se ha
convertido en un “gran negocio” en el que parece que todo está tarifado y las
irregularidades, arbitrariedades y abusos ocurren en todas las instancias,
hasta el punto de que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para calificar
su situación. En ese orden de ideas, afirman que han sido designados jueces que
no son abogados y que los jueces y fiscales comparten “territorios” en los que
se manipulan expedientes, tarifan los servicios, se pierden o se siembran
pruebas, se altera la distribución de causas. Opinan igualmente que el deterioro del sistema
es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el
delincuente pague para librarse del proceso judicial. Los bienes incautados no
son puestos a la orden de la Fiscalía, sino que son “negociados”, cambian
sorpresivamente de propietarios con el consentimiento de los afectados o sin
que estos se atrevan a reclamar. Las mayores extorsiones ocurren en el área
penal, en la que está en juego ir o no a una prisión; es decir, un asunto de
vida o muerte. Y sobre la descomposición
judicial se refieren a las confesiones
de los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velásquez Alvaray y
Eladio Aponte Aponte, quienes admiten
presiones e intimidaciones y forjamiento de la verdad para encausar
opositores. Tablante y Tarre señalan
como tipos de corrupción judicial los siguientes:
1) La
confabulación entre policías, fiscales y jueces, según la
cual los
fiscales usualmente actúan en acuerdo con la policía para manipular las
pruebas, según les convenga. Y que cuando
el caso se eleva a juicio, los jueces, dependiendo del asunto, reciben
presiones para que guarden silencio, so pena de ser denunciados
disciplinariamente, o entran en el negocio para así evitar que se apliquen las
normas de admisibilidad y valoración de las pruebas. Asimismo que hay ocasiones
cuando los mismos jueces confabulan con los fiscales a efectos de obtener algún
beneficio económico o político personal.
2) La
manipulación de las pruebas porque La policía introduce pruebas
circunstanciales contradictorias dentro del material justificativo para un auto
de procesamiento penal, por ejemplo: si incautan una sustancia prohibida, le
cambian la denominación y características en las actas procesales, si se trata
de 1 kg de cocaína, la identifican como 1 kg de heroína, etc.
3) El
negocio de las medidas alternativas del proceso y de las cautelares: Los
fiscales dictan autos de procesamiento penal, sin contar con un cuerpo
suficiente de elementos probatorios que comprueben la comisión del delito, o la
participación de una persona en el mismo, según se contempla en el Código
Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, la persona apresada, y sin pruebas
suficientes, es trasladada a los tribunales a una audiencia preliminar
previamente concertada con el juez, en la cual se le ofrece como medida
alternativa que admita los hechos, o una medida cautelar sustitutiva de
libertad, cuyo valor oscila, dependiendo de la naturaleza del caso y del poder
adquisitivo de los involucrados, entre 5 mil y 50 mil dólares.
4) La
venta de las sentencias en los tribunales, es otro
de los modos utilizados por jueces corruptos es la venta, a un alto costo, de
las sentencias de sus tribunales. En esta modalidad suelen estar involucrados
bufetes o abogados influyentes, conectados al poder político, pero también
jerarcas militares. Tasan el valor de las sentencias y, dependiendo de las
pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, compran o atemorizan a los
testigos, desnaturalizan las pruebas científicas, para absolver o condenar, si
aceptan o no la oferta. En algunos casos, sobre todo en delitos de difamación,
la maniobra es utilizar la figura de la extemporaneidad de las pruebas en la
apertura a juicio para dejar a una de las partes sin pruebas y lograr su
condenatoria. En otros casos, algunos jueces suelen utilizar a familiares o
amigos como intermediario que actúan como abogados en los tribunales y venden
las decisiones o consejos en los casos ventilados en dichos juzgados.
5) El
cambiazo de decisiones al no llevar en forma regular el libro diario del
juzgado. Dentro de los deberes y atribuciones del secretario
de cada tribunal está llevar con toda claridad y exactitud los asientos
realizados en el mismo, los cuales le corresponde firmar, conjuntamente con el
juez, al terminar cada audiencia. Además, es deber del juez firmar el libro, al
finalizar la audiencia, autorizando los asientos ocurridos en el tiempo que
dura. Es decir, llevar con regularidad el libro diario constituye una función
de los secretarios y es obligación de los jueces supervisar y avalar con su
firma esta actividad. Sin embargo, se ha convertido en una modalidad corrupta
cambiar decisiones y actos en los asientos vacíos de los libros diarios que los
tribunales no llevan al día. Por ejemplo, si una de las partes quiere servirse
de un acto procesal a destiempo, por una suma de dinero que oscila entre Bs.
15.000 y 100 mil, dependiendo del acto, pueden cambiar el contenido de
decisiones que han sido dictadas en altas horas de la noche; también pueden
incluir documentos, recursos, solicitudes o trámites que eran extemporáneos.
1.27.1.
Caso Lebrún y denuncias del ex diputado y ex magistrado
Luis Velázquez Alvaray
El ex parlamentario y ex magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia Luis Velázquez Alvaray
quien vive como refugiado en Costa Rica,
donde se ha convertido en un hombre de negocios,
fue acusado como
corrupto por algunos de sus compañeros del partido de gobierno y la Fiscalía
General de la República
por el caso de la Ciudad Judicial Lebrún
y sobre el cual pesa una orden de captura.. , Como
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia
llegó a ser director de la
Dirección Ejecutiva
de la Magistratura (DEM).
En
el año 2006. Jesse Chacón, para el momento Ministro
del Interior y Justicia, denunció irregularidades en la compra de un edificio
para el proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún, promovida por Velázquez Alvaray
desde la DEM. Las acusaciones llegaron al Consejo Moral Republicano y a los dos
meses, en mayo de 2006, sus integrantes, Clodosbaldo Russián –contralor general
de la República-, Isaías Rodríguez –fiscal general de la República- y Germán
Mundaraín –defensor del pueblo- se pronunciaron en contra del
entonces
Magistrado Luis Velázquez Alvaray
por lo que fue removido de su cargo como magistrado por a cuerdo
de la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2006.
Entre las acusaciones se dice que los documentos de la empresa con la que la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura realizó
la compra-venta para la Ciudad Judicial,
muestran que la compañía oferente del inmueble no cumplía con las condiciones
jurídicas y financieras para firmar un contrato de esa escala, que implicaría
en su propuesta inicial el pago de 50 millardos de bolívares (23 millones
329.000 dólares, al cambio oficial de la fecha) por parte del Estado
venezolano.
Al
mes del pronunciamiento del Consejo Moral
Republicano y después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia declarase inadmisible el amparo constitucional que
en su defensa
intentó Luis Velázquez Alvaray tomó otro
rumbo
el 26 de junio de 2006
viaja a Costa Rica. En este país después de
todos los procedimientos establecidos en las leyes costarricenses y en los
tratados internacionales alegando persecución política y riesgo físico,
por haber combatido
a narcotraficantes. Y en cuatro años ha
desarrollado ya varios negocios. Ha invertido principalmente en el campo
educativo y en cél y dos costarricenses creó en septiembre de 2008 la empresa
Italcon CR S.A., sociedad patrimonial cuyo fin es el registro de bienes, que
define sus actividades de manera general como “el ejercicio del comercio en su
forma más amplia”. Apenas un mes después de la constitución de Italcon,
Velázquez Alvaray, dueño de 51 por cierto de sus acciones, y Nino Pacifi, dueño
del 49 por ciento restante, adquirieron una propiedad valorada por 54.000
dólares para la compañía. Se trata de un terreno de 2.431 metros cuadrados
ubicado al sur de Cortés de Osa, en la costa pacífica de Costa Rica. Al poco
tiempo continuó las inversiones con su aliado italiano,
Luis Velázquez Alvaray se refiere a su
aparición en noviembre de 2008 como presidente de la sociedad Hacienda Sierra
Pacífico, que en 2004 había sido fundada por Sabatino Nino y otro
costarricense. Dos haciendas, una, de 342 mil 814 metros cuadrados en Abangares
y otra, de 94 mil 93 metros en Guanacaste, forman parte de esta sociedad. Para
la compañía registra ese mismo mes la marca Hacienda Sierra Pacífico en el
mercado ganadero. La sociedad además es dueña de un automóvil Toyota Hi Lux
modelo 2008, adquirido ese mismo año con una hipoteca.
Pero las inversiones de Velázquez Alvaray
no se detuvieron puesto que además de
adquirir la sociedad Corporación André Internacional –cuyo único bien es un vehículo
Hyundai Elantra modelo 1993-, de la que es presidente, incursionó en el campo
educativo. En efecto, el 7 de septiembre
de 2009 creó la fundación Europa-Iberoamérica con el objetivo de trabajar en
proyectos educativos con la Universidad de Ciencias Empresariales (Ucem) en la
ciudad de Alajuela, Costa Rica, institución que después entrará en su lista de
inversiones, y el Real Instituto de Estudios Europeos. Esta sociedad la
constituye con el venezolano Juan Salvador Velázquez Castillo. Tres días después,
crea otra compañía asociada al mundo educativo: la sociedad anónima Centro de
Desarrollo Empresarial. La firma tuvo su sede en las instalaciones de la Ucem y
estuvo integrada también por el entonces dueño de esa universidad, Chester
Zelaya. Al aportar 25.000 dólares, Velázquez Alvaray se hizo propietario de 50
por ciento de la empresa. Luego junto a otros venezolanos dueño de esta
universidad creada en 1997 y que tiene como visión “constituirse en un centro
de excelencia en las carreras de su especialidad con un fuerte arraigo
comunitario y plenamente identificada con las grandes metas del desarrollo
educativo, económico, social y cultural de la Provincia de Alajuela”. En Venezuela, además de su vida política,
también estuvo involucrado con el mundo de los negocios. En este caso, Luis
Velázquez Alvaray, se constituyó en un hombre de medios: los diarios Pico
Bolívar y Frontera, de la ciudad de Mérida, y De Frente, de Barinas, su
ciudad de origen, estuvieron en su portafolio de inversiones. Sus acciones en
el diario De Frente las vendió a uno de los banqueros cuestionados por la
Superintendencia de Bancos: Ricardo Fernández Barrueco, zar por un tiempo del
aprovisionamiento de las redes alimentarias del gobierno, y hoy
preso. Velázquez aseguró que su relación con Fernández Barrueco tuvo que
ver con la venta de su parte en el periódico y nada más. Pero no es el único de
los banqueros-empresarios ahora en desgracia con el que se vinculó. En este
caso, quizás, de manera involuntaria y perjudicial: mantuvo con Arné
Chacón, miembro de las juntas directivas de los intervenidos Banco Real y
Baninvest, y hermano del entonces ministro Jesse Chacón, una sorda disputa que,
según sostiene el propio Velázquez, fue la que motivó las denuncias formuladas
en su contra desde el más alto gobierno.
En diversos
documentos el ex magistrado narra su negativa a entregar las cuentas de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) al banco del hermano del entonces
ministro de relaciones interiores y justicia, y la señala como uno de los
detonantes de la denuncia de una situación irregular en el proyecto de la
Ciudad Judicial Lebrún que lo involucraba directamente a él. Lo cierto es que
distintas modificaciones en el contrato realizado entre la DEM y la empresa
Inversiones AZ 2000, C.A., relacionadas con este plan, así como las
características de esta compañía levantaron algo más que dudas sobre el
cumplimiento cabal de las normas. Luis Velázquez Alvaray tiene expedientes
abiertos a cargo del fiscal 57 nacional, Luis Abelardo Velásquez. Uno
corresponde a investigaciones por su trabajo como magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia y, el otro, al seguimiento del proyecto de la Ciudad
Judicial Lebrún. Por este último, el tribunal 23 en funciones de control del
Área Metropolitana emitió en enero de 2008 la orden de aprehensión en su contra
para imputarle los delitos de evasión de procesos licitatorios, concierto con
contratista y peculado. Para esa fecha el indiciado, sin embargo, ya se
aprestaba a hacer las veces de emprendedor sobre suelo costarricense
.
Luis Velázquez
Alvaray, en una entrevista con el canal SoiTV de Miami (EE.UU.), también afirmó
que el ex vicepresidente José Vicente Rangel, magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia y fiscales integran una tenebrosa banda que ha convertido al
sistema judicial en un mecanismo para extorsionar a los venezolanos. En esa
misma
entrevista, el ex magistrado precisó que en Venezuela existen carteles de la
droga y que el "más poderoso es el cartel de los Soles", integrado
presuntamente por generales.
Y que existe el cartel sirio o árabe que
"también maneja una porción de drogas en el país".
Al ser preguntado por la periodista María Angélica Correa si funcionarios
venezolanos de alto rango integran esos carteles, respondió afirmativamente y
aseguró que "hay comprobantes de que han recibido dinero, de que sus
familiares tienen depósitos en el exterior, de que se han hecho llegar los
depósitos y nadie hace nada".
Y, en cuanto a la muerte del ex gobernador del
estado Apure, Jesús Aguilarte y del general Wilmer Moreno, ex subdirector de
Inteligencia Militar, el ex Magistrado dijo que otro general, Cliver Alcalá,
"debería responder" qué relación presuntamente tiene con estos casos”.
También se refirió a la llamada "banda de los enanos", dentro del
Poder Judicial, que tildó como la
"peor perversión desde el punto de vista judicial que puede existir. En esta banda, según Velázquez Alvaray, también
hay fiscales que junto con magistrados "sobornan".
1.27.2
La
manipulación judicial: Caso Aponte Aponte.
El ex magistrado del TSJ, Eladio
Aponte Aponte confesó el 16 de abril de 2012, ante Dirección Nacional de
Notariado de Costa Rica, mediante un documento escrito,
eñ montaje de un proceso judicial con la
intención de responsabilizar a Manuel Rosales, ex candidato presidencial, ex
Gobernador del Estado Zulia y líder del Partido Nuevo Tiempo (UNT). de delitos
que según el propio Aponte nunca ocurrieron. Dicho documento está debidamente
certificado y apostillado por las autoridades de ese país y se encuentra en el
expediente de la causa. Así lo afirmó el abogado Jesús Ollarves, representante
legal del ex gobernador Manuel Rosales, quien afirmó: “Rechazamos que se ponga
en entredicho un acto de Estado emanado de la administración costarricense al negar
la legalidad, veracidad y legitimidad de la confesión realizada por Eladio
Aponte Aponte ante la Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica, y
debidamente certificada y apostillada por la Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de ese País”. Para Ollarves, el Magistrado Eladio Aponte
Aponte confesó en el mencionado documento, que el proceso judicial seguido
contra Manuel Rosales respondía a motivaciones políticas y a instrucciones
emanadas desde la más alta magistratura del Estado Venezolano. También
Aponte Aponte dio unas
declaraciones públicas en fecha 01 de mayo de
2012, en la televisora SoiTV de la ciudad de Miami, en la cual ratificó el uso
artificioso de la justicia en Venezuela para perseguir a los adversarios
políticos
.
En esa entrevista,
con el canal SoiTV
Aponte Aponte denunció que como juez recibió
llamadas "desde el presidente para abajo" que le "daban las
directrices de acuerdo con el panorama político".
Además, aseguró que el vicepresidente,
Elías
Jaua, es quien "maneja la Justicia en el país". Y señaló que
que Chávez le llamaba "directamente" y recordó que fue,
"principalmente", para que "condujera de una manera conveniente
hacia el Gobierno las investigaciones" de un caso que implicaba a unos
paramilitares. Por las anteriores denuncias, la organización Human Rights
(HRF), que es HRF es una organización sin
fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los
derechos humanos a escala mundial y
centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y
libertad,
solicitó investigar la
confesión contenida en las denuncias hechas por el Magistrado Elio Aponte
Aponte, quien
está en EE.UU.,
tras mantener contactos con el Departamento
Antidrogas de este país (DEA) en Costa Rica, a donde viajó luego de ser
destituido por la Asamblea Nacional por su relación con el presunto
narcotraficante Walid Makled
.
El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la
democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que
fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky,
Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J.
Velásquez, Elie Wiesel y Harry
.
La solicitud de HRF está acompañada de un informe jurídico que analiza los
sucesos más relevantes y más recientes en relación al “grave estado de sumisión
del poder judicial al poder ejecutivo de ese país”. El Presidente de HRF,
Thor Halvorssem,
declaró respecto a esas denuncias, que
“Sin embargo, dado que Aponte es un militar
retirado que fue puesto en el 2004 en el máximo tribunal a pedido del propio
presidente Hugo Chávez, y dado el carácter puntual y detallado con el que ha
confesado e involucrado a varios miembros del gobierno, la fiscalía y el poder
judicial, sus declaraciones deben ser investigadas y tomadas con mucha seriedad
por organizaciones internacionales que velan por la democracia
El informe jurídico de HRF documenta el proceso de cooptación que sufrió el
Poder Judicial en Venezuela, que consistió en (1) la implementación desde 1999
de un mecanismo de designación y destitución arbitraria de jueces, que violaba
las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces, y (2) la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y el subsiguiente copamiento
del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados afines al partido oficialista.
En cuanto a la intervención del gobierno
en el poder judicial el
25 de marzo de
2007, el presidente Chávez afirmó en un acto público que “ni el Tribunal
Supremo de Justicia, ni ningún juez puede estar y actuar a espaldas de la
revolución y del líder de la misma”. Y
en
el año 2009, la presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estella Morales, expresó: “no
podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio
que debilita al Estado. En el mismo orden de ideas,
Een el 2011, el magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, Fernando Ramón Vegas Torrealba, afirmó que el poder
judicial venezolano estaba en el deber de “dar su aporte para la eficaz
ejecución […] de la política de Estado” consistente en desarrollar “una acción
deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y
democrático”. En el mismo acto, el magistrado afirmó que “este Tribunal Supremo
de Justicia y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar
severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en
desmedro de la construcción del socialismo bolivariano”.
Posteriormente, sobre este mismo caso de
corrupción del poder judicial,
José Luis
Pirela, dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela (MVP),
reconoció que en 2004 solicitó una investigación a Manuel Rosales, ex
gobernador del estado Zulia, para que “aclarara” la procedencia de unos bienes
y que
presuntamente lo hizo coaccionado por el
entonces juez, Aponte Aponte. .
Respecto a esta
denuncia de la manipulación de judicial en
contra del ex gobernador Manuel Rosales,
su defensor, Morris Sierralta dijo que “Si la denuncia de Pirela es
cierta, podría dejar nulo el caso que se le sigue a Rosales,”, e introdujo un
documento para investigar si la denuncia del dirigente del MVP es cierta, y a
su vez, solicitar la nulidad del caso
. Y en entrevista concedida
a la Periodista Verioska Velasco, Aponte afirmó, en una
entrevista concedida a Verioska Velasco, que “
la justicia venezolana es una plastilina” que se
puede moldear a favor de los intereses del Gobierno. Sus palabras fueron: “Una
vez que vi que me midieron con la misma vara que a los demás dije: esto no es
la justicia que debe ser, la constitucional'” y
declaró que recibió “más de una llamada” de Luisa Ortega Díaz, Fiscal
General de la República, e “infinidades” de Luisa Estela Morales, en ese
momento presidenta del TSJ, para manipular múltiples casos.
En concreto denuncio que “Luisa Estela me
llamaba para que buscara el juez idóneo (…). Manipulé más de un caso.” Unos de
esos casos, según el
ex magistrado el
presidente Chávez lo llamó para que manejara el caso de José Sánchez “Mazuco” y
que
en ese
caso buscaron a un preso y lo pusieron de testigo para que dijera que este
señor dio la orden de matar a otro (…) a ese testigo se le pagó dándole la libertad”.
Como el mismo Aponte lo dijo en la
entrevista,
él
buscaba al juez “idóneo” para algunos casos que presuntamente venían desde
“arriba”, y que debían dar el resultado que el Gobierno
venezolano esperaba. Se dice que
algunos nombres clave de jueces
vinculados a Aponte Aponte han sido:
- Esaú Olivar Linares:,
quien procesó a la abogada Elinor Montes, sometida por una funcionario de
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una marcha de oposición en
2004. También procesó a Patricia Poleo por incitación a la rebelión e
injuria contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Dictó orden de
aprehensión contra el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, por el
cierre de VTV.
- María Elena García Pru:, que Fue designada por Aponte como
vicepresidenta del Circuito Judicial Penal en Caracas y reportaba
exclusivamente al ex magistrado.
- Rubén Darío Garcilazo Cabello, quien procesó el caso de los “Paracachitos”, en
el que se enjuició a militares por un supuesto complot para asesinar al ex
presidente Hugo Chávez.
- Lisandro Bautista Landaeta, quien fue el Fiscal del caso los
“Paracachitos” y que pidió 26 años
de cárcel para el general Ovidio Poggioli y que después pasó al TSJ como el asesor de
Eladio Aponte Aponte.
- Veneci Blanco García, quien sustituyó
a Aponte Aponte en la presidencia del Palacio Judicial en Caracas y que fue
denunciada ante el Ministerio Público por la ex jueza del Tribunal 13 de
Control de Caracas, Alicia Torres Rivero, por recibir presiones para que
dictara la prohibición de salida del país a Guillermo Zuloaga.
- Fabiola Vezga Medina, quien dictó sentencia de 19 años de
cárcel para el diputado José Sánchez “Mazuco”, en un proceso ampliamente
cuestionado.
1.27.3
Caso Fiscal Nieves: manipulación del proceso contra Leopoldo López.
Este
caso como podrá verse a continuación, es uno de los más emblemáticos de la
corrupción judicial y de la manipulación
del poder judicial, que junto con el de
la jueza Maria Affiuni, Antonio Ledesma
y los alcaldes Daniel Ceballos y Vicente
Scarano Spisso5 y del abogado Tadeo Arrieche y de Fray Roa, son ejemplos de lo que la Comisión
Internacional de Juristas, en su Informe
“Venezuela: El Ocaso del Estado de Derecho. Misión Informe 2015”, considera como persecución penal en contra de la oposición
política y en el control de la protesta social, especialmente a partir de 2014
El
fiscal Franklin Nieves, Fiscal Nacional
41, quien fue el acusador de Leopoldo López, dirigente de Voluntad
Popular, Popular, quien
fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión, bajo cargos de incitar a la violencia durante
una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en el 2014, que dejó
más de 40 muertos,
denunció
que el Gobierno lo presionó para encarcelar a este líder de Voluntad Popular, con pruebas falsas.
Y fue uno de los funcionarios que presentó
la acusación contra López y sin aclarar
su paradero, dijo que abandonó el país huyendo de las presiones del Gobierno
para que justificara la decisión de una jueza en el proceso de apelación del
condenado, reseñó Reuters.
Precisamente la investigación que practicó el
ex fiscal Nieves lo que le
permitió a la justicia venezolana condenar a López –después de un año y medio
de juicio–.Según
la sentencia, en base a la acusación del
ex Fiscal Nieves, López fue el cerebro
detrás de las tres muertes y los daños que se generaron en Caracas el 12 de
febrero de 2014, en la primera de una ola de protestas contra Maduro que
dejaron 43 muertos y más de 3.500 detenidos. Sin embrago, Nieves declaró que las pruebas que se usaron para acusar a López, los discursos y twiter que emitió ese día no
son suficiente para condenarlo,
pues
en ellos manifiesta permanentemente su llamado a la protesta pacífica. Según las
declaraciones del ex Fiscal Nieves, había llamadas de la Presidencia de la
República y de la Presidencia de la Asamblea Nacional, y que las instrucciones que llegaban a la Fiscal
General , Luisa Ortega Díaz, eran
enviadas al Director de Delitos Comunes
, Nelson Mejías, que era quien lo presionaba directamente fiscales. Asimismo
declaró que el general Manuel Bernal,
que entonces era el jefe de la Policía Política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin), le dijo que había instrucciones de Nicolás
Maduro para que se procediera a una orden de aprehensión de Leopoldo López. Sobre este caso, según el trabajo periodístico del comunicador social,
Edgar López, denominado “El aparataje
que sustentó el fraude” ,
la magistrada de la Sala de Casación
Penal del TSJ, Deyanira Nieves, a través de su asistente Daniel Ramírez, habría
procurado que todos los jueces fallarán contra López. E igualmente, en dicho trabajo, se cita la
declaración del ex Fiscal Nieves, según
la cual, la jueza Susana Barreiros, quien dictó la condena contra Leopoldo
López, tenía instrucciones de condenarlo
con cualquier cosa que le presentáramos desde la Fiscalía. Así como que el
Director de Delitos Comunes de la Fiscalía, Nelson Mejías, era el encargado de
coordinar el forjamiento de pruebas y que la Fiscala General, Luisa Ortega
Díaz, estaba al tanto de lo que sucedía en el juicio de López.
Según el trabajo mencionado, el ex
Fiscal Nieves declaró que a los funcionarios del Ministerio Público, testigos
del juicio se les tomó declaración en la Dirección de Delitos Comunes, en
presencia del Capitán Diego Verde, director de Seguridad y de Transporte, y que
se les instruyó que declararan lo que se les decía que tenían que declarar. Y
que se les tenía preparada con anterioridad la declaración sobre los supuestos
hechos sucedidos y en concreto que: “Leopoldo incitó a la violencia” y “Cuando
se retira Leopoldo es que ocurren los hechos”.
Declaró también el ex Fiscal Nieves que los testigos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), fueron llamados a la Fiscalía
2ª, a cargo de la Fiscala Narda Sanabria, que de acuerdo con el trabajo de
Edgar López, se mostró más radical en la persecución de López, y a la Fiscalía 47, a cargo del Fiscal Juan
Canelón, donde si bien los funcionarios
declararon que no estaban de guardia ese día, pero se les dijo que como
aparecían en el acta policial de aprehensión que se hizo en la División Contra
Hurtos de dicho Cuerpo, tenían que declarar.
Señaló igualmente el ex Fiscal Nieves que aparecen 46 funcionarios como
testigos, muchos de los cuales no
estuvieron en el lugar de los hechos y otros que no aprehendieron a nadie, pero
que fueron obligados a declarar que si habían participado en los hechos y en la
aprehensión, bajo la amenaza que les hizo la Fiscala Narda Sanabria de que si no lo hacían les iba abrir
averiguaciones y que se les iba a destituir.
Respecto de los informes
periciales o experticias semióticas, sobre
los discursos y twiter de López, el ex Fiscal Nieves dijo que el
Director de Delitos Comunes Nelson Mejías,
lo regaño porque le indicó como experto al Profesor en locución de la Universidad Central de
Venezuela, Andrés Cañizalez, porque “ese tipo era un escuálido y que iba a
favorecer a López”, y, que le presentó dos curriculum de otros expertos que
serían los que iban a juramentar. Para
las experticias semióticas se designaron por la Fiscalía los peritos Rosa
Amelia Asuaje y Mariano Alí, y que el mencionado Director de Delitos Comunes no
estuvo conforme con las experticias porque no es vinculaba Leopoldo López con
los hechos y que se debía incluir en los informes cosas que argumentaran mejor
que López incitó a la violencia. Dijo el ex Fiscal que el experto Mariano Alí
no quiso modificar su informe sobre los twiter de López de que por ningún lado
aparecían llamados a la violencia, pero que el referido Director de Delitos
Comunes lo obligó a modificarlo. Por su
parte, la experta lingüística, de la Universidad de Los Andes, Rosa Amelia
Asuaje, afirmó respecto de las declaraciones del ex Fiscal Nieves que: “en
ningún momento emití palabras tajantes sobre del llamado expreso a la violencia
del ciudadano de Leopoldo López para salir a las calles, puesto que en el
material que me dio el Ministerio Público, contentivo de 32 videos, de los
cuales yo tomo una muestra, en esos videos no aparece el llamado expreso a la
violencia del ciudadano Leopoldo López" .
Igualmente
la experta Rosa Amelia Asuaje expresó, que
en
su declaración del 27 de febrero de 2015, “en ningún momento y durante mi
declaración por más de 20 horas durante dos (2) días consecutivos en el
Tribunal 28 de control
afirmé que el
ciudadano López hace un llamado expreso a la violencia”. Y afirmó,
“tal
como lo dije en el juicio oral, sería sumamente irresponsable de mi parte que
yo dijese allí que López señaló expresamente que había que incendiar la
Fiscalía o que había que usar métodos de violencia física, pues ello no
constaba ni en la muestra ni en el corpus del material que se me fue dado por
la Fiscalía para analizar” . Pero lo más significativo de la declaración de
la menciona experta es que la sentencia de la jueza Susana Barreiro tergiversó
su informe En efecto, en su declaración escrita que entregó a la prensa,
afirma:
“Toda sentencia penal debe darse
en función de los testimonios y pruebas, siendo estas mucho más importantes que
las primeras porque son las que sustentan lo que se dice sobre algo. El hecho
de que la jueza Barreiros haya puesto en su sentencia, (página 263) que yo
inculpaba al ciudadano López por la quema de la sede fiscal y de los cuerpos de
seguridad, es una interrogante que aún me hago, pues quien haya tenido acceso a
la lectura de la sentencia y de mis declaraciones (plagada, por cierto, de
numerosos errores de transcripción), jamás leerá que en mi registro de habla
(Sic)
yo me refiriera al
Ministerio Público como “sede fiscal” ni al CICPC como “cuerpo de seguridad”;
además porque, y esto es lo más importante, no tenía yo pruebas para afirmar
ello. Quiero pensar en la buena pro de la ciudadana jueza quien, quiso
parafrasearme junto al añadido de sus propios juicios.
1.27.3.1
La sentencia condenatoria en el Caso
Leopoldo López: (La condena de la Jueza Barreiro y la absolución de Leopoldo López)
En la práctica forense “Caso”
es un asunto judicial que es referencia como antecedente o precedente
jurisprudencial. Para su identificación
se le cita con los nombres de las partes
de modo que no pueda ser confundido con otro caso, o para que su
denominación se incluya en la antología de los asuntos judiciales célebres por
su contenido o por su significación para el derecho. Nunca a esos precedentes se les distingue
con el nombre de los jueces. Pero hay
casos, como el de Leopoldo López que por
la sentencia de la Jueza Susana Barreiros
ha pasado a ser un signo más de la notoria esclavitud a que está
sometida la justicia penal de Venezuela.
Por ello al igual que la marca
con hierro candente que se imponía como pena infamante a quien cometía una
afrenta, la sentencia de la jueza
Barreiros habrá de distinguirse, en los anales de la historia, como estigma o
huella irritante de una justicia sometida al poder político durante la tristemente
llamada Quinta República. Y que por
todos los tiempos marcará también a la
jueza Barreiros que, teniendo la oportunidad histórica y la
obligación moral y constitucional de sentar un precedente jurisprudencial en el enjuiciamiento de Leopoldo López, ha debido decidir su absolución puesto que
sus declaraciones en contra el Gobierno de corrupto, opresor y
antidemocrático y de que para
lograr el cambio o la salida solo puede ser posible con el pueblo en la calle y
de que hay que salir a conquistar la
democracia, tratándose de manifestaciones propias del derecho de
libertad de pensamiento y de expresión,
no podían ser elementos
de convicción para imputarle los
delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y
asociación para delinquir, con relación a los hechos s sucedidos en Caracas el
12 de febrero 2014. La sentencia de la
jueza Barreiros condenó a Leopoldo
López a 13 años, 9 meses, 7 días y
12 horas de presidio, por su credo o
conciencia y sin que existiera plena prueba sobre su responsabilidad personal por el daño
a la Fiscalía. Leopoldo López fue condenado por la jueza Barreiros, como
preso de conciencia del gobierno, por
causa de sus creencias y por ejercer su
derecho de reunión y manifestación, por lo que en justicia y jurídicamente, la sentencia de la referida jueza, como su
marca o estigma, será conocida como “el Caso Barreiros”, porque en
verdad históricamente será su condena
a la
pena infamante de ser uno de los
más claros, notorios y patentes ejemplos
del deshonor judicial en la historia del derecho en Venezuela. En efecto,
el enjuiciamiento a que se
sometió a Leopoldo López, por las ordenes dada por los jefes del gobierno
en Venezuela, Maduro y Cabello, su prisión en cárcel militar y la sentencia de la jueza Barreiros, constituyen un flagrante irrespeto por parte
del Estado venezolano del compromiso constitucional e internacional de cumplir
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que impide que las personas
puedan ser enjuiciadas por su opinión política, o por ejercer o promover el ejercicio de
derechos fundamentales, o por motivos de raza, religión, color de la piel u
origen étnico. No se demostró en su
proceso que Leopoldo López utilizó,
o actúo o promovió la violencia para
ejercer esos derechos. Todo lo contrario
aparece del hecho notorio
comunicacional o video donde se
recogieron las declaraciones de su
discurso sobre la no violencia y la lucha pacífica, constitucional y
democrática y de tomar la calle sin violencia para exigir los derechos que
consagra la Constitución. Asimismo, su
condena por la jueza Barreiros como
determinador, por un incendio sucedido en una manifestación pública, viola el principio de la personalidad de la
pena, puesto que se le atribuye a su
propia acción un supuesto delito colectivo, atentando gravemente contra la
inviolabilidad de la libertad personal, en razón que en aún en estos casos han
de responder penalmente como autores o determinadores solamente quienes realizaron o ejecutaron
directamente la actuación delictiva, o quienes participaron en el acto
concreto. Por ello la sola
participación de una persona en una manifestación pública,
o por su convocatoria, constitucional y legalmente no permite atribuirle
la comisión de los delitos que puedan
cometerse durante esas protestas. Y lo
más patético de la sentencia infamante de la jueza Barreiros, es que según sus defensores, la prueba
fundamental del delito de instigación a causar daños que se imputó a Leopoldo
López fueron las fotografías de grafitis pintados en las paredes de la
Fiscalía, porque en criterio de la jueza Barreiros quienes lanzaron objetos
contra la sede del Ministerio Público eran seguidores de Leopoldo López, no
obstante que la Fiscalía no dio valor alguno a tales grafitis como prueba del
supuesto delito. Y a pesar que los funcionarios que practicaron
inspecciones negaron que hubiera habido
incendio en su sede. En otras palabras,
que Leopoldo López fue condenado sin prueba plena alguna. Por lo que
la valoración de una prueba irregular, como lo son las
fotografías de los grafitis, que además
fue contradicha con las declaraciones de
funcionarios que practicaron inspecciones, viola el debido proceso y por cuanto
no puede ser considerada como prueba plena de la culpabilidad su apreciación por la jueza Barreiros violó la garantía de la presunción de inocencia de Leopoldo
López. En verdad, la jueza Barreiros criminalizó a Leopoldo López por el
ejercicio de sus derechos
constitucionales de libre expresión y de reunión y manifestación, y lo condenó por causa de sus creencias tal como lo habían solicitado Maduro y
Cabello, los jefes del gobierno de
Venezuela. Además
que la omisión de pronunciamiento
por parte de dicha jueza
sobre alegatos defensivos formulados por Leopoldo López, y por no haberle garantizado su derecho a
ejercer plenamente las pruebas de sus
defensas, así como la apreciación indebida de pruebas irregulares para
condenarlo, constituye una clara
violación de su garantía de presunción de inocencia y de su
derecho de defensa y del debido
proceso, por el incompleto y parcial examen de dichas pruebas que impedían
condenarlo por la falta de plena prueba
La acusación contra Leopoldo López y su enjuiciamiento,
solicitada por el gobierno, y su condena por la jueza Barreiros, por sus opiniones y por ejercer y promover
los derechos de manifestar y protestar públicamente, así como por
atribuirle responsabilidad directa personal por un hecho colectivo, forman parte del fundamentalismo político del
presente régimen que lleva a considerar como contrario al orden público y al
ordenamiento jurídico las manifestaciones públicas de protesta en contra del
gobierno por parte de quienes las
promuevan sin que hubieran sido autorizadas previamente. En efecto, como todo fundamentalismo el orden
público para el gobierno de Maduro es el que es propio de su pensamiento y
contrario el que disienta, que es
característico de los partidos que suponen que la sociedad es homogénea, y cuya
conducta es determinada por una
unilateral visión ideológica-política y en nuestro caso militarista. La verdad, que la prisión de Leopoldo
López, por sus opiniones y por la
promoción y ejercicio de los derechos fundamentales de pensamiento, de
expresión, de asociación, de reunión, de comunicación y de manifestación y la ausencia de su
responsabilidad personal directa en un supuesto delito colectivo; y que
permiten definirlo y considerarlo , a la luz del derecho constitucional
e internacional de los derechos humanos, como un prisionero de conciencia, y
que obligaban a su absolución; no es
sino una representación más del fundamentalismo político e ideológico del
Gobierno de Maduro contra la disidencia.
La jueza Barreiros, obligada como estaba por el artículo 334, de la
Constitución, tenía la oportunidad
histórica de convertirse en guardián de la libertad y no en carcelera y
verdugo de presos de conciencia, pero por su sentencia infamante de derechos
humanos fundamentales por la que condenó a Leopoldo López a 13 años, 9
meses, 7 días y 12 horas de presidio,
pasará a engrosar la lista
de los jueces estigmatizados por la
vergüenza y la afrenta al Estado de Derecho y de Justicia, por el precedente del que para la triste
historia del poder judicial del régimen chavista se conocerá como “El Caso Barreiros”, que pesará como una
lápida en su conciencia. Y con el cual
su nombre se inscribe en la página negra de los fiscales y jueces venezolanos complacientes y
colaboracionistas o cooperantes, que actúan como funcionarios a sueldo y a la
disposición del gobierno, que en la
literatura jurídica se le conoce como “jueces
y fiscales a la intemperie” y que practican sus funciones bajo el concepto
de “la obediencia debida y servida”
(Elisa Beni, “La Justicia Sometida”,
Libros de la Catarata, Madrid
2015, pp. 73-83). La sentencia del “Caso
Barreiros” es la condena o estigma o
pena infamante de la Jueza Barreiros
como juez esclavizada y servil del fundamentalismo político del presente
régimen militarista y la absolución de Leopoldo López por su lucha por la
libertad y la democracia de Venezuela frente
un gobierno opresor y tiránico. “Caso Barreiros”, que recuerda los versos de la picaresca
jurídica, “La Escena Judicial” y en donde el papel secundario lo representa la
jueza Barreiros,
“A cara o cruz jugada la
justicia;
Tornadiza la ley, vario el
derecho,
La ignorancia en lugar de la
pericia;
La puerta franca al dolo y al
cohecho.
Todos abominando la justicia
Y el mismo pueblo, no
satisfecho”.
1.27.4
Caso Jueza Maria Lourdes Afiuni
El 10 de diciembre de 2009, la Jueza MARIA LOURDES AFIUNI MORA Juez del 31° Juzgado
de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas- así como el personal del juzgado Rafael Rondón y Carlos Lotuffo fueron
detenidos por funcionarios l de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y
trasladados a dicha sede del Palacio de Justicia, tras una orden de aprehensión dictada. Su
detención se produjo a consecuencia que en la misma fecha -10 de diciembre- la
jueza decidiera sustituir la medida de prisión preventiva al procesado
(Banquero) Eligio Cedeño por medidas de presentación periódica ante el Tribunal
cada 15 días y la prohibición de salida del país. Esa decisión
fue asumida por la Jueza Afiuni, luego de oír a los abogados del procesado
Eligio Cedeño en una reunión generada a
consecuencia de la suspensión de la audiencia preliminar del caso, por
incomparecencia del representante del Ministerio Público, encontrándose
detenido el procesado para esa fecha
desde hace aproximadamente dos
años diez meses en los calabozos de la Disip. Los hechos suceden, cuando el 08 de diciembre de 2009, se convocó
a una Audiencia Preliminar del proceso en contra de Eligio Cedeño por el
Tribunal Trigésimo Primero (31°) de Control del Área Metropolitana de
Caracas, audiencia que fue diferida (postergada) a solicitud del
Ministerio Público, por imposibilidad de asistir, acordando la Jueza
convocar nuevamente la Audiencia para el jueves 10 de diciembre de 2009, siendo que en dicho acto, los
representantes del Ministerio Público no se encontraron presentes, por lo
que la jueza convocó a los presentes en el tribunal: Defensores,
Eligio Cedeño y abogados representantes de la Fiscalía General de la República, a trasladarse
a la Sala de Juicio en el Palacio de Justicia. Encontrándose en la Sala de Juicio
respectivo e iniciado el proceso, la jueza se pronunció ante la
reiterada inasistencia del Ministerio Público, concediendo el uso de la
palabra a los abogados del procesado, quienes le solicitaron la revisión y sustitución de la medida privativa
de libertad, por encontrarse detenido casi tres años, sin juicio sin sentencia,
por una medida sustitutiva frente a la inasistencia del Ministerio Público,
al no comparecer por segunda vez a la convocatoria del Tribunal. Escuchado a los abogados mencionados, la
Jueza Afiuni, emitió decisión, reconociendo la “falta de interés” en agilizar y
aplicar la debida celeridad al proceso por parte del Ministerio Público, por
lo cual la detención del procesado se había prolongado en forma excesiva,
sin condena y que el Peligro de Obstaculización de la Investigación
había variado, dado que la misma fue concluida. Ese mismo día, en horas de la tarde, se
emitió una orden de captura contra la jueza Afiuni, por parte del
Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana, por presuntamente participar en irregularidades que
permitieron la libertad del procesado, disponiéndose también la detención del
Alguacil y del Secretario del Tribunal.
Al día siguiente, el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, en
forma pública, expresó haber tomado conocimiento e informes sobre un
“arreglo” que se habría dado en el juzgado, calificando a la jueza como “bandida” y exigió “dureza” y la “pena máxima” de
30 años de prisión. Frente a
estos acontecimientos, el Tribunal 50° de Control de Caracas, ratificó (confirmó)
la medida privativa de libertad contra la jueza y ordenó su reclusión en
el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, siendo
que el 7 de enero de 2010,
el mismo tribunal, negó a la Jueza Afiuni la medida sustitutiva de
detención, que sí fue otorgada a los
trabajadores del juzgado detenidos y acusados por la misma causa, Carlos
Lotuffo y Rafael Rondón, a quienes se les concedió libertad condicional. Por
otro lado, la decisión de la Juez Afiuni fue revocada por la instancia
superior. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, estando a la solicitud del
Ministerio Público, ratificó la medida privativa de libertad contra el
procesado, considerando que las circunstancias que la motivaron se
mantenían vigentes.
La Red Latinoamericana de
Jueces REDLAJ, con fecha 14 de diciembre de 2009,
emitió una nota oficial, manifestando su preocupación con la situación
de la independencia judicial en Venezuela, en razón de la detención
sumaria de la Jueza María Lourdes Afiuni por el tenor de su decisión, afirmando
su confianza en el Poder Judicial venezolano, convencida que serán respetadas
a la magistrada todas las garantías y el debido procesal legal. Por su parte, el Colegio de Abogados de
Caracas – Venezuela, emitió comunicado,
solidarizándose con la Jueza Afiuni y con José Rafael Parra Saluzzo abogado
defensor del procesado (también detenido) deplorando sus detenciones. El 21 de diciembre de 2009, la
Comisión Internacional de Juristas CIJ, emitió un Comunicado de Prensa
expresando su profunda preocupación por la detención de la Jueza Afiuni, y
resaltó la gravedad que implica que dicha
detención se haya producido por las
declaraciones efectuadas por el Presidente
de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien opinó abiertamente sobre el caso y exigió que se
castigue a la jueza con la pena máxima
de 30 años, prevista en la ley sólo para los delitos más graves, cometidos con agravantes. Expresando
la CIJ que: “En el marco de los ataques a la independencia judicial
en Venezuela, éste reviste particular gravedad, puesto que se observa la
reacción inmediata entre las declaraciones del Presidente de la República y la
posterior confirmación de la detención de la jueza, mediante una orden
judicial de privación preventiva de su libertad“. Asimismo refiere que: “Recordamos
al Estado venezolano que los estándares internacionales los jueces sólo
podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o
comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus
funciones, y siempre respetando el debido proceso“. El 24 de diciembre de 2009, La Jueza Afiuni divulgó por Internet
una Carta Pública desde prisión, manifestando que: “Ante los incesantes atropellos e infamias cometidas por el Ministerio Público,
a través de diversos medios de
comunicación, tratando de crear una matriz de opinión, totalmente distorsionada de los hechos ocurridos el día
10 de diciembre de 2009, haciendo
ver ante la opinión pública que mi persona se encuentra incursa en la Comisión de Ilícitos Penales,
manipulando actas, oficios en un expediente donde simplemente se dictó una
medida sustitutiva de la privativa
de libertad en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar por incomparecencia del Ministerio Público,
medida otorgada que fundamentada
simplemente en normas constitucionales de obligatoria cumplimiento; a favor de un procesado; quien
independientemente de su inocencia
y/o culpabilidad de los hechos imputados, ya que no es la fase procesal para determinarlas, sino de acuerdo
a los postulados del artículo 264
COPP y evidente retardo procesal del cual ha sido víctima, lo hizo merecedor de pleno derecho de plena medida
como cualquier justiciable, sin
distingo de ningún tipo… que este tipo de decisiones, que se producen a diario en diversos juzgados del
país, no requieren de la presencia
de las partes, ya que las mismas son dictadas, luego de que el juzgador al analizar las actas que integran
el expediente, que en el presente
caso 278 piezas, que fueron revisadas en su totalidad luego de verificar que el retardo procesal no es
provocado por quien solicita la medida
menos gravosa, puede ser acordada en cualquier grado y el estado del proceso, tenemos la contraparte de
ejercer los recursos procesales
que estime pertinente…” A su vez, los abogados defensores del procesado Eligio Cedeño solicitaron medidas cautelares ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 11 de enero de 2010, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de la Jueza María
Lourdes Afiuni, solicitando al gobierno de Venezuela: 1) Adopte las medidas
necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la juez; 2) Adopte
las medidas necesarias
para que la jueza se le traslade a un lugar seguro, y 3) Informe sobre las acciones adoptadas
a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de
medidas cautelares. Asimismo, ha solicitado la presentación de información sobre el cumplimiento con las medidas
cautelares adoptadas,
dentro del plazo de 20 días y actualizar dicha información en forma periódica. Estas medidas cautelares
fueron solicitadas por los abogados venezolanos, doctores: Carlos Alberto
Nieto Palma Coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Ligia Bolívar Osuna, Directora del Centro
de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello; Sandy Guevara Ojeda abogada de la Juez Afiuni;
Jesús Ollarves ex juez y profesor universitario y Héctor Faúndez Ledesma,
profesor universitario. El 13 de
enero de 2010, se divulgó por Internet un video de la Jueza Afiuni, donde se muestra su
traslado a los tribunales fuertemente custodiada y con chaleco antibalas.
La Sala de Casación Penal, con fecha 24 de diciembre de 2009, remite oficio correspondiente relacionado
con la solicitud de extradición del ciudadano Eligio Cedeño, Expediente N°
2009-470.
La Red
Latinoamericana de Jueces (REDLAJ), en Informe del 10 de enero de 2010, después del análisis del caso concluyo que,
El trámite realizado por la Jueza Afiuni al dictar la medida sustitutiva de la
privativa de la libertad a favor de Eligio Cedeño, 10 de diciembre de 2009, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 264° del Código
Orgánico Procesal Penal (Copp), no adolece de vicio que la invalide y en
todo caso si el Ministerio Público no compartía la decisión adoptada,
tenía a salvo los recursos impugnatorios que la ley le reconocía.
En efecto, se encontraba detenido y privado de su libertad personal,
aproximadamente dos años y diez meses sin que se emita sentencia y se determine
o no su responsabilidad penal, tiempo que excedía el plazo dispuesto en el artículo 244° del Copp, respecto a la
proporcionalidad de las Medidas de Coerción Personal que indica “…En ningún caso podrá
sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de
dos años…”. REDLAJ señaló en su Informe mencionado que el
procesado Eligio Cedeño se encontraba detenido y privado de su libertad
personal, aproximadamente dos años y diez meses sin que se emita
sentencia y se determine o no su responsabilidad penal, tiempo que
excedía el plazo dispuesto en el artículo
244° del Copp, respecto a la proporcionalidad de las
Medidas de Coerción Personal que indica “…En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima
prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…”. Y
que El
Código Orgánico Procesal Penal (Copp), no establece la obligatoriedad de la
presencia de todas las partes para el dictado de esta medida, pues
incluso el examen y revisión de las medidas cautelares lo puede
solicitar el propio imputado o en todo caso el juez debe examinar
la necesidad de su mantenimiento cada tres meses, por lo que la
actuación de la Jueza Afiuni se enmarca dentro del ejercicio de
la jurisdicción establecido en el Artículo
2 del Código Orgánico Procesal Penal “La potestad de administrar justicia penal
emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de
la Ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo
juzgado”. Señaló la REDLAJ que detención de la Juez Afiuni resulta arbitraria
y desproporcionada, habiéndose procedido a su detención el mismo
10 de diciembre de 2009 y minutos después de dictada la medida
sustitutiva de la privación de la libertad antes mencionada;
vulnerándose su derecho a la libertad personal, cuya base normativa
se encuentra en: Art. 3,9 y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; Art. 9, 11, 14.6 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; Art. 1 y 25 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos;
Art. 7, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
) Asimismo, se ha violado su derecho a la defensa, derecho fundamental
de las personas que es consustancial a todo estado de derecho y a
la democracia en su conjunto. ) Asimismo, el
Presidente de la República, al calificar a la Jueza Afiuni como una
“bandida” y que
debe ser merecedora de la pena máxima de 30 años contravenido el principio de
presunción de inocencia consagrado en Numeral 2 del artículo 49 de la
Constitución venezolana que expresa “Toda persona se presume inocente mientras
no se pruebe lo contrario” y en el Artículo 8º del Copp, que reza así:: “Cualquiera
a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a
que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante
sentencia firme”. Por otro lado, concluyó la REDLAJ en su Informe que la detención de la Jueza
María Lourdes Afiuni Mora, constituye una transgresión a la
independencia judicial, pues de los hechos acontecidos se
advierte que frente a las declaraciones públicas del Presidente de la República
de Venezuela, generó que inmediatamente se confirme la detención de
su persona, habiéndose transgredido lo dispuesto en los artículos 4º del Copp y 254 de
la Constitución Política, que dispone; así como la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 1º.
El Caso de la Jueza Afiuni
resulta emblemático sobre
el
proceso de
desinstitucionalización del poder judicial y
entre tantos supuestos de manifestación de este fenómeno que afecta a la
justicia venezolana, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni es uno de los que
ha alcanzado incluso connotación internacional.
El 10 de diciembre de 2010, en el Día
Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, al cumplirse un
año de la detención arbitraria de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, reiteró el
pedido de su liberación por considerarlo “un caso de indebida interferencia
política por parte del ejecutivo y su detención vulnera los principios básicos
de la ONU. Dicho llamado de Amnistía internacional (AMR 53/009/2010) deja
constancia de que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, la
relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la
relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
han insistido en que “se ponga a la jueza Afiuni en libertad inmediata e
incondicional” y que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente
garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los
abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el Estado de derecho y obstruir
la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de
diciembre de 2009. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
solicitó medidas provisionales a favor de la jueza Afiuni, se reseñó que el
mismo día en que ella había ordenado la libertad provisional de una persona que
habría estado en prisión preventiva por más de dos años y medio, “el Presidente
de Venezuela se habría referido públicamente a la jueza Afiuni como ‘bandida’ y
habría solicitado su encarcelamiento y condena”, como se lee en la Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 2010.
Ese grado de
deterioro de la institucionalidad judicial aparece también de la manipulación
que se hizo de las pruebas en el proceso de la Juez Afiuni. Ahora bien,
Arcadio
José Cedeño, testigo de la Fiscalía en el Caso
de la Jueza Afiuni, declaró haber sido presionado por el Ministerio Público
para declarar en su contra y
el banquero Eligio Cedeño, al
reanudarse hoy el juicio contra la magistrada. Durante el desarrollo
del juicio oral y público de la jueza Affiuni, este Arcadio José Cedeño, declaró ante el juez
de Juicio, Manuel Bognanno, que cuando rindió declaración durante la etapa de
investigación ante la Fiscalía 37 del Ministerio Público, a cargo para aquel
entonces de la abogado Emilce Ramos, esta última le dijo: “Tu eres Cedeño, pero Arcadio Cedeño, tú no
eres Eligio Cedeño y no tienes los recursos para tener los privilegios que él
tenía, tu si vas a una cárcel común”. El testigo resaltó que
nunca se le olvidarán estas palabras. El testigo se trata del primo hermano del
banquero Eligio Cedeño, y por lo tanto no estaba obligado a declarar en contra
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
porque así lo dispone el artículo 49.5
Constitucional; inclusive no responde penalmente en caso de un
encubrimiento de sus parientes dentro de los grados señalados, de modo que no tenía obligación de declarar
contra el referido banquero. Pero además,
cualquier declaración que se rinda bajo coacción resulta nula en términos
legales, independientemente de quien se trate el acusado. No obstante lo
anterior, el representante del Ministerio Público, Felipe Hernández, nuevamente durante la audiencia de juicio
intento coaccionar al ciudadano Arcadio Cedeño, tratándolo como imputado y no
como testigo. Pese a la denuncia realizada por el testigo y a la
disposición constitucional antes referida, nuevamente el Fiscal mencionado intentó
forzar al testigo para que declarara en
contra de Eligio Cedeño, situación
que fue avalada por el Tribunal pese a la oposición de la defensa de Afiuni.
Esto trajo como consecuencia que la juez Afiuni decidiera abandonar la sala de audiencias no sin antes dirigirse al Juez
Bognano para decirle: “Lo que aquí está sucediendo es delito y
yo no lo voy a avalar con mi presencia”. La declaración del
testigo duró aproximadamente 4 horas sin que la Fiscalía obtuviera algún
señalamiento que pudiera incriminar en la comisión de algún delito, ni a la
Juez Afiuni, ni al ciudadano Eligio Cedeño. Por el contrario, afirmó que Cedeño salió del Palacio de Justicia por la
puerta principal en compañía solo de sus abogados y posteriormente se
marchó un vehículo tipo moto que tomó de una línea que se encuentra frente al
Palacio de Justicia. El juicio fue suspendido luego de este testimonio y se
acordó su continuación para el día 18 de noviembre de 2015.
1.27.5
Los casos de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Vicente Scarano Spisso, y
Fray Roa.
1.27.5. 1.
Caso Antonio Ledezma
La relación del caso de la detención y
procesamiento del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los
más calificados líderes opositores, es de por sí suficiente para calificarlo de
corrupción. En efecto, aún para el 22 de noviembre de
2015, el
Tribunal 6° de Control de Caracas no ha decidido si ordena o no el
enjuiciamiento del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien en
fecha 19 de febrero de 2015, sin orden judicial y sin conocer los delitos
por los cuales se le acusaba, Ledezma,
fue detenido en un plan operativo con al menos 120 efectivos del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que llegaron por sorpresa a la oficina del
alcalde ubicada en la Torre Exa, de Chacao, en Caracas.
La audiencia preliminar donde debe adoptar tal medida ha sido aplazada
en seis oportunidades, incluso dos veces en un mismo mes. Y ello no obstante
que el Código Orgánico Procesal Penal, establece que la audiencia preliminar
debe realizarse a más tardar, aun con prórroga, a los 40 días de la fecha en
que el Ministerio Público acusó al Alcalde. Luego de 242 días
detenido, seis veces el plazo máximo
permitido en la legislación venezolana para la celebración de la audiencia
preliminar, sigue sin realizarse. Por
los delitos de conspiración (art. 132 del Código Penal) y asociación para
delinquir (art. 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
Terrorismo), el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, fue recluido en el
Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Los cargos que se le
imputaron se basaron en la declaración de un militar preso que, según
voceros del Psuv, implicó a Ledezma con los jóvenes detenidos Lorent Gómez
Saleh, Gabriel Valles, Ronny Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes a
su vez están imputados por su presunta vinculación con planes conspirativos.
Respeto de su detención y de los delitos que se le imputan el abogado defensor
de Ledezma, el 8 de marzo de este año, denunció que :“Un grupo de vídeos y
documentos han sido difundidos por Venezolana de Televisión en los últimos
días, lo cual revela que no se resguardó la evidencia”, y señaló que, “La evidencia es recabada para esclarecer un
hecho, no para difundirla por televisión ni en los diarios” y lamentó que todos
los funcionarios que llevan el caso de Ledezma, desde jueces hasta fiscales,
ninguno sean titulares, que por no ser de carrera pueden autocensurarse por temor a una instrucción de
alguna autoridad superior”. Por su
parte, la Sala 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas, el 18 de marzo de 2015, no obstante la violación de sus derechos al
debido proceso por la detención arbitraria de que fue objeto Ledezma, ratificó la
decisión del Tribunal 6 de Control de Caracas que ordenó la detención
preventiva del alcalde, por lo que siguió detenido en la cárcel militar de Ramo
Verde (Los Teques) a la espera de su enjuiciamiento. Ese mismo día Omar Estacio
y José Fernando Núñez, defensores del Alcalde Metropolitano de Caracas,
Antonio Ledezma, solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,
separar del proceso a la Fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Harrington
Padrón y su asistente, Yeison Moreno, pues habrían intentado inculpar
falsamente a la máxima autoridad capitalina a través de uno de los
detenidos por el Sebin. Fue el 7 de abril del 2015 cuando el Ministerio Público
acusó formalmente a Antonio Ledezma por los delitos de conspiración y
asociación, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y solicitó la
admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Ledezma, así como que se
mantuviera la medida privativa de
libertad contra Ledezma. Respecto de la
acusación su defensor denunció que la Fiscalía se basó en hechos falsos, en
pruebas manipuladas y en argumentaciones jurídicas que contradicen jurisprudencias del Tribunal Supremo de
Justicia. Y que lo más grave aún es que la Fiscalía, en esa nueva actuación,
haya mutilado actas del expediente o no las haya incorporado al expediente
judicial. Más tarde, el 24 del mes y año señalados, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal
6° de Control del Área Metropolitana de Caracas una medida cautelar sustitutiva
de libertad para el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma Díaz,
para ser operado de una “hernia reproducida” y debido a la necesidad de tratamiento quirúrgico
a la brevedad posible y en cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, el
tribunal de la causa ordenó el traslado de Antonio Ledezma a un centro
asistencial para recibir tratamiento médico urgente. El 26 del mismo mes y año ingresó en horas de la mañana en el Urológico
San Román para ser intervenido por una “hernia inguinal reproducida”, la cual
le generó fuertes dolores durante su encarcelamiento en el Centro Nacional de
Procesados Militares de Ramo Verde. Una vez practicada la intervención
quirúrgica, Ledezma fue llevado por funcionarios de Sebin a su casa, donde de
le dejó bajo arresto domiciliario “para
garantizar su recuperación”. Debido a la recuperación de la intervención
quirúrgica, el juez 6° de Control de Caracas,
el 12 de mayo de 2015, Miguel Graterol, fijó para el 9 de junio la
audiencia preliminar donde debe decidirse si autoriza o no el enjuiciamiento
del alcalde. Sin embrago, el día fijado la audiencia preliminar se suspendió,
según el Tribunal, “por razones operativas, pero ello fue un pretexto porque algunos de los imputados no pudieron ser
trasladados de su lugar de reclusión, según señaló el abogado defensor de
Ledezma. El 8 de julio del mismo año se
difirió de nuevo la audiencia preliminar bajo el e alegato fue la imposibilidad
de trasladar a testigos del caso hasta el Palacio de Justicia y se le fijó para
el 28 de julio, a la cual acudió el
mismo abogado defensor, pero el Tribunal Sexto de Control en esta
ocasión, por dificultades en el traslado el Ministerio Público no acudió a la
citación que se hizo en la última audiencia para esa fecha, difiriéndosela para el 25 de agosto de
2015. Llegad este fecha, por cuarta vez difieren la audiencia de
Ledezma y citan nuevamente para el 22 septiembre y Estacio, el abogado
defensor manifestó que, “no nos puede pasar por inadvertida la situación
de colapso que padece el sistema judicial venezolano. El caso de Ledezma no es
el único en donde se produce este tipo de anomalías, aquí hay una gran cantidad
de personas esperando audiencia”. El 22 de septiembre, Fue diferida nuevamente
sin conocer una razón oficial hasta ahora y se señaló que la audiencia se
realizará el 21 de octubre de 2015. Sin embargo, la audiencia preliminar fue de
nuevo diferida, y la esposa de Ledezma, aseguró mediante la cuenta del alcalde en Twiter
@alcaldeledezma, que pretenden “mantenerlo un limbo jurídico” con siete
diferimientos.
1.27.5. 2.
Casos: Daniel Ceballos, Vicente Scarano Spisso
y Fray Roa
La Sala Constitucional del TSJ ordenó a los
alcaldes Daniel Ceballos y Vicente Scarano Spisso, realizar toda acción
legítima para prevenir y repeler las obstaculizaciones a las calles públicas en
el marco de las protestas del año 2014 en los municipios de San Cristóbal (Edo.
de Táchira) y San Diego (Edo. de Carabobo), con el riesgo de incurrir en
desacato a la autoridad si incumplían la orden. Posteriormente, la Sala
Constitucional, actuando como un tribunal penal, condenó a los dos alcaldes a
pena de prisión, sin que hayan gozado de un debido proceso penal o derecho a la
defensa. Con estas decisiones fueron removidos de sus cargos como alcaldes.
Daniel Ceballos se encuentra con arresto en su domicilio desde el 11 de agosto
de 2015. Respecto de estos Casos la
Comisión Internacional de Juristas concluyó señalando que: Los líderes
políticos de la oposición, las autoridades municipales que han discrepado con
las decisiones del poder político central y los defensores de derechos humanos,
se encuentran en un permanente estado de amenaza de ver sus derechos humanos y
garantías constitucionales violados o severamente afectados. La situación que
viven Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio José Ledesma y Vicente Scarano
Spisso, es un ejemplo de cómo el poder político, de la mano con las autoridades
judiciales, afecta gravemente los derechos humanos de las personas que
públicamente han manifestado su discrepancia con el Gobierno.
Y que Los procesos judiciales seguidos en contra de los dirigentes políticos
Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma y Vicente Scarano Spisso deben
cesar y decretarse de inmediato la libertad de los acusados. Estos procesos no
tienen suficientes bases para sustentar su prosecución y es evidente su
motivación política.
Fray Roa es el director general de la Federación Venezolana de Licoreros
y Afines. Roa fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN) el 24 de julio de 2015, por haber declarado a la cadena CNN que el
sector licorero se encuentra en crisis. El Gobierno lo acusó de inmediato por
“generar alarma”.
1.27.5.
3
Caso Tadeo Arriechi
Tadeo Arrieche Franco, abogado, fue detenido
por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 8 de febrero de
2015 en el aeropuerto de Barcelona (Edo. de Anzoátegui) sin orden de
aprehensión, por la investigación que lleva a cabo el Gobierno sobre supuestas
irregularidades en la distribución de alimentos por parte de la cadena de
supermercados Día Día Supermercados, que es cliente de la firma de abogados
ASPEN Legal, de la cual es parte el abogado Arrieche Franco. El abogado Tadeo
Arrieche Franco fue detenido por ser el apoderado judicial de la cadena Día Día
Supermercados. La ocupación de la empresa Día Día Supermercados fue anunciada por
el Presidente Nicolás Maduro durante un evento con militantes del partido PSUV,
en donde acusó a los directivos de la cadena de estar involucrados en una
“guerra alimentaria”. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado
Cabello, declaró desde los depósitos de la empresa ubicados en La Yaguara
(Caracas), sobre la ocupación temporal de la empresa, a través de una
transmisión en vivo la cadena de televisión VTV durante la madrugada del 2 de
febrero de 2015. El abogado Tadeo Arrieche Franco está acusado por el
Ministerio Público por los delitos de boicot y desestabilización de la
economía. Actualmente se encuentra privado de libertad. La situación de Tadeo
Arrieche Franco vulnera explícitamente el Art. 18 de los Principios Básicos
sobre la Función de los Abogados, disposición que señala que los abogados no
pueden ser identificados con sus clientes como consecuencia del desempeño de
sus funciones. Tadeo Arrieche Franco no tiene ninguna otra relación con la
empresa, salvo la de ser su representante judicial. En cuanto a este caso, la
citada Comisión Internacional de Juristas señalo que: El proceso judicial en
contra del abogado Tadeo Arrieche Franco debe concluir a la brevedad y
sobreseer la causa en su contra, pues en caso contrario se sentaría un precedente
muy negativo en contra del libre ejercicio de la profesión de abogado,
afectando disposiciones expresas de los Principios Básicos sobre la
Función de los Abogados de las Naciones Unidas. Tadeo Arriechi fue liberado, junto con el director de la Cadena
de Super Mercados Día a Día, Manuel Morales, el día 12 de noviembre de 2015, después de estar
recluidos nueves meses en el Sebin El Helicoide, quienes fueron acusados por
presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad y acusado de la presunta
comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía.
TERCERA
PARTE
Reflexión Final
La destrucción del Estado y de
la sociedad por la inmoralidad pública
1
Las cifras del deterioro
Dije al comienzo de
este trabajo, que la gobernabilidad democrática, tiene en la
transparencia y en el control de la corrupción de la gestión pública uno de
sus componentes esenciales, no solo por el respeto a los
principios y a los estándares de
conducta de ética pública,
sino también por la confiabilidad que deben generar las decisiones gubernamentales y porque un
gobierno que permita la corrupción o que no evite la impunidad por delitos
relacionados con la dilapidación de los recursos del Estado lleva al país a
su destrucción como sociedad e impide el
progreso social de la población. De ello
son las cifras de deterioro que presenta el país, como se demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 (Encovi)
elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de
Venezuela y la Universidad Simón Bolívar,
que “desnudan a una sociedad golpeada por el centelleante incremento de
la pobreza, el temor a la criminalidad y la falta de servicios públicos”. Según Luis
Pedro España, sociólogo y exdirector del Centro de Investigaciones
Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, en 2014 y 2015 la capacidad
de compra de las familias ha experimentado “la mayor contracción en toda la
historia socioeconómica del país y esto explica por qué hemos batido todos los
récords de pobreza de ingreso. Hoy 73% de los hogares y 76% de los venezolanos
están en pobreza de ingresos”.
Igualmente, los datos demuestran que la miseria aumenta a una velocidad
meteórica: la Encovi 2014 determinó que ese año la proporción de hogares en
penuria era de 48,4% y 52,6% en el caso de las personas. Es decir, en sólo doce
meses ha habido un salto de 24,6 y 23,4 puntos porcentuales respectivamente. Y al contrastar los datos de la Encovi 2015
con las cifras del Instituto Nacional de Estadística queda al descubierto que
los venezolanos sufren una contracción de ingresos sin precedentes. Al respecto, Luis Pedro España señala que la
cifra de 76% de la población bajo el manto de la pobreza es la más elevada
desde 1975, año en el que comenzaron las mediciones de este tipo. En efecto, la pobreza de 2015 supera por
mucho al 58,9% de 1989, año del recordado Caracazo; al 55,4% de 1998, año en
que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales y al 61% registrado en 2003
cuando la conflictividad política y el paro petrolero-empresarial hundieron la
economía en una severa recesión. A su vez,
el retroceso en materia de pobreza va de la mano del acelerado
incremento de los precios y la merma en la capacidad de compra del ingreso. Por otra parte, el Banco Central de Venezuela
oculta las cifras de inflación desde 2014 lo que ha llevado a firmas como
Ecoanalítica a construir un modelo de medición que toma en cuenta las
variaciones de precios en 500 productos. Con base a este estudio Ecoanalítica
señala que entre octubre de 2014 y octubre de 2015 la inflación registra un
salto de 185% y la proyección es que cierre este año en 205%, una magnitud que
se traduciría en el mayor incremento de precios desde 1950. La aceleración de
la inflación obedece a un severo desequilibrio entre la oferta y la demanda. El
número de productos en los anaqueles cae estrepitosamente tras el descenso en
el valor del petróleo, que obliga a recortar las importaciones; la merma en la
producción de empresas expropiadas, el control de cambio, que se traduce en la
asignación ineficiente de divisas y la regulación de precios, que en algunos
sectores no permite obtener rentabilidad y desalienta la inversión. Es decir, ,
mientras la oferta cae, el Gobierno impulsa la demanda fabricando billetes en
cantidades industriales para cubrir el enorme déficit que sufren las cuentas
públicas.
En cuanto a la pobreza extrema, la Encovi tiene como base una encuesta social que
se realiza bajo la misma metodología que aplicó la antigua Oficina Central de
Estadística e Informática (OCEI), hoy Instituto Nacional de Estadística (INE),
cuando en 1998 elaboró la última investigación de este tipo llevada a cabo por
el sector público. Para medir la cantidad de hogares y personas sumergidas en
la miseria de acuerdo al ingreso, el Instituto Nacional de Estadística y el
estudio llevado a cabo por las universidades contempla que las familias que no
obtienen suficiente dinero a través del salario, bonos, becas, pensiones, para
comprar cada mes una canasta de alimentos básicos que permitan a cada
integrante ingerir al menos 2 mil 200 calorías diarias son catalogadas como
pobres extremos. Luego, las familias en las que su ingreso no les permite
costear una canasta que añade a los alimentos básicos servicios esenciales como
luz eléctrica y transporte son pobres. La Encovi encuestó a 1.500 hogares entre
agosto y septiembre de este año. Estableció una canasta alimentaria con un
valor de 14 mil 556 bolívares bajo un estimado de inflación de 170% para el
caso de los alimentos entre agosto 2014 y agosto 2015. La Encovi determina que
49% de los hogares se ubican en la categoría de Pobreza extrema. Luis Pedro
España precisa que en 2015 la contracción en la capacidad adquisitiva: “ha sido
tan severa que por primera vez el porcentaje de hogares en pobreza extrema de
ingresos supera a los hogares en pobreza no extrema. Esto se explica porque las
políticas de salario mínimo, que son el único mecanismo para mejorar las
remuneraciones, sólo alcanza a los trabajadores del sector formal, quedando
fuera del alcance de estas políticas los más pobres”, señaló Luis Pedro España. Respecto de las
misiones, al evaluar la efectividad de
los planes sociales del Gobierno, englobados bajo el nombre de misiones, Luis
Pedro España indica que: “la mitad de los hogares en pobreza de ingreso dicen
comprar en las distintas modalidades de la Misión Alimentación. Esto es un
síntoma de la crisis de ingresos. Sin abastecimiento subsidiado no se come en
Venezuela. Las misiones estructurales, aquellas que pudieran actuar sobre las
causas de la pobreza, básicamente las educativas, lucen abandonadas”. La Encovi
determina que la cantidad de venezolanos que acude a Mercal, la red pública que
vende alimentos a precios subsidiados, aumentó desde dos millones hasta seis
millones entre agosto de 2014 y agosto de este año. “Las misiones sociales no
fueron una política de superación de la pobreza y, ahora, tampoco son una
política de contención de la crisis de ingresos. La política social se
concentra en la entrega de bienes de alto contenido aspiracional como
viviendas, electrodomésticos, vehículos, y tiene un claro perfil político. Urge
redefinir una política social con verdadero contenido ético basado en la
equidad y la justicia”, agregó Luis Pedro España. Las perspectivas para 2016
son bastante sombrías: “Al no esperarse un comportamiento económico distinto al
actual es de entender que los actuales niveles de pobreza de ingreso se
mantengan. Es posible que hayamos llegado al límite superior de la pobreza en
Venezuela. El 20% que no es pobre seguirá siendo un sector empobrecido, pero no
pobre”, dice Luis Pedro España. Desde su punto de vista sólo con el
relanzamiento de la economía y el diseño de planes sociales efectivos podría
detenerse el deterioro en la calidad de vida.
En cuanto a la inseguridad, los profesores Roberto Briceño León y Alberto
Camardiel, de la Universidad Central de Venezuela y el Laboratorio de Ciencias
Sociales, estuvieron a cargo del estudio
de criminalidad que forma parte de la Encovi 2015. Y los resultados señalan que
la mayoría de las familias viven atemorizadas por la delincuencia: nueve de
cada diez venezolanos piensa que la inseguridad se incrementó en los últimos
doce meses y seis de cada diez que aumentó en la comunidad donde vive. En un
35% de los hogares encuestados, el entrevistado o algún otro miembro de la
familia había sido víctima de un delito en el último año. La percepción de que
la sociedad sufre un agudo proceso de descomposición crece. El año pasado 40%
de las personas consideraba que es fácil o muy fácil conseguir droga en su
comunidad y en 2015 esta opinión corresponde a 49% de los venezolanos. En 2014
un tercio de la población estimaba como fácil o muy fácil comprar un arma de
fuego y este año lo cree 41%. Asimismo el año pasado 23% consideraba que es
fácil o muy fácil mandar a matar a alguien y en 2015 lo afirma 26% de los
venezolanos. La vida diaria transcurre en tensión. El 53% de los venezolanos
tiene miedo de ser víctima de un delito en su casa, el 57% en las calles de la
comunidad y el 73% en el transporte público. La consecuencia, es que uno de
cada tres entrevistados ha sentido la necesidad de mudarse de la zona donde
vive y 13% ha evaluado la posibilidad de adquirir un arma de fuego para
defenderse. La población venezolana tiene muy bajos niveles de confianza en las
instituciones del sistema de justicia penal (entre el 9% y 14%) y sólo un 4%
(el año pasado fue el 7%) tiene confianza en que el gobierno nacional podrá
enfrentar adecuadamente el problema de la violencia e inseguridad.
Y en cuanto al tema de las viviendas
y los servicios públicos, Alfredo
Cilento, profesor de la Universidad Central de Venezuela, estuvo a cargo del área de viviendas y servicios
públicos de la Encovi 2015. Entre los datos relevantes destaca que a pesar de
la Misión Vivienda la construcción pública y privada se encuentra muy lejos de
satisfacer las necesidades de la población.
En efecto, este experto asienta
que “El 64,3% de los hogares han sido auto producidos por la propia gente.
Entre 2006 y 2015 los sectores público y privado han producido sólo 620 mil
viviendas, unas 62 mil viviendas por año, equivalentes a lo producido a finales
de los 60, cuando la población de Venezuela era de unos 11 millones de habitantes.
Las viviendas auto producidas duplican las construidas por sector privado y
gobierno”, considera Alfredo Cilento. No obstante el problema principal en esta
materia no se centra en la proliferación de ranchos: “el número de hogares
alojados en ranchos es de 9,7%. Esto confirma todos los estudios que coinciden
en que la mayor carencia en los barrios no es la casa o la vivienda en sí
misma, sino el déficit de servicios públicos y comunales, y la vulnerabilidad
física-ambiental, social y económica”, señala Cilento. La Encovi 2015 registra
que 38,4% de los hogares no tiene servicio continuo de agua, que 86,4% de las
viviendas posee servicio eléctrico pero los apagones son frecuentes y que 78,5%
de los hogares dispone de servicio de aseo urbano, pero la recolección de la
basura dista mucho de ser eficiente. Incluso, Alfredo Cilento precisa que:
“al menos la mitad de los hogares son vulnerables ante el sismo y otras
amenazas, incluyendo agrietamientos, deslizamientos y derrumbes frecuentes. Más
alarmante aun: 13,5 % de los hogares (más de un millón de familias) están en
zonas declaradas de alto riesgo”. Al evaluar el tema de la propiedad Alfredo
Cilento indica: “el 80,7% de los hogares es propietario, adjudicatario o está
pagando su vivienda. Pero, la oferta de viviendas en alquiler prácticamente
desapareció, como efecto de la regulación inquilinaria dictada por el gobierno.
La consecuencia ha sido el incremento desmesurado de los alquileres y de los
precios de las viviendas del mercado secundario”.
2
Democracia y corrupción
Históricamente sería una irresponsabilidad
decir que antes de 1999 en Venezuela no había
corrupción. Lo cierto es que existieron
también casos como los de enjuiciamientos de ex presidentes y ex ministros y de
banqueros, por hechos de corrupción que fueron considerados graves y por los
que fueron condenados. Tampoco faltaron
críticas a la impunidad y lenidad para otros casos. Pero también es cierto que no llegaron a
alcanzar grados tan extremos de gravedad y de tanta reiteración, como de
impunidad, en estos 15 años, como lo han
señalado incluso organismos internacionales, de los cuales son algunos ejemplos
los casos reseñados en este trabajo. La
reflexión con la que termino es la de que una verdadera democracia no existe si
“la corrupción de los pueblos nace de la
indulgencia de los Tribunales y de la impunidad de los delitos”, y porque “la destrucción de la moral pública causa
bien pronto la disolución del Estado”,
según el certero pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Por ello, las declaraciones atribuidas a la
diputada Aurora Morales del PSUV, partido de gobierno de Venezuela, de
que “el pueblo no está interesado en
saber de los dólares robados”, es síntoma de esa disolución del Estado por
el deterioro de la ética pública en el régimen del presente gobierno venezolano.
ANEXO
I
Petición
del abogado Franklin Hoet ante el Tribunal de Andorra que investiga los casos
de lavado de dinero del Banco Privado de Andorra
FRANKLIN HOET LINARES , quien es
ciudadano venezolano, identificado con el Pasaporte N O 080805144 y con el
documento de identificación nacional N O 2143032, con domicilio en la Ciudad de
Caracas, se ha impuesto del hecho notorio comunicacional internacional de la
apertura de un procedimiento penal en contra de directivos del Banco Privado de
Andorra, en base a la información que el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de América ha suministrado al gobierno andorrano, por un supuesto
blanqueo ilegítimo de capitales, que cursa ante ese Juzgado, entre los que se
encuentran importantes y cuantiosos fondos de Petróleo de Venezuela S. A.,
distinguida por sus siglas PDVSA, empresa perteneciente en un 100% a la
República Bolivariana de Venezuela, según el artículo 303, de su Constitución,
publicada en la Gaceta Oficial N O 36.860 del 30 de diciembre de 1999,
reimpresa en Gaceta Oficial N O 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de
2000, cuya actividad es la industria petrolera, reservada en interés de la
Nación, conforme el artículo 302, de la Constitución citada; y que provienen
del ingreso generado por la riqueza del subsuelo, que son bienes del dominio
público nacional, de acuerdo con el artículo 12, de la misma Constitución, y
que está destinado al financiamiento de la inversión real productiva de
Venezuela y la educación y la salud de su población, según el artículo 311 de
la mencionada Constitución. Por Io que el manejo ilegítimo de capitales de
PDVSA, a nivel internacional contrariando las disposiciones de tratados
internacionales contra este delito, suscritos por Venezuela, afectan
directamente su población, puesto que se trata del patrimonio pública nacional,
que según los principios que se pueden derivar de estos tratados son delitos
que afectan la humanidad, entendida como sujeto internacional de derecho,
conforme el reconocimiento que se le ha hecho en los tratados relativos a los
derechos económicos y sociales y los derechos del desarrollo económico y
social, que son de naturaleza colectiva y universal. Hasta el punto, por
ejemplo, que internacionalmente este delito está excluido de los beneficios de
indulto y de amnistía o de los beneficios procesales de libertad condicional, e
igualmente, se les considera imprescriptibles, al igual que los delitos de lesa
humanidad, cuya comisión justifica la confiscación u ocupación de los bienes de
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que resulten
responsables, y que en el caso de Venezuela se ha reconocido en los artículos
29 y 116, de su Constitución. Este reconocimiento permite que puedan ser
calificados de delitos contra los pueblos o naciones, porque cuando se trata de
del blanqueo de fondos públicos se les afecta en su bienestar y desarrollo,
principalmente su educación, salud y en sus derechos colectivos sociales y
económicos , de vivienda propia, de seguridad social y salud pública, y de
igual manera en los derechos de los funcionarios, o trabajadores del Estado,
cuyos derechos laborales, en razón de los principios de la Organización del
Trabajo, y particularmente en Venezuela, por disposición del artículo 89,
Numeral 2, de la Referida Constitución, son de naturaleza irrenunciables, Y que
por causa de la sustracción y manipulación ilegítima de los fondos de PDVSA
ésta ha incumplido con el pago de las indemnizaciones y beneficios
económicos de dichos trabajadores, e
inclusa ha incumplido con su deber de ejecutar sentencias definitivamente
firmes de los tribunales laborales, como se ha denunciado por ante la
Organización Internacional del Trabajo. En razón de que el blanqueo o ilegítima
manipulación de los capitales de PDVSA por tratarse de ingresos derivados del
dominio público, impiden que el Estado satisfaga los derechos fundamentales,
económicos y sociales del pueblo venezolano e impiden su bienestar social,
porque tales fondos, provenientes de la riqueza del subsuelo se les desvía de
su finalidad primordial, cual es la de invertirlos en el financiamiento de la
producción nacional y de la educación y salud y de los derechos irrenunciables
de dicho pueblo, por Io que al ser apropiados ilícitamente por personas
privadas, se trata de delitos de carácter universal por ir en contra del pueblo
venezolano.
Es por ello, que FRANKLIN HOET
LINARES, antes identificado, comparece enel procedimiento de averiguación penal
que ha abierto ese Juzgado por blanqueo de capitales en contra de directivos
del Banco Privado de Andorra, en adelante BPA. Para ello señala a ese Juzgado,
además de lo expuesto respecto a la naturaleza de delito contra el pueblo
venezolano de tales hechos, que su cualidad o legitimación, como ciudadano
venezolano le viene dada por su derecho de ciudadanía a que se contrae el
artículo 39 de la Constitución venezolana, y particularmente, de los derechos
políticos que se reconocen a los venezolanos, en el artículo 62 constitucional,
de participar en los asuntos públicos y específicamente, del control de la
gestión pública, tanto de interés individual como de interés colectivo, como Io
es el blanqueo de capitales o fondos destinados al bienestar del pueblo
venezolano, que son ingresos obtenidos por PDVSA de la riqueza del subsuelo de
la Nación. Lo que le permite a FRANKLIN HOET LINARES solicitar información
relativa a los hechos que afecten los intereses de las comunidades o grupo de
personas, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución venezolana. Derecho
este, que, como ciudadano venezolano, FRANKLIN HOET LINARES aduce le
corresponde incluso para comparecer legítimamente por ante tribunales
extranjeros en procura de esa información, unido a que los principios de los
tratados internacionales contra ese delito de protección de las poblaciones son
aplicables a Venezuela, como normas obligatorias de derecho interno e
internacional, conforme el artículo 22 de su Constitución , y según los
artículos 19 y 23, de esta misma Carta Magna, En efecto, el propósito de los
Estados al suscribir esos tratados es el de prevenir y castigar tales delitos
para proteger a la población y a los pueblos, por Io que de ese propósito se
deriva el interés colectivo procesal de los ciudadanos de ese pueblo o
población de acudir a tribunales extranjeros para defender sus derechos, cuando
se afecta el patrimonio público que le pertenece o en cuyo beneficio está
destinado, por tratarse de manipulación ilegitima de rentas provenientes de
bienes del dominio público o nacional, como ocurre con los capitales de PDVSA,
que son ingresos de la explotación de la riqueza petrolera de Venezuela, de
donde es originario FRANKLIN HOET LINARES. De manera que al suscribir los tratados
contra el blanqueo de capitales los Estados se obligan directamente con sus
pueblos más que con los otros Estados,
Además ese interés procesal, en
el caso de FRANKI.IN HOET LINARES, como ciudadano venezolano, se refuerza con
su condición de abogado, que es un componente del sistema judicial venezolano,
según el artículo 253, de la Constitución, dado que de acuerdo con el artículo
40, de la Ley de Abogados venezolana, los profesionales del derecho son
auxiliares de la administración de justicia. El Abogado FRANKLIN HOET LINARES
se encuentra inscrito en los Colegios de Abogados , tanto del Distrito Federal,
hoy Colegio de Abogados del Distrito Capital, de Caracas, como del Estado
Miranda, de Los Teques, y en el Instituto de Previsión Social del Abogado
venezolano, (Inpreabogado), bajo el No 6913, de 15-4-70. Y en razón de su deber
patriótico de honrar y defender los intereses de su Nación, que le corresponde
como venezolano, conforme al artículo 130 de la referida Constitución, entre
los cuales resultan fundamentales el de la responsabilidad patrimonial del
Estado y la de sus funcionarios, por aplicación de los artículos 140 y 139,
constitucionales, respectivamente. Además de que, de su deber de
responsabilidad social y de participación y de proteger el bienestar general,
implícitamente del texto de los artículos 132, 133 y 135, también
constitucionales, se deriva su interés procesal de acceder a la justicia
extranjera para defender y proteger esos intereses nacionales cuando se ven
afectados por delitos como el de blanqueo de fondos públicos por la corrupción
de funcionarios o de personas privadas. Máxime que por afectarse ingresos
petroleros además de violarse principios de ética pública, reconocidos en
declaraciones internacionales y particularmente en Venezuela, según el artículo
141, de la Constitución, se afecta directamente el régimen fiscal de Venezuela,
que es parte de su soberanía, como se desprende del artículo 311, en
concordancia con los artículos 302 y 303, ambos de la mencionada Constitución.
En razón de todo lo expuesto, FRANKLIN HOET LINARES, solicita
se le admita como interesado en el procedimiento que ese Juzgado ha abierto en
contra de directivos del BPA, por blanqueo de capitales, para sostener en dicho
procedimiento la defensa de los derechos del pueblo venezolano, afectados por
la manipulación y apropiación ilegítima de fondos de PDVSA, así como para que, en razón del interés procesal
colectivo que justifica su comparecencia
ante ese mismo Juzgado, se le permita el acceso a la información pertinente, y
que para evitar mayor perjuicio irreparable al pueblo venezolano se atienda su
petición de que se dicten las medidas cautelares que ese Juzgado considere
procedentes para que no puedan ser retirados tales capitales y los frutos que le
correspondan para garantizar así que dichos fondos se destinen para el
bienestar de dicho pueblo, y para que se les deposite en un fondo especial que
solo pueda ser administrado por ese Juzgado, o por quien designe, para evitar
que sean apropiados por quienes se han servido de ellos para abrir cuentas
personales o a nombre de terceras personas interpuestas. Finalmente, también
por las razones expuestas, FRANKLIN HOET LINARES solicita se permita la
adhesión a su petición de otros ciudadanos venezolanos o de sus asociaciones u
organizaciones profesionales, de abogados o de trabajadores, que se puedan ver
afectados por las manipulaciones ilegítimas de los fondos que pertenecen al
pueblo venezolano al cual pertenecen.
En Wellington, Estado de
Florida, Estados Unidos de América a los 23 días del mes de Marzo del 2015.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Venezuela HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/w
http://www.reportero24.com/wp-content/uploads/2015/06/INFORME-OT%C3%81LVORA-Abren-proceso-judicial-a-Lula-por-financiar-a-Cuba-y-Venezuela.png
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http://www.rietedelgobierno.net/2015/03/18/se-destapo-esa-olla-illaramendi-confeso-en-eeuu-que-rafael-ramirez-y-el-estafaron-pdvsa/
Las
denuncias consignadas en la Fiscalía General de la República contra Diosdado
Cabello fueron las siguientes: 1) Safonacc:
Distribución de recursos a Consejos Comunales sin justificaciones
ni soportes por 150 millones de bolívares. 2) Ipsfa:
Compra de módulos, sillas y vehículos con irregularidades en pagos entre 2007 y
2008 por 115,9 millones de
bolívares. 3) Obras Inframir:
Proyectos sin contratos firmados ni adjudicación por 21,6 millones de
bolívares. 4) Cuerpo de Bomberos-Ipsfa: Compra de vehículos por el Cuerpo de
Bomberos al Ipsfa sin documento de contrato por 16 millones
bolívares. 5). Nómina Corposervicios: Pago a cuadrilleros del Municipio Sucre,
irregularidades en números de cédulas, nombres y pagos dobles y
triples por 13,8 millones de bolívares. 6) Obras Invihami:
Irregularidades de contratos en 16 de los 31 proyectos para ejecutar 941 obras
por cogestión y beneficiar a 939 familias por 13,6 millones de
bolívares. 7). Hotel Anauco:
Hubo pagos dobles por cancelación de hospedaje a médicos cubanos por 5,6 millones de
bolívares. 8) Inversora
Ipsfa-Instrumentos musicales: Compra de instrumentos musicales con sobreprecio
para las escuelas por 4 millones de bolívares. 9) Corposervicios: Compra de terrenos e inmuebles para los consejos
comunales, misiones y guarderías sin avalúos previos por 3,9 millones de
bolívares. 10) Invitrami: Adjudicación de obras sin previa:
11) Hotel
Gran Casino: Pagos sin soportes por 3,4 millones de bolívares. 12) Corpomitur: Contratación de empresas
para construcción de obras, todas con algún nexo entre sí, por 2,6 millones de
bolívares en anticipos. 13) Compra
Iapem-Ipsfa: Compra de bienes para el apoyo de funciones policiales sin
documento de contrato, daño al patrimonio por 1,7 millones de bolívares por
cinco jefaturas móviles que no se entregaron. 14) Invihami:
Remodelación de baños sin cláusulas de contrato con las empresas encargadas,
sin ejecución de fianzas de anticipo, ni conclusión de obras por 421millones de
bolívares. 15) Denuncias de cooperativas: Contratación de cooperativas para
trabajos que no corresponden con el objeto social, como es colocar propaganda electoral
y traslado de materiales y personas en campaña electorales regionales en 2008. 16) Muebles
Corposervicios: Saqueo, y desvalijamiento de vehículos y partes de
vehículos. Y, 17). Compactadoras de basura: Compra de 10 compactadoras de las que fue
entregada sólo una, pese a que se canceló el monto total.
Ley contra la
Corrupción del 4 de diciembre de 2014
(Decreto N° 1.410 publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 6.155)
y
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
del 30 de abril del 2012.
(Artículo 35: Legitimación de
capitales: Quien
por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o
poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas
de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será
penado o penada con prisión de diez a quince años. La misma pena se
aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1.- La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes,
capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o
encubrir el origen ilícito de tos mismos o de ayudar a cualquier persona
que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones. 2.- El ocultamiento, encubrimiento o
simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino,
movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. 3.- La
adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.4.-
El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o
capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes
objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados)
Convención de la ONU contra la
Corrupción del 31 de octubre de 2003. Convención Interamericana contra la
Corrupción del 29 de marzo 1996. Convención para combatir el Cohecho de
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) del 21 de noviembre de 1997.
http://www.poderopedia.org/ve/personas/Alcides_Rondon
ww.noticias24.com/venezuela/noticia/200269/estos-son-los-puntos-claves-del-caso-del-alcalde-de-valencia-edgardo-parra/
Una fuente vinculada con las investigaciones reveló que la cooperativa, con un
capital social de Bs. 1.500, logró adquirir la avioneta valorada en una cifra
cercana a 250 mil dólares.
http://noticias24carabobo.com/actualidad/noticia/69248/interpol-panama-capturo-a-socio-de-exalcalde-edgardo-parra-vinculado-a-casos-de-corrupcion/
http://redlaj.com/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Ite
http://www.tsj.gov.ve/cuentas/scp/2009/cuentascp-24122009.htm
