La Mafia y la Cosa Nostra del
Arco Minero del Orinoco y el ecocidio del Siglo XXI
Roman J. Duque Corredor
El Diario Curacao Chronicle,
en su edición de 15 de enero de 2018, denunció contrabando de oro a gran escala
desde Venezuela hacia el Caribe, incluyendo Curazao y Aruba, según investigación
que realizó en nuestro país el periodista y criminólogo internacional, Bram
Ebus, financiada por Pulitzer Center on Crisis Reporting, sobre la extracción
ilegal de oro en el Sur de Venezuela, y que suministró a NPO Radio 1 en Bureau
Buitenland (VPRO). Ebus señala que docenas de aviones realizan vuelos, las 24
horas del día, “bajo las narices”, o
complacencia de los miembros de las Fuerzas Armadas e indica como su fuente al
Mayor General Cliver Alcalá Cordones, que tuvo a su cargo el control de áreas
mineras hasta el 2013 y quien asevera
que militares se aseguran que las aeronaves permanezcan fuera del radar y que se enriquecen; y que el 80% del oro venezolano sale del
país como contrabando, es decir, miles de kilos por mes. Ebus visitó durante
tres meses el área llamada Arco Minero para investigar la minería ilegal, por
lo que fue detenido por la Guardia Nacional durante 24 horas[1]. La investigación de Bram Ebus, denominada “Explorando el Arco Minero. La destrucción de
110 mil kilómetros cuadrados en el proyecto minero más grande de Venezuela”,
aparece publicada por arcominero.infoamazonia.org. [2], según la cual “el afán de las fuerzas armadas por los minerales se traduce en un
visible militarización de las zonas mineras”, o áreas decretadas por el gobierno como “Arco Minero del Orinoco”, como un
proyecto contra la minería ilegal y de solución a la crisis económica, que
coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente
protegidos y en las cuales poco importa si el oro tiene un
origen legal o no: o, si es extraído por
compañías o por bandas armadas o “pranes”.
Dichas zonas son: Área 1:
Bauxita, coltán, tierras raras y diamantes. Área 2: Oro y hierro. Área 3:
Bauxita, oro y hierro y Área 4:
Bauxita, oro, cobre, dolomita y caolín. La intención del gobierno, ante su
déficit, con la creación de esta extensa zona minera, es reducir la dependencia
del petróleo mediante la extracción de oro, diamantes y coltán. Ebus afirma que “el oro ilegal extraído allí se contrabandea a gran escala hacia el
Caribe es un secreto público “, y que “soldados,
mineros, políticos, todos lo saben”. Y que el Arco Minero resultó “un gran desastre: la zona está llena de
cráteres, con agua envenenada por mercurio y la supervivencia de las
comunidades indígenas está en juego” y que “todo tipo de negocios oscuros, en parte está en manos del gobierno”;
“todo esto tiene lugar bajo la atenta
mirada del ejército”. Según el
diputado Elías Mata han sido detenidos barcos pesqueros con cargamento de
barras de oro que salen del país hacia las islas del Caribe, específicamente,
Aruba y Curazao y que por contrabando de oro Venezuela ha perdido alrededor de
20.000 millones de dólares. Sobre este
particular informó el diputado Mata que el miembro de la Segunda Cámara del
Parlamento holandés Ronald Van Raak, había solicitado a su gobierno informe
sobre este contrabando de oro. De acuerdo con el informe elaborado por el
mencionado diputado Mata, de acuerdo con el atlas de economía de la Universidad
de Harvard, en el año 2015 Curazao exportó 514 millones de dólares, que
representa el 32% del total de sus exportaciones. Y que en Venezuela el 80% del
oro sale por la vía del contrabando y que para 2015 aparecen 883 millones de
dólares exportados por el país, es decir, apenas 2,3%. Asimismo, destacó que en ese año el país
produjo alrededor de 4.415 millones de dólares, alrededor de 110 toneladas de
oro, y si se le disminuye lo que supuestamente exportó legalmente en el 2015
salieron de contrabando 88 toneladas de oro del país. Pero, que si se atiende a
las denuncias de los diputados oficialistas Juan Barreto y Adel El Zabayar, no
serían 88 toneladas de contrabando sino 200 toneladas.
“Una
mafia disfrazada de sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de
Venezuela”, se titula una investigación de Edgar López, publicada en
arcominerodelorinoco.com[3], que resume su contenido, como “el auge de la delincuencia organizada en los
pueblos del sur del estado Bolívar ha sido directamente proporcional al
abandono estatal de la zona. Los jefes de las bandas criminales imponen el
terror con los mismos métodos de violencia extrema que usan los líderes de las
prisiones venezolanas los pranes y han convertido el negocio minero en una red
hamponil que subyuga y corrompe a todos”.
En la zona de Las Claritas, por ejemplo, que es el centro poblado más
cercano a la principal reserva de oro en Venezuela, su mercado está determinado
por el mercado negro. El precio de venta del oro lo fija, a modo de cartel, el
Sindicato en 90.000 bolívares el gramo y si alguien intenta superarlo es
maltratado o asesinado. Un caso
paradigmático de la mafia organizada y de la impunidad en el Arco Minero, al
que se refiere la investigación de Edgar López, lo es el caso del teniente del ejército
bolivariano Jesús Leonardo Cúrvelo, a quien le incautaron 33.034.920 bolívares
en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón, cuando pasaba por el puesto de
control de la Guardia Nacional Bolivariana, La Romana, en la carretera Troncal
10. Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que Cúrvelo y el
conductor, Pedro Rafael Goitia Salazar, formaban parte de una organización
criminal y que el dinero provenía de las organizaciones gubernamentales
relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario
y Gas Comunal, cuyas sedes están en instalaciones militares. Cúrvelo, estuvo 14 años de servicio como
asistente personal del General Julio César Fuentes Manzulli, Comisionado de la
Gobernación del Estado Bolívar para los Pueblos del Sur, cuya función era la de
combatir las mafias mineras. Cúrvelo
obtuvo casa por cárcel después de 106 días detenido, hasta el 3 de febrero de
2016 y huyó del país hacia Portugal. Ya
desde fuera en un informe fechado el 28 de septiembre de 2016, que dirigió al
diputado Américo de Grazia, Cúrvelo afirma que el dinero incautado era una
encomienda de Fuentes Manzulli y que sería empleado para la compra de oro por
Juan Gabriel Rivas Núñez (Juancho), el jefe del Pran del Sindicato Minero “Las
Claritas”[4]. Posteriormente, Cúrvelo, en
entrevista telefónica del 17 de enero de 2017, admitió que había realizado
otras operaciones delictivas y que la última remesa de dinero que intentó
llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque no hubo
coordinación entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del
estado Bolívar. Igualmente señaló que el
día de su detención recibió una llamada
telefónica del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Eduardo
Gámez Flores, que dijo era sobrino de la
primera dama Cilia Flores y que le participó que ya estaban resolviendo su
problema En su entrevista Cúrvelo afirma
que sabía que estaba transportando dinero de origen ilícito, pero que por estar
trabajando por 14 años con un general no tenía más que preguntar y que se
sentía tranquilo, “porque mi jefe tenía
conocimiento de esto”. Admitió también que además de dinero, suministró
armas de fuego a los jefes de bandas criminales vinculadas con la minería. El periodista, Edgar López, termina su investigación
diciendo: “En el expediente del caso Cúrvelo
no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes
Manzulli ni el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente
del ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido. La Fiscalía no avanzó en
la identificación de los integrantes ni en la precisión de otras operaciones de
la organización criminal que respaldó al acusado y que, podría continuar sacado
provecho del tráfico de oro, dinero y armas en los pueblos del sur del Estado
Bolívar”.
Por su parte, la
Asamblea Nacional, en Acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, declaró contrario a los intereses de la
República y a los derechos ambientales el decreto N° 2.248 de fecha 24 de
febrero de 2016, de creación del Arco Minero del Orinoco, que comprende una
extensión de 111.846, 70 kilómetros cuadrados, y, que por ende lo desconocía y
desautorizaba su creación, por atentar
contra las reservas de agua dulce no
contaminadas, del país, ubicadas al sur del Río Orinoco, la biodiversidad de la
Reserva Forestal de Imatáca, de El Caura, La Paragua y las zonas protectoras de
la Cuenca del Río Caroní, los Tepuyes, que son formaciones biogeografías únicas en el mundo, y porque atenta contra el hábitat de los pueblos
indígenas y las Áreas bajo Régimen de Administración Especial, Áreas Protegidas
o de Especial Importancia Ecológica. Áreas estas para cuya desafectación se
requería la autorización de la Asamblea Nacional. En dicho Acuerdo se denuncia igualmente que
con citado decreto el gobierno pretende otorgar los contratos y concesiones
para la explotación de los recursos de esa extensión, sin la debida
autorización de la Asamblea Nacional. El
gobierno de Maduro, con fundamento en el cuestionado decreto, anuncio el 5 de
agosto de 2016, la firma de una serie de acuerdos por 4,5 millones de dólares
con empresas nacionales e internacionales, entre otros con la empresa Faoz,
para la explotación de yacimientos de tantallo[5]
y niobo[6]
y la constitución de una empresa mixta, con la compañía Gold Reserve, a quien
con anterioridad el gobierno de Chávez había
revocado el contrato para la exploración de oro y cobre de la minas Las
Brisas y Las Cristinas, en el municipio Sifontes, del Estado Bolívar. Posteriormente, en septiembre de 2016, Maduro
autorizó la creación de la empresa mixta
Siembra Minera, constituida por la Corporación Venezolana de Minería y GR
Mining de Barbados. Asimismo, Maduro anuncio que se invertirían más de 4
millardos de dólares en la zona y que se instalarían con alianzas
internacionales, tres (3) empresas mixtas para la explotación del coltán,
mineral refractario imprescindible para la industria electrónica, militar y
aeroespacial[7]. Por otra parte, a finales del 2017, Maduro
anuncio la delimitación de 23 áreas para uso minero en una extensión de 3.409
kilómetros cuadrados, es decir, el 3%
del Arco Minero, de las cuales 22 están destinadas a la explotación de oro y la
otra a la de diamante, lo cual se acordó en el decreto N° 3.189, por el que
transfirió a la citada Corporación y a la Empresa Nacional Aurífera el derecho de desarrollar la explotación de
oro y minerales estratégicos en dichas extensiones, para cuyo desarrollo el gobierno incorporaría más de 10.000 personas, mediante un Plan
llamado Chamba Juvenil, es decir, minería a pequeña escala, cuyas consecuencias para el ambiente y la
salud de las personas, por equipos que arrasan el suelo y que necesitan mercurio, que contamina y envenena
las aguas, los peces y las personas.
El
gobierno, por decreto N° 2.413 del 5 de
agosto de 2016, declaró elemento estratégico para su exploración y explotación
al niobio (Nb) y al tantallo (Ta), y
mediante los decretos Nos.2.538, 2539 y
2540, publicados en la Gaceta Oficial N°
41.026, creo, sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo exige el
artículo 150, de la Constitución, tres
(3) empresas mixtas para la exploración y
explotación del coltán, en las
que la Corporación Venezolana de Minería tendría la mayoría de las acciones. La primera de ellas con Energold
Minerals Inc., canadiense, que, según Bloomberg, dedica a la explotación de
diamante y bauxita, denominada Empresa
Mixta Minera Metales del Sur. La segunda, con la Corporación Faoz C. A.,
sobre la cual se desconoce su actividad, llamada Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza. Y, la tercera, con
Supracal C. A., empresa venezolana del estado Lara dedicada a la fabricación y
distribución de cal, denominada Empresa
Mixta Oro Azul. A la Empresa Mixta Parguaza, mediante decreto N° 2.683,
publicado en la Gaceta Oficial N° 41.078 del 19 de enero de 201, le transfirió
el gobierno el derecho a la exploración y explotación de coltán, ilmenita,
casiterita, estaño circón, cuarzo granito, diamantes y oro, en un área de
10.201 hectáreas en el municipio Cedeño del Estado Bolívar. Ahora bien, la
Corporación Faoz no tiene experiencia en el área y tampoco aparece en el
Registro de Contratistas y su página web está vacía al momento de la firma de
la constitución de la empresa mixta, y sin embargo, según el mismo Maduro
deberá invertir por lo menos 2.250 millones de dólares en el proyecto que
contempla una inversión de 5.000 millones de dólares. Por esta razón, se dijo “Arco Minero: Autorizan a empresa de maletín
para explotar coltán en Parguaza”[8]. Al respecto, Carlos Tablante, en un
artículo titulado “Las Minas de la
Corrupción”, señala que los acuerdos
ilegales celebrados, sin licitación pública, con las empresas canadiense,
italiana, suiza, china y congolesa representan más de 10.000 millones de
dólares, y que de esas empresas, con
anterioridad el gobierno le había revocado sus contratos, supuestamente a Gold
Reserve por prácticas contra el medio ambiente y que la empresa suiza Glencor,
tiene un oscuro historial en Guayana en la explotación de níquel. Asimismo, dice Tablante, en su artículo
mencionado, que las empresas que firmaron los contratos con Maduro y el
Ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, no tienen ninguna
experiencia, ni el capital, ni los recursos humanos para emprender la
explotación de los yacimientos, en especial, el coltán, y que por lo tanto son
“empresas de maletín”[9]
. Fedor Linares, en su artículo “El Arco
Minero del Orinoco: fraude y catástrofe”, afirma que con la implementación
del proyecto de este Arco, aparte de las
razones oficiales, como la de atender
sus obligaciones, las razones reales es la de mantener el gobierno sus
políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su
política de influencia internacional y
que “es una nueva fuente ilícita de
recursos e ingresos”, y que el proyecto responde básicamente a un interés
privado:” la satisfacción de los
intereses de la élite gobernante”.
Y, que desconoce “derechos y
principios constitucionales” para favorecer los intereses de esta élite, “y
del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la
seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación”[10]. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela,
que centraliza las operaciones, no presenta registros sobre las compras de oro.
Por los daños
masivos al medio ambiente, que determinan destrucción o perdida de ecosistemas
en las zonas del llamado Arco Minero del Orinoco, así como el riesgo grave que
supone para sus habitantes al contaminar sus aguas y cultivos, a la luz de la
comunidad internacional, su creación se puede calificar de “ecocidio” y, por
ende, de un delito contra la humanidad. En efecto, se entiende por ecocidio el
daño masivo o destrucción medioambiental de un territorio o zona, de tal
magnitud que puede poner en peligro la supervivencia de sus poblaciones. La Asamblea Nacional, en su Acuerdo de fecha
14 de junio de 2016, por el que declaró
contrario a los intereses de la República y a los derechos ambientales el
decreto N° 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016
de creación del Arco Minero del Orinoco, señalaba los daños que las
actividades mineras permitidas, así
como los contratos a otorgar en dicha
zona, en su extensión de 11.846, 70 kilómetros cuadrados, a 150 empresas de 30
países diferentes, que represente el 12,2% del territorio nacional, afecta los
frágiles ecosistemas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Decreto
este que por sus consecuencias, no solo violenta los artículos 127 a 129 y 304
y 327 de la Constitución, sino también la normativa internacional ambiental
suscrita por Venezuela, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington, la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la
UNESCO, y el Protocolo relativo a las Áreas, Flora y Fauna Silvestres y el
Convenio para la protección y el Desarrollo del Medio Ambiente en la Región del
Gran Caribe; y el Tratado de Cooperación Amazónica, del 3 de julio de 1978, suscrito Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y
Venezuela, cuyo propósito
es el desarrollo armónico de la Amazonia y lograr un desarrollo integral de sus respectivos
territorios mediante el equilibrio entre el crecimiento económico y la
preservación del medio ambiente. En efecto, la actividad minera en gran escala,
en 22 zonas y en una de minería primaria, construyen serias amenazas de
contaminación con mercurio y cianuro y la deforestación de bosques tropicales,
lo que además impacta la salud y proliferan enfermedades como la malaria. Estos
daños serían irreversibles por su incapacidad de regeneración. Tales son los
daños que internacionalmente se le considera “el quinto crimen perdido contra
la paz”[11],
por no encontrarse previsto expresamente entre los cuatro crímenes
internacionales en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, limitándosele
siempre a situaciones de guerra y a daños intencionales, pero, si los daños son
de tal magnitud, extensos, duraderos y graves, que afectan a poblaciones como
las indígenas y a la mayor reserva de
agua del país, y desproporcionados a sus supuestos fine y ventajas, se alega,
si quienes actúan lo hacen consciente e intencionalmente, de los daños que
provocan , porque por ejemplo, no se
elaboraron antes los estudios ambientales que imponen las leyes nacionales e
internacionales y porque permiten la pequeña minería, o brigadas socialistas,
que utilizan mercurio, podría hablarse
de que tales hechos cabrían en la competencia
de la Corte Penal Internacional, conforme el artículo 30, de su Estatuto[12]. En ese orden de ideas, se ha manifestado el
profesor Alexander Luzardo, proyectista de las normas ambientales de la
Constitución y profesor titular de derecho ambiental y desarrollo sustentable
de la Universidad Central de Venezuela, que ha denominado al Arco Minero del
Orinoco, como “el ecocidio del Siglo XXI”[13].
Recientemente, la
Coordinación de Consejo de Caciques Generales del Pueblo y Comunidades
Indígenas del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, en un Comunicado da la
opinión pública nacional e internacional, ante la acusación que hiciera el General de Reserva Activa Roberto Gonzalez
Cárdenas, en el Programa Dossier
transmitido por el canal nacional Venezolana de Televisión y por el canal
internacional TELESUR, en contra del Pueblo Pemón, calificándolo de promotor de
un movimiento secesionista, además de rechazar tal calificación se denunció al
referido General como cómplice de los grupos armados colombianos de las zonas
con yacimientos auríferos del sur del país, y afirmaron: “Asimismo alertamos al Estado venezolano y al Presidente Nicolás Maduro
sobre la complicidad que mantiene la FANB en la Región con el sistema de
Pranato de dominación[14] que se traduce en paramilitarismo
colombiano que tienen el control de las
zonas con yacimientos auríferos en el Dorado, , 88, Callao, Tumeremo y San
Martin de Turumbang. Y por consecuencia de la misma se han visto una
movilización forzada de las comunidades indígenas violando sus derechos
humanos, y por ende, el silencio ante esta situación lo consideramos TRAICION A
LA PATRIA (sic) por parte de los cuerpos de seguridad de la Nación”.
[1]
https://www.google.co.ve/amp/s/www.lapatilla.com/2018/01/16/contrabando-de-oro-a-gran-escala-desde-venezueña-denuncia-periodista-holandes/amp/.
[2] https://acominero.infoamazonia.org/sttory
[3] http;//arcominerodelorinoci.com/capitulo-01/
[4] Ver Nota 148 sobre la definición de “Pran” y de “Pranato”.
[5] Metal blanco plateado (Ta) de número atómico 73, muy duro y de
apesto semejante al del acero.
[6] O columbio que se emplea principalmente aleado en aceros para
conferirles una alta resistencia, por ejemplo,
en la construcción de turbinas de
aviones y propulsores de cohetes
espaciales.
[7] Mineral conocido como oro azul, que es mezcla de los minerales
columbia y tantalita, que se utiliza para fabricar componentes de los móviles,
smarphones y dispositivos electrónicos, considerado un recurso no renovable
altamente estratégico que al igual que los hidrocarburos no abundan en el
planeta terrestre.
[8] Cuentas clarasdigital.org. , 27 de enero de 2017.
[9] Cuentas clarasdigital.org.
[10] https://www.lapatilla.com/2018/04/27/fedor-linares-el-arco-minero-del-orinoco-fraude-y-cata´strofe/.
[11] Gauger, Anja (29012), “Ecocide is the Missing
5th crime against Peace” (sas-space.sas.ac.uk , Human Rights
Consortium, School of Advanced Study, University of London)
[12] Soler Fernández, Rosel, “El ecocidio:¿crimen internacional?”.
Ieee.es( (Instituto Español de Estudios
Integrales), Documento Opinión, DIEEE0128-2017_Ecocidio_
[13] https://www.larazon.net(2016/07/pro-alenxander-luzardo-el-mal-llamado-ArcoMinero.
[14] Pranato, es un
neologismo, supuestamente de la subcultura delictual colombiana, de un
sistema dominación de una prisión dirigida un líder carcelario, que
controla la población de reclusos y que llega hasta administrar la
prisión. Y que ha llegado hasta surgir
fuera de las cárceles en los barrios como una organización de pandilleros bajo
el control de un líder o “pran” que
acumula el dominio de la población. Palabra que se construye bajo la idea de
padre, padrino, profeta, maestro, ( “El Pran: ¿Símbolo o significado”, Prensa OVV Mérida),
(htptps://observatoriodeviolencia.org.ve/el-pran-simbolo-o-significado/)
